MOVILIZACIÓN EN BILBO
«La defensa de los derechos básicos, es hoy más importante que nunca; habrá manifestación en Bilbao»
Una amplia representación de los agentes políticos, sociales y sindicales que convocaron la manifestación bajo el lema «Todos los derechos para todas las personas en Euskal Herria», prohibida ayer al mediodía por la Audiencia Nacional española, realizó pocas horas después, por boca de Rafa Larreina, un llamamiento «con fuerzas renovadas» a la ciudadanía vasca para que marche mañana por las calles de Bilbo «a favor de los derechos humanos, civiles y políticos».
Agustín GOIKOETXEA |
«El derecho de manifestarse, el compromiso de 42 partidos y organizaciones, y de 150 personas de distintas opciones, no pueden ser silenciados y va a seguir adelante. Es un derecho democrático que es inconcebible que no se permita», manifestó Rafa Larreina, en nombre de los convocantes de la marcha pro- hibida poco horas antes por el juez Ismael Moreno.
El representante de Eusko Alkartasuna, que ejerció de portavoz de los reunidos en el salón de actos del Colegio de Abogados de Bizkaia junto a la sindicalista de STEE-EILAS Arantza Fernández de Garaialde, explicó que, tras recibir la notificación de la prohibición del tribunal especial español, iban a efectuar los trámites legales «oportunos» para asegurar que haya una movilización «a favor de los derechos humanos, civiles y políticos». «Lo importante -insistió Larreina, a preguntas de los periodistas- es que va a haber esta manifestación» y, por ello, invitó «al conjunto de la ciudadanía de Euskal Herria para que se implique de forma directa en la defensa de estos principios que son básicos en democracia y que son, además, importantes en este momento concreto de la historia de nuestro país».
Las palabras del ex parlamentario autonómico en Gasteiz sirvieron de colofón a la comparecencia de alrededor de un centenar de personas -en representación de los 42 agentes políticos, sociales y sindicales, además de ciudadanos a título individual- que valoraron la prohi- bición de la Audiencia Nacional de la movilización que el 11 de junio convocaron en ese mismo escenario y que ratificaron el 4 de setiembre en otra concurrida rueda de prensa en el Kafe Antzokia de Bilbo.
Ante la decisión del titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 del tribunal especial, subrayaron con firmeza que «los derechos que reivindicamos quienes formamos parte de Adierazi EH! son inalienables y nos corresponden a todos y todas, por lo que no pueden ser negados ni prohibidos». Fernández de Garaialde, en euskara y castellano, resaltó que la resolución judicial «supone prohibir la defensa de los derechos civiles y políticos e incluso la defensa del derecho a la vida».
Tampoco pasaron por alto los convocantes que el origen de la prohibición partiera del Ejecutivo de Lakua, en concreto del Departamento de Interior, lo que consideraron «sumamente grave y especialmente denunciable. Utilizando una vez más la Audiencia Nacional española -remarcaron- como instrumento, están llevando a cabo una oscura operación de caza de brujas y macarthysmo».
Razones para la marcha
En el comunicado leído ante numerosos medios de comunicación que acudieron a la cita, se incidió en que el intento mismo de la movilización ayer prohibida por el tribunal especial español «demuestra que la defensa de los derechos básicos es más importante que nunca en estos momentos». Por ello, realizaron un llamamiento «con fuerzas renovadas a toda la ciudadanía para que se movilice a favor de los derechos humanos, civiles y políticos».
Antes, Rafa Larreina recordó los objetivos democráticos que daban soporte a la convocatoria de la manifestación bajo el lema «Todos los derechos para todas las personas en toda Euskal Herria». Así, citó que se pretende «la superación de toda situación de excepción o de violencia», deteniendo todas las actuaciones que impliquen vulneración, limitación o negación de derechos, para llegar a un nuevo escenario de respeto de todos los derechos de todas las personas en el conjunto del país.
La iniciativa popular Adierazi EH! reclama la garantía del ejercicio de los derechos civiles y políticos, derechos humanos, individuales y colectivos, que concretan en el «derecho a la vida y a la libertad», junto a la repatriación de los presos políticos vascos, amén de la puesta en libertad de los que han cumplido su condena y la de aquellos que se encuentran enfermos. Además, exigen detener «de inmediato» la incomunicación y la tortura.
