La familia de Eluana Englaro puede por fin realizar ese duelo que quedó en el aire hace 17 años, cuando un grave accidente de coche la dejó en coma irreversible. Durante 17 años, su familia ha luchado por darle una muerte digna. Desde luego, no lo han tenido fácil, ni antes ni ahora. Al dolor inmenso de ver a un ser querido en esa situación se añade el largo recorrido judicial para cumplir la voluntad de Eluana y la actitud, incalificable, de Silvio Berlusconi, su Gobierno y el Vaticano. El primer ministro llegó a decir que «podría incluso hipotéticamente tener un hijo» y que su estado era «reversible», cuando los médicos lo descartaron categóricamente al año de estar postrada en una cama. El «ministro» de Sanidad del Vaticano, el cardenal mexicano Javier Lozano Barragán, tampoco se ha quedado corto al tildar de «abominable asesinato» la desconexión de la sonda y «rogar a Dios que perdone a quien lo ha hecho».

Su padre había invitado a Berlusconi y a quienes han puesto el grito en el cielo por querer que su hija muriese con dignidad a que la visitaran y comprobasen por sí mismos su estado. Los únicos que lo hicieron fueron los inspectores del Gobierno, que, hasta el último momento, ha movido todos sus resortes para impedir que se corte esta larga y pesada cadena de sufrimiento. Berlusconi no ha tenido reparos en aprobar un decreto ley que prohíbe la suspensión de la alimentación e hidratación, en enfrentarse al presidente, Giorgio Napolitano, opuesto a esta norma sacada de la manga con el apoyo del Consejo de Ministros, y en amenazar con convocar un referéndum invocando la «omisión de socorro» a una persona.

Eluana, sin quererlo, ha dejado en evidencia la doble o triple moral de un gobernante que no vaciló en mandar sus tropas a Irak para matar y causar destrucción, o que ahora quiere obligar a los médicos a denunciar a los inmigrantes «sin papeles». Y de esa jerarquía eclesiástica que pide «piedad» para Eluana y calla cuando su aplaudido primer ministro quiere cerrar las puertas de los hospitales y, por tanto, quitar la asistencia médica a miles de personas por el hecho de ser inmigrantes.