ELA presentó ayer los resultados de un análisis de la situación laboral de 32 ayuntamientos y que muestran que hay una pérdida en la calidad de los servicios públicos ante el aumento de la precariedad, ya que el 40% del personal lo hace con contratos precarios. A la vez, se ve que existe una creciente subcontratación de empresas y servicios que supone que «el 50% de los trabajadores que realizan tareas correspondientes a las administraciones públicas pertenecen a subcontratas», según denunciaron en Bilbo Juan Carlos Polo, responsable de ELA en la Administración local, Verónica Gorritxo y José Ramón Lasa.

A juicio de ELA, este deterioro traspasa las condiciones laborales, ya que los ayuntamientos adoptan el camino de la precarización y de la subcontratación para «ahorrarse un 30% de los salarios de los trabajadores. Hacen negocio de la precariedad, quienes deben estar, en teoría, al servicio de los ciudadanos».

La central sindical ha analizado 32 ayuntamientos de la CAV, que en conjunto cuentan con 11.175 trabajadores propios y subcontratan otros 9.162 empleados. Existen 478 contratas. José Ramón Lasa explicó que «los ayuntamientos de la CAV abusan de la contratación temporal, ya que alrededor del 40% del personal que trabaja en el ámbito de la Administración local (ayuntamientos y entidades locales) lo hacen con contratos precarios, y además el 30% de los contratos son contratos fraudulentos que conllevarían su conversión en indefinidos».

Para Lasa, este trabajo que presentó ayer ELA parte de un análisis desde hace años y «se demuestra que han tomado la decisión política de deteriorar el empleo público».

«Administración paralela»

Juan Carlos Polo señaló que el incremento de la subcontratación supone que «las administraciones municipales han creado una administración paralela, eso sí, en peores condiciones en materia de retribución y condiciones laborales, ya que una parte importante de los fondos públicos terminan en manos privadas, que son meros intermediarios de la mano de obra».

El estudio sindical muestra que el 50% de los trabajadores que realizan tareas correspondientes a las administraciones públicas pertenecen a empresas privadas. Así detalló que el Ayuntamiento de Bilbo, con una plantilla de 2.300 trabajadores, cuenta con otros 2.451 subcontratados; el de Gasteiz, con 2.841 trabajadores y otros 1.832 subcontratados; el de Barakaldo, tiene 678 empleados y 840 subcontratados; o el de Getxo que con 505 empelados en plantilla, cuenta con otros 513 subcontratados. «Lo que están haciendo es vaciar de servicios a las administraciones para ceder negocio a las empresas privadas». De hecho, pusieron el ejemplo de la residencia de Bermeo donde el juzgado ha determinado una «cesión ilegal de 17 trabajadoras», que realizan el mismo trabajo que otras 15, pero una sentencia obliga al Ayuntamiento a indemnizarles con 250.000 euros en concepto de diferencia salarial y en esa cantidad no se han incluido las cotizaciones sociales.

Verónica Gorritxo denunció la subcontratación en Getxo «que va a subcontratar la gestión de multas, pero con el objetivo de que pongan más multas, porque cuantas más pongan más recaudan y la empresa obtiene más beneficio, no las trabajadoras».