Las mujeres que solicitaron darse de baja de la Iglesia que dirige Joseph Ratzinger trabajan en la redacción de los recursos ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) para que se suprima su inscripción en el libro bautismal de la parroquia donde aparece su nombre. Se trata de un paso más en la firme voluntad de algo más de cuatrocientas vizcainas de darse de baja de una institución religiosa a la que tachan de «machista, patriarcal, homófoba, clasista y antidemocrática».

La campaña de la Asamblea de Mujeres de Bizkaia se inició en febrero pasado y a media- dos de marzo entregaron en el Obispado de Bilbo 452 peticiones de apostasía. Semanas después, conocieron que las autoridades católicas rechazaban sus solicitudes, aduciendo diferentes contestaciones aunque con un factor común: no efectuar una inscripción en la hoja correspondiente del libro de bautismo y menos borrar las inscripciones.

La declaración de apostasía es el único medio que la Iglesia católica, en principio, reconoce para que una persona bautiza-da deje de pertenecer a ella de forma voluntaria, ya que el hecho de apartarse de la práctica religiosa en ausencia de una manifestación formal de abandono no comporta para la Iglesia ninguna situación especial.

En su práctica habitual, hasta una resolución de la Agencia Española de Protección de Datos de julio de 2007, se negaba o ponía trabas a la aceptación de las declaraciones de apostasía.

En las últimas semanas, des-de diferentes sectores se viene demandando al Gobierno español una nueva Ley de Libertad Religiosa que obligue a borrar todos los datos de las personas apóstatas, ya que la reciente reforma de esta ley no ha abordado esta cuestión y la filiación de los apóstatas se mantiene en los archivos eclesiales. Así, apuestan por una legislación que garantice la libertad de conciencia de todas las personas, no sólo de aquellas que profesen una creencia religiosa.

Los recursos de las apóstatas vizcainas ante la AEPD se producirá en las próximas semanas. Esta entidad ha dado la razón a otros casos similares, al igual que ha sucedido con los recursos judiciales presentados ante la Audiencia Nacional española. Los magistrados han resuelto que se debe suprimir la inscripción del solicitante del libro de bautismo.

La Conferencia Episcopal Española ha recurrido el fallo judicial ante el Tribunal Supremo español, que debe pronunciarse sobre la cuestión mientras las autoridades de la Iglesia desarrollan una campaña en defensa de sus intereses.