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El Comité contra la Tortura de la ONU debate sobre la actuación del Estado español

El Comité contra la Tortura de la ONU preguntará entre hoy y mañana al Estado español sobre el cumplimiento de las recomendaciones efectuadas por este organismo para prevenir la tortura.
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GARA | GINEBRA

El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas está debatiendo sobre la actuación del Estado español en este tema. Durante las dos sesiones celebradas hasta el momento, los días 4 y 11 de noviembre, varios organismos que trabajan a favor de los derechos humanos como Behatokia, Amnistía Internacional o la Comisión Internacional de Juristas han intervenido mostrando su preocupación sobre los casos de tortura y malos tratos.

La delegación de Behatokia compuesta por los abogados Julen Arzuaga e Iratxe Urizar denunció «la más absoluta inmovilidad» del Estado español en esta materia por la suspensión de derechos en base a la «lucha contra ETA». Arzuaga citó como ejemplo la defensa de la detención incomunicada que realizaron PSE y PP en un debate en el Parlamento de Gasteiz.

Por su parte, Urizar se refirió a la negativa de los tribunales españoles a investigar las denuncias de tortura, así como a la validez que se da en el proceso judicial a las declaraciones realizadas por los detenidos en régimen de incomunicación.

Delegación española

Entre hoy y mañana una delegación española compuesta por el embajador ante la ONU en Ginebra, Javier Garriagues, y representantes de varios ministerios responderán a las preguntas planteadas por el Comité contra la Tortura sobre las recomendaciones efectuadas por este organismo y las medidas adoptadas.

Entre las cuestiones planteadas por escrito se encuentran si han instalado cámaras de grabación en todas las comisarías, si se sigue manteniendo el régimen de incomunicación para los detenidos y si su número ha aumentado o disminuido. También le preocupa la dispersión de los presos vascos y la huelga de hambre de Iñaki de Juana.

BEHATOKIA

Una delegación de Behatokia tomó la palabra ante la ONU y denunció la incomunicación y la falta de investigación de los casos de tortura en el Estado español.

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