Los 27 ciudadanos vascos procesados en el sumario contra el movimiento pro amnistía declararon durante toda la jornada de ayer en el recinto habilitado en la madrileña Casa de Campo por la Audiencia Nacional, y todos ellos anunciaron su renuncia a la defensa jurídica al argumentar la falta de «legitimidad» para ser juzgados por dicho tribunal especial. En su opinión, la sentencia está «escrita» y resaltaron que por eso no iban a seguir participando en lo que consideraron una «farsa».

La vista oral se reanudará el próximo lunes ya que la toma de declaración de los imputados se agilizó al no responder ninguno de ellos a las acusaciones ejercidas por la Fiscalía y la AVT. Está por ver de qué manera afectará a los plazos previstos para el juicio la postura de los procesados, ya que en un principio la Audiencia Nacional había previsto que se desarrollara hasta el mes de julio.

La semana que viene declararán los testigos solicitados por el fiscal y la AVT y los procesados indicaron que acudirán a las vistas, pese a que piensan permanecer en silencio. Por su parte, la defensa señaló que sólo citará a una veintena de personas de las 270 que se habían propuesto inicialmente, en cumplimiento de la voluntad expresada por los procesados, según manifestó la abogada Amaia Izko al término de las comparecencias. La lista de testigos que presentarán se comunicará por escrito a la Sala y se espera conocer hoy.

«Imparcialidad a kilómetros»

La primera sesión del juicio contra Gestoras pro Amnistía y Askatasuna estaba señalada para las 10.00, pero comenzó con veinte minutos de retraso por la tardanza de los jueces en presentarse en la Sala. Todos los procesados, salvo Maite Díaz de Heredia, que se encuentra pre-sa tras el operativo de Segura contra Batasuna y que fue trasladada en un furgón policial por la Guardia Civil desde la cárcel de Soto del Real, accedieron a la Casa de Campo media hora antes tras pasar por delante de un amplio despliegue de medios de comunicación que aguardaban su llegada.

Un representante de la ultraderecha española asiduo a los macrosumarios contra la izquierda abertzale trató de buscar su minuto de gloria ante las cámaras situándose detrás de los imputados, sin que éstos le hicieran el más mínimo caso.

El primero en tomar la palabra fue Juan Mari Olano, aunque en un principio el tribunal hizo levantarse a Gotzon Amaro para mandarle sentar acto seguido. Al igual que el resto de procesados, el zaldibiarra se negó a responder a las preguntas del fiscal, Carlos Bautista, así como a las de la acusación popular que ejerce la AVT. Tan sólo contestó a las preguntas de su abogada, Ainhoa Baglietto, y explicó que la Audiencia Nacional «está a miles de kilómetros de la imparcialidad» y que «la sentencia está escrita porque la instrucción se ha desarrollado con un objetivo político».

Olano añadió que no espera «ningún tipo de justicia» en la Audiencia Nacional y señaló que, aunque cree que les van a «condenar», no podrán juzgarles porque eso sólo lo podrá hacer Euskal Herria. Al igual que hicieron después todos los procesados, recordó que la actividad de Gestoras pro-Amnistía y Askatasuna eran públicas y que se fundamentaban en denunciar la represión y en impulsar la solidaridad con los presos.

En ese sentido, Julen Larrinaga señaló en su alocución y en posteriores declaraciones ante la prensa que «los derechos civiles y políticos no pueden ser fiscalizados nunca en este tribunal -en referencia a la Audiencia Nacional-, porque consideramos que es parte interesada en un esquema de negación de salidas políticas y democráticas a la resolución del conflicto».

Larrinaga insistió en que los procesados «no le otorgamos ningún tipo de legitimidad» para ser juzgados por el tribunal especial y resaltó que el «problema» no es la «legalidad» de Gestoras o Askatasuna, sino la «ilegalidad» de la represión contra Euskal Herria.

Manifiesto de los procesados

En el mismo instante en el que daba inicio el juicio en la Casa de Campo, los procesados hicieron público a través de la página web www.askatu.org un manifiesto en el que explicaban su postura ante el juicio. En el texto señalaban, como hicieron ante el tribunal especial, que ellos son «la consecuencia directa de la existencia de un colectivo de miles de represaliados políticos en nuestro pueblo» y que «eso y no otra cosa es lo que quieren juzgar, condenar, prohibir y encarcelar».

«El Gobierno español, y del mismo modo el francés, sabe que tiene un grave problema con el conjunto de represaliados que él mismo ha originado porque reconocer políticamente la existencia de ese colectivo es reconocer el uso de la represión. Por ello, es vital negar la existencia de represaliados», explica el comunicado.

Informan también de que han renunciado a defenderse en términos de «juicio clásico», lo que supone que se negarán durante todo el proceso a aportar pruebas, discutir informes y, en suma, «a participar en una farsa judicial que otorgue algún tipo de credibilidad democrática a dicho tribunal».

«Quieren hacer invisible la represión, quieren total impunidad para aseguir reprimiendo otros 30 años. Los miles de represaliados de este pueblo seremos los primeros en no permitirlo», finaliza el manifiesto.

«No juzgamos ideologías»

Los imputados fueron explicando uno a uno en las sesiones de mañana y tarde las razones que les llevaron a involucrarse en el movimiento pro amnistía. Se mostraron «orgullosos» del trabajo realizado y dieron testimonio del sufrimiento que han generado en Euskal Herria las «políticas represivas» de los estados español y francés en los últimos 30 años, como la dispersión de los presos políticos y la repercusión en sus familias, las pésimas condiciones de vida en las cárceles, la tortura, la guerra sucia, la violencia policial y demás.

Josu Beaumont aportó cifras concretas de la represión al tribunal, como las 7.000 denuncias de torturas realizadas o las muertes de ciudadanos vascos a manos de las FSE o víctimas de la guerra sucia, y señaló que la «historia de mi pueblo está llena de violencia» y el movimiento pro amnistía «lucha por acabar con todo esto».

Juan Antonio Madariaga, por su parte, recordó los motivos por los que se formó la asociación de familiares de presos Senideak y destacó que «ningún padre ni madre está a favor de que le apliquen la incomunicación a su hijo, de que le lleven encarcelado fuera y que le apliquen el aislamiento», por lo que «nos obligaron a unirnos para hacer frente a esta lacra».

Julen Arzuaga, por su parte, explicó que es abogado y miembro de Behatokia, un organismo que da a conocer en el «ámbito internacional» las vulneraciones de derechos que se producen en Euskal Herria.

Los jueces asistieron sin levantar la voz en ningún momento a las declaraciones de todos los imputados, en clara con- traposición con las actitudes mantenidas en el sumario 18/98 o en el «caso Jarrai-Haika-Segi». Sin embargo, tras comparecer el último de los procesados, Asier Birunbrales, la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, tomó la palabra para responder a la denuncia política del juicio y de la imparcialidad del tribunal.

Según indicó la magistrada, «no se está enjuiciando a la Audiencia Nacional, frente a lo que han venido manifestando. No juzgamos ideologías, sino actividades delictivas».

La actuación del fiscal, en cambio, dejó en evidencia que no había ninguna imputación concreta contra los procesados al realizar las mismas 35 preguntas a todos ellos.