El informe realizado, a instancias del Gobierno de Colombia, por Interpol que analizó los ordenadores y soportes informáticos que el Ejército colombiano dijo haberse incautado del campamento levantado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la zona de Angostura, en la selva amazónica de Ecuador, contradice algunas de las afirmaciones realizadas por el secretario general de la Policía Internacional, Ronald Kenneth Noble, que aseguró que el material decomisado no sufrió modificación alguna. El Gobierno de Ecuador lo ha denunciado esta misma semana. Telesur ya lo había hecho nada más hacerse público el informe.

El bombardeo del campamento de las FARC, el 1 de marzo, mató a 26 personas, entre las que se encontraba el número dos de la guerrilla, Raúl Reyes, a quien las autoridades colombianas atribuyen la propiedad del material informático que, según el Gobierno de Colombia resistió al ataque y ha sido presentado como prueba para tratar de evidenciar, entre otras cuestiones, la relación de los ejecutivos de Ecuador y Venezuela con las FARC, vinculación que ambos gobiernos han negado.

Alteraciones

El 15 de mayo, Ronald Kenneth Noble compareció ante los medios de comunicación para señalar que el equipo policial de expertos no descubrió ninguna evidencia de modificación. «No hubo ninguna alteración, adición o borrado» en ninguno de los tres ordenadores portátiles, las tres unidades de memoria USB y los dos discos externos incautados, señaló.

En el informe de Interpol, no obstante, se asegura, en su conclusión nº2b, que el acceso a los datos contenidos en las citadas pruebas entre los días 1, fecha del decomiso, y 3 de marzo, cuando fueron entregadas al Grupo de Investigación de Delitos Informáticos de la Dirección de Investigación Criminal (DIJIN) de Colombia, «no se ajustó a los principios reconocidos internacionalmente para el tratamiento de pruebas electrónicas por parte de los organismos encargados de la aplicación de la ley». Añade que «un funcionario de la unidad antiterrorista», según lo manifestado por las autoridades colombianas, accedió directamente a los archivos pero sin hacer previamente, como marca la ley, «una copia imagen de los datos, para que el acceso al material y su visualización queden registrados», y sin emplearse dispositivos de bloqueo de escritura.

Pero la cuestión no queda ahí. El informe de Interpol detalla, prueba a prueba, el número de archivos creados, abiertos, modificados y suprimidos el 1 de marzo de 2008 o en fechas posteriores en cada una de las ocho pruebas analizadas. En total, se crearon 7.006 archivos; 27.901 fueron abiertos; se modificaron 9.381, y se suprimieron 2.905 archivos. A pesar de constatar todas estas manipulaciones, Interpol señala, en clara contradic- ción con esa relación, que «no ha encontrado indicios de que, tras la incautación a las FARC de las ocho pruebas instrumentales de carácter informático, efectuada el 1 de marzo de 2008 por las autoridades colombianas, se hayan creado, modificado o suprimido archivos de usuario en ninguna de dichas pruebas». Para ello se basa en que las fechas pueden ser manipuladas.

Origen dudoso

También en la rueda de prensa ofrecida en Colombia, Ronald Kenneth Noble, preguntado si podía precisar a quién pertenecían esos equipos, indicó que «estamos completamente seguros de que las evidencias computacionales que examinaron nuestros expertos vinieron de un campamento de las FARC, así que pertenecían a la organización FARC y a sus miembros». Aunque en su primera respuesta no afirmó que fueran propiedad de Raúl Reyes, ante la insistencia de un periodista de Telesur se aventuró en señalar a Reyes: «ya está muerto, pero definitivamente eran sus computadoras, sus discos, estos equipos físicos; él es el represen- tante de las FARC y es responsable de sus contenidos».

Sin embargo, el informe señala textualmente que «la verificación realizada por Interpol de las ocho pruebas instrumentales citadas no implica la validación de la exactitud de los archivos de usuario que contienen, de la interpretación que cualquier país pueda hacer de dichos archivos, ni de su origen», aunque Noble asegurara que procedían de un campamento de las FARC, que es lo que afirma el Gobierno de Colombia.

«No son verdaderas»

Ante estas manifiestas contradicciones y tras su estudio detallado, esta misma semana, el ministro ecuatoriano de Seguridad Interna y Externa, Gustavo Larrea, aseguró que sí se advierten cambios efectuados entre el 1 y el 3 de marzo, cuando el material estaba en manos de las autoridades colombianas.

«Esas computadoras, siempre hemos dicho, no son verdaderas (...) Hoy nos da la razón la propia Interpol», subrayó.