Los peajes de la A-8 son una materia sensible y el PP está decidido a sacar partido de ello. Por este motivo, acudió a los tribunales para que se pronunciasen sobre el sistema foral de financiación de las infraestructuras viarias en Bizkaia. Tanto el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) como el Supremo español han dictado sentencias que anulan la normativa reguladora del canon de la autopista, pero sus usuarios tan sólo conocen del rifirrafe entre PNV y PP, nada de los cientos de millones que se estima que la Diputación debiera devolver a los afectados tras la pertinente reclamación.

Seis meses después de que el PP anunciase la retirada de los recursos que mantenía en el TS a raíz de alcanzar un acuerdo con los jeltzales, su portavoz en las Juntas Generales, Carlos Olazabal, anunció ayer que va a retomar los trámites para la ejecución de las sentencias, la última de ellas dictada por el TSJPV. En una resolución de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del 27 de julio, se insiste en la nulidad de la norma foral de 2007 que trataba de dar «seguridad jurídica» a un primer revés en 2006, que desestimó la legalidad de otra normativa de 2002.

Es la segunda vez que el TSJPV anula una norma en esta materia, esta vez siguiendo las tesis avaladas por el Supremo español en otro fallo en enero pasado, diez días después de un pacto PNV-PP para retirar los recursos. Al conocer la sentencia del TS, en abril, Olazabal dijo que «este problema -en referencia a la repercusión del fallo y se ejecución- queda superado gracias al acuerdo logrado en la ponencia» de carreteras.

Los magistrados justifican que el peaje sirva para financiar el mantenimiento de la autopista, pero no para sufragar la construcción de otras nuevas; es el caso de la Su- persur. A la Diputación vizcaina le queda la vía del recurso de casación ante el TS, y los antecedentes del fallo de hace unos meses respecto a una primera norma de 2002 no son nada halagüeños.

Consciente de la repercusión social de la noticia, Carlos Olazabal ofreció ayer una rueda de prensa para explicar la razón por la que rompen el pacto con los jeltzales, que contemplaba una inversión de 3.750 millones de euros en proyectos viarios que se ejecutarían entre 2011 y 2015. El apoderado del PP dijo entonces que lo hacían «por responsabilidad; lo importante es salir de la crisis».

«El PNV no ha materializado en nada el plan de inversiones y no ha realizado ningún planteamiento de cómo hacerlo», dijo para justificar su posición. Además, consideró que la Diputación vizcaina, en vez de modificar la norma foral que regula el canon de la A-8, debía haber presentado una nueva normativa de carreteras como se hizo en Araba y Gipuzkoa. tachando el actual peaje de «sobreimpuesto».

Un anticipo a lo ahora expuesto por el PP se escenificó en junio en un pleno de la Cámara vizcaina, donde se enzarzaron con los jeltzales sobre la legalidad de devolver alrededor de 170 millones de euros que se estima que se recaudaron entre 2003 y 2007 por peajes en el tramo de la autopista entre Zaldibar y Usansolo.

La Diputación no habla

Fuentes de la Diputación vizcaina dijeron ayer que «por el momento» no tenían intención de pronunciarse tanto acerca de la nueva sentencia del TSJPV como sobre el anuncio de ruptura del pacto de financiación de carreteras. Hoy, en el Pleno de la Casa de Juntas de Gernika, a buen seguro de que el diputado general, José Luis Bilbao, responde al partido que lidera Antonio Basagoiti.

Gernika puede ser, de nuevo, el escenario de otro enfrentamiento entre jeltzales y PP, con el horizonte de la negociación presupuestaria para 2010, la política fiscal y la crisis económica en el debate.

Quien se pronunció ayer fue la izquierda abertzale que, tras calificar de «teatrillo» el cruce de declaraciones entre PNV y PP en los últimos meses, se reafirmó en la ilegalidad del peaje y anunció iniciativas en las distintas instituciones de Bizkaia para que se devuelva el dinero a los conductores. «Denunciamos que se intenten evadir las respon- sabilidades políticas y que se negocien los derechos de los usuarios que han pagado y siguen pagando algo que no debían haber pagado», manifestaron.

La juntera Begoñe Agirre señaló que el Plan de Accesibilidad de 2003 «fue un fraude» ya que su único objetivo era justificar la construcción de la Supersur y su financiación a través del peaje de la A-8. «Una infraestructura amortizada ya hace años y, por tanto, sólo podría justificarse el mantenimiento del peaje por razones de impulso del transporte público o recuperación de los coste medioambientales, algo que a día de hoy no ocurre», afirmó.

La apoderada recordó que el plan foral incumplía, entre otras, una recomendación del Libro Blanco del Transporte Europeo, «donde se dice expresamente que una infraestructura viaria no debe utilizarse para la financiación de otra». Asimismo, Begoña Agirre subrayó que la construcción de la Variante Sur Metropolitana sigue sin estar justificada, «dados sus altos costes económicos, los severos impactos medioambientales, las dudas sobre su futura utilización y su más que manifiesta imposibilidad de financiación». Por ello, animaron a los usuarios de la autopista -la más utilizada del país- a reclamar «todo lo que se les ha cobrado ilegal e injustamente».

De la misma opinión son, por ejemplo, los miembros de Automovilistas Europeos Asociados, que reclaman a las diputaciones de Bizkaia y Gipuzkoa que devuelvan los millones de euros que han obtenido a través del peaje o del redondeo, en el caso de la segunda institución.