En el capítulo de reivindicaciones que se plantean, se encuentra también el respeto a la libertad de expresión de todas las personas, proyectos y opciones, sin olvidar la legalización inmediata de partidos y organizaciones ilegalizadas, «y consecuente desactivación de los procesamientos, juicios y senten- cias correspondientes».
Pero al margen de la rueda de prensa ofrecida por los convocantes de la marcha prohibida para valorar la decisión del juez Ismael Moreno, hubo otras reacciones, como la de ELA. La primera fuerza sindical vasca, que la calificó de «inadmisible«, dijo que aún es más grave que esta resolución judicial «responda al impulso político del Gobierno de Rodríguez Zapatero, dado que reproduce íntegramente el escrito remitido por el fiscal jefe del tribunal de excepción, que instó la prohibición».
La central abertzale reitera la petición que hizo el domingo al Ejecutivo español de que «debe revisar su actual política en Euskal Herria, y tomar aquellas decisiones que más puedan contribuir a la consolidación de la distensión, a la paz y a la normalización política».
Desde Alternatiba se efectuó un llamamiento a la ciudadanía a «salir a la calle» mañana «masivamente», pese a quienes pretenden «entorpecer los procesos de paz». En un comunicado, denunció que «la conculcación de derechos fundamentales», como los de asociación, manifestación, voto o expresión, se han convertido «en un ejercicio habitual».
En este sentido, señaló que estos derechos parecen, en la actualidad, «privilegios reservados a la casta dominante, aque- lla que no molesta ni pone en cuestión el orden vigente». «Esta rutina que padecemos en Euskal Herria es un alarmante indicador de la mala calidad de la democracia en el Reino de España», aseveraron.
Aralar, incluso antes de que la prohibición de la marcha se materializara, reclamó en una rueda de prensa en Donostia que diferentes partidos políticos y agentes sociales convocasen «de urgencia» otra movilización.
A su vez, el coordinador y portavoz de la Presidencia de Ezker Batua, Serafín Llamas, declaró que la prohibición de la marcha de Adierazi EH! por parte de la Audiencia Nacional española había tenido «motivaciones políticas, lo que resta toda credibilidad a este tribunal».
Un juez de la Audiencia Nacional en Madrid ha decidido prohibir la manifestación porque el colectivo convocante, Adierazi EH!, «no es más que una sucesión de Batasuna y que sigue las directrices de la organización terrorista ETA» y porque, además, la marcha «tendría como finalidad apoyar la estrategia y justificar las acciones de la organización terrorista ETA».
¿En qué se fundamente el juez Ismael Moreno para hacer semejantes afirmaciones y tan graves acusaciones?
En informes solicitados por la Fiscalía a la Comisaría General de Información de la Policía española, al Servicio de Información de la Guardia Civil y a la Ertzaintza. En estos informes se dice que Adierazi EH! se creó en enero de 2010, «tras las sucesivas desarticulaciones» de «órganos y formaciones» del «frente político-institucional de ETA» como EHAK, ANV, D3M, Askatasuna y Bateragune, y nació «con idéntica finalidad que los partidos y organizaciones antes mencionadas» e ilegalizadas. Se añade además que en diferentes documentos atribuidos a ETA se hace referencia a la creación de un «muro popular contra la represión». Se recoge también que entre los integrantes de Adierazi EH! hay personas implicadas en sumarios relacionados con ETA y que Etxerat se ha adherido a la manifestación, al igual que otras personas también implicadas en procesos contra la izquierda abertzale.
¿Ha contrastado el juez estos informes con alguien?
En el auto no consta ninguna mención a que el juez haya buscado otra información que la facilitada por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, incluida la Ertzaintza. Tampoco aparece que haya ofrecido a los convocantes de la manifestación posibilidad alguna de defenderse o de poder siquiera explicar los motivos de la convocatoria. Es más, los principales afectados ni siquiera pueden recurrir la decisión adoptada, capacidad que se otorga únicamente a la Fiscalía y a la Asociación de Víctimas del Terrorismo, organismo denunciante.
