El Senado de Estados Unidos dio en la madrugada de ayer un nuevo paso adelante para aprobar la reforma sanitaria, el plan estrella del presidente Barack Obama. Con 60 votos a favor y 40 en contra, los senadores aprobaron el fin de los debates sobre el texto que contiene el «compromiso» negociado en las últimas semanas en el seno de la mayoría demócrata.

Esta primera votación, que se llevó a cabo a la una de la noche y en medio de una intensa tormenta de nieve, muestra que el jefe de la mayoría demócrata en la Cámara Alta, Herry Reid, dispone de los 60 votos necesarios para la adopción del proyecto de ley -el Senado cuenta con 58 senadores demócratas, dos independientes y 40 republicanos-. Aún faltan otras dos votaciones de procedimiento antes del pronunciamiento final del pleno, programado para el jueves a las 19.00 hora local.

Hasta el sábado no estuvo claro si los demócratas podrían contar con los 60 votos, ya que uno de sus senadores, Ben Nelson, de Nebraska, exigía más restricciones al aborto. Tras largas sesiones necogiadoras, anunció su apoyo. A cambio, logró fondos adicionales para su estado y que el proyecto de ley especifique que no podrán usarse fondos federales para costear las interrupciones de embarazo.

Ni un solo senador republicano votó a favor. Aunque admitieron que, de momento, no tienen fuerza para detenerlo, advirtieron que los demócratas pagarían un precio en las elecciones legislativas de noviembre de 2010.

«Un sistema sanitario burocrático administrado por el Gobierno desde arriba y que costará cerca de un billón de dólares no es lo que el pueblo estadounidense quiere», declaró el presidente del Comité Nacional Republicano, Michael Steele.

Cambios en el texto original

En respuesta, el presidente del Comité de Salud del Senado, Tom Harkin, subrayó que «se ha superado el obstruccionismo republicano y se ha despejado la vía para aprobar una reforma sanitaria exhaustiva que dará a todos los estadounidenses los cuidados médicos asequibles que necesitan y merecen».

La versión definitiva de la Cámara Alta propone dar cobertura médica a 31 de los 36 millones de estadounidenses que no la tienen, hacer bajar los costes de la salud y mejorar la calidad de la atención sanitaria.

Pero ha eliminado la creación de un seguro sanitario público que compitiera con el sector privado. Asimismo, las aseguradoras privadas podrán ofrecer planes de cobertura en todo el país, en lugar de estar sometidas a las regulaciones de cada estado. Eso sí, no podrán rechazar dar cobertura a quienes padezcan ya enfermedades. Esta prohibición tendría efecto inmediato para los niños y se extendería a toda la población para 2014. Los inmigrantes que no tengan la documentación exigida por el Gobierno no podrán acogerse a los beneficios de esta reforma.

Según el borrador elaborado por el Comité de Salud del Senado, será financiada con la reducción de gastos innecesarios, con la introducción de un sistema de registro electrónico de los pacientes y con la disminución de los pagos que reciben los hospitales por tratar en la sala de urgencias a pacientes sin seguro.

Por cuenta propia

En la actualidad, es responsabilidad de los ciudadanos asegurarse la cobertura médica. Muchos la consiguen a través de quienes les contratan laboralmente mientras que otros suscriben seguros privados. En ese caso, los asegurados pagan una cuota, aunque a veces también deben sufragar parte de los tratamientos. Además, las primas de los seguros que proveen los empleadores han aumentado cuatro veces más rápido que los salarios y ahora son el doble de caras que hace nueve años.

El punto más importante de la reforma que en su día prometió el presidente Barack Obama era precisamente la creación de un sistema público que evitara este tipo de situaciones. Pero, las presiones, incluso en el campo demócrata, han sido más fuertes que las buenas intenciones.

Aunque el propio Obama aseguró que el voto en el Senado «nos aproxima a la aprobación de una medida que marcará una diferencia tremenda» y de que la Casa Blanca defendiera este proyecto sustancialmente rebajado, ayer ya se pudieron escuchar las primeras críticas.

El presidente de la Unión Internacional de Empleados de Servicios, Andy Stern, rechazó el proyecto de ley por considerar que se queda corto. «Aquí se trata de si la gente puede pagarse el seguro de salud, no de Ben Nelson haciendo acuerdos. Se trata del pueblo estadounidense», remarcó en alusión al renuente senador de Nebraska, que finalmente dio a los demócratas el último voto que precisaban para aprobar la norma. «Estoy tan decepcionado como cualquiera», incidió.

La comunidad de inmigrantes latinoamericanos también ha expresado su preocupación porque muchos corren el riesgo de quedar fuera. Por ello, han pedido la eliminación de la cláusula de la ley que establece que aquellos inmigrantes que obtienen su visa permanente deben esperar cinco años para poder ser incluidos en los programas públicos Medicare y Medicaid.

En declaraciones a BBC Mundo, Jennifer Ng'andu, directora de política de salud del Consejo Nacional de La Raza, recordó que «uno de cada tres latinos en Estados Unidos no tiene acceso a servicios de salud».