La noticia de la liberación de los 26 tripulantes del atunero Playa de Bakio llegó a media tarde de ayer. María Teresa Fernández de la Vega, en nombre del Gobierno español, y Gonzalo Saenz de Samaniego, en representación del Ejecutivo de Lakua, confirmaron que todos se encontraban en buen estado y que ninguno había necesitado atención médica. Nada más ser liberado, el pesquero secuestrado comenzó a navegar en dirección a la ciudad de Victoria, capital de Seychelles, escoltado por la fragata española Méndez Núñez.

De la Vega no quiso precisar si se ha pagado o no rescate, y se limitó a decir que «se ha llegado a la liberación como resultado de una acción coordinada y conjunta del Gobierno, del armador y de la diplomacia».

«Han sido todas las actuaciones propias de la diplomacia las que han determinado este final feliz. Esto es todo lo que debo y puedo decir», afirmó. Además, anunció que «se han comenzado a asentar las bases para que no vuelva a repetirse una situación semejante, porque la piratería en el mar debe ser perseguida con más rigor».

Por su parte, el consejero vasco de Agricultura informó de que el barco había sido desvalijado. «Hasta el momento, el Ejecutivo no ha podido hablar con miembros de la tripulación. Han robado prácticamente todos los elementos electrónicos y hay problemas de comunicación con el barco», indicó.

No obstante, precisó que sí han tenido «una constancia y una información al minuto de todo el proceso de negociación, que lo ha llevado de forma única y exclusiva el armador. En los últimos días hemos tenido un contacto intenso con él», añadió Saenz de Samaniego, quien reconoció que «fruto de estas negociaciones se ha dado un desenlace feliz».

El consejero vasco coincidió con Fernández de la Vega en que «a partir de ahora lo que hay que hacer es garantizar la seguridad de toda la actividad pesquera en aguas internacionales, que es el gran fallo que ha sucedido en esta situación».

«Lo que sí tenemos muy claro -declaró Saenz de Samaniego-, es que para nada podemos renunciar a pescar con toda la legalidad del mundo con los máximos cumplimientos de sostenibilidad que está realizando nuestra flota en aquellos caladeros, que son muy importantes». Por medio de un comunicado oficial, el Gobierno de Lakua pidió que se lleve a cabo un control en aguas libres por parte de «los organismos internacionales correspondientes», y que «comiencen a aplicarse las resoluciones que fueron aprobadas por amplia mayoría».

Mediación del Ejército español

Desde el momento en que se conoció el secuestro del atunero congelador con base en Bermeo, el Gobierno español inició negociaciones para tratar de llegar a un acuerdo con ellos. El segundo jefe del Estado Mayor de la Defensa coordinó las gestiones que realizaban los ministerios de Asuntos Exteriores, Defensa y Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, mientras la embajada española en Kenia realizó contactos con las autoridades de la zona. También creó una célula de seguimiento presidida por el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Félix Sanz Roldán, y militares españoles y de la OTAN intercambiaron información de forma permanente.

Además, el Gobierno de Zapatero logró «colaboración técnica» de EEUU y del Estado francés. El pasado viernes, María Teresa Fernández de la Vega reconoció que estaban trabajando «en todos los terrenos y con todos los recursos» para resolver «cuanto antes» la situación creada por el secuestro.