Greenpeace y Ecologistas en Acción presentaron ayer una demanda contra la continuidad de la central nuclear de Garoña, por entender que la orden ministerial que «regaló» cuatro años más de vida a esta central y establece su cierre en 2013 es «nula de pleno derecho». Por lo tanto, consideran que Garoña debe ser cerrada, al no disponer de autorización legal para su funcionamiento.

Según estas organizaciones, Garoña ha funcionado desde su inicio sin haber obtenido nunca licencia de actividad o licencia ambiental, y tampoco la ha obtenido con ocasión del proceso de solicitud de prórroga que se dirimió el año pasado.

Además, afirman que se ha vulnerado la legislación vigente, ya que la solicitud de prórroga de Garoña no se ha sometido a Evaluación de Impacto Ambiental ni la central ha obtenido la preceptiva licencia ambiental.

Entre otras vulneraciones más, constatan que no dispone de una autorización legal de vertido y de suministro de agua.