¿Por qué ha llegado a la Audiencia Nacional la convocatoria de esta manifestación?
Según se recoge en el auto, anteayer la AVT presentó un escrito en la Audiencia Nacional dando cuenta de la manifestación y pidiendo su prohibición. Sin embargo, la Fiscalía ya trabajaba sobre la cuestión.
¿Cuándo comenzó la Fiscalía a mostrar interés por esta manifestación?
Cuando el Departamento de Interior del Gobierno de Lakua le envió el 2 de setiembre la documentación de la convocatoria con el lema y reseñas periodísticas que recogían que la apoyaban «históricos dirigentes del frente político-institucional de ETA» como Tasio Erkizia y cargos municipales de ANV como la alcaldesa de Hernani y el de Elorrio. Además, se presentaba como comunicante de la manifestación a una candidata por HB y EH en varios procesos electorales entre los años 1990 y 1999 (cuando ambas formaciones eran legales).
¿Es objetiva la información que se le ha remitido al juez?
Cuando menos se puede asegurar que es muy parcial y cabe deducir que tendenciosamente mutilada para lograr el fin perseguido de la prohibición. Se oculta que entre los convocantes y quienes se habían adherido a la manifestación hay partidos, sindicatos y organismos legales y personas de una amplia pluralidad ideológica, incluida una ex parlamentaria del PSN. Son datos que estaban al alcance del Departamento de Interior cuando remitió la convocatoria a la Fiscalía y también de todas las FSE, puesto que se han publicado en los medios de comunicación. Tampoco se han recogido, por ejemplo, las reivindicaciones de la marcha, entre ellas el «derecho a la vida», que se expusieron también públicamente en la rueda de prensa del sábado pasado. Por lo que se ve, el juez tampoco ha hecho nada para poder conocer la realidad. I. I.
El ministro español de Justicia, Francisco Caamaño, reiteró ayer que el Ejecutivo presidido por José Luis Rodríguez Zapatero «seguirá aplicando con rigor» la ley y amenazó con que se abordarán «si fuese necesario modificaciones legislativas para asegurar a la democracia española que en los órganos de representación de los ciudadanos sólo habrá demócratas».
Recordó que en el Congreso de los Diputados se está trabajando para adecuar la legislación electoral y que confía en que se podrá hacer «adecuadamente». El objetivo es que aquellos que «no condenen claramente la violencia y no abandonen esa forma de actuar en democracia tampoco estén en los órganos democráticos».
Al ser preguntado en Madrid por la posibilidad de que la izquierda abertzale utilice EA como pantalla para presentarse a las próximas elecciones, insistió en que se utilizarán todos los instrumentos de la ley para evitarlo, si bien apuntó también que es preciso tener en cuenta que existe una jurisprudencia del Tribunal Constitucional que se ha ido generando como consecuencia de procedimientos electorales anteriores.
Frente a las palabras del ministro español, la izquierda abertzale muestra su convicción de que estará presente en las elecciones municipales y forales de mayo de 2011. Txelui Moreno, entrevistado en Info7, manifestó que «el Gobierno español legalizará a la izquierda abertzale, porque así lo exige la ciudadanía vasca y porque lo contrario sería seguir cometiendo un fraude».
El dirigente abertzale precisó que el Ejecutivo de Zapatero no cambiará de estrategia de pronto, sino que habrá de ser la sociedad vasca la que deberá presionar para que esto sea así y el proceso continúe adelante.
Txelui Moreno añadió que prevén además la obtención de unos «muy buenos resultados electorales», en base a una alianza entre las formaciones abertzales y progresistas que supere intereses meramente partidistas. A su entender, ése es ahora el temor de las formaciones que apoyan la Ley de Partidos.
En este debate sobre las ilegalizaciones, cabe destacar que el consejero de Interior, Rodolfo Ares, criticó ayer con dureza al portavoz parlamentario del PNV y presidente del GBB, Joseba Egibar, que la víspera había apostado por «la desactivación y derogación» de la Ley de Partidos porque «todas las expresiones políticas, en función del voto popular, tienen que estar representadas en las instituciones». Ares afirmó que el dirigente jeltzale «siempre» ha estado conforme con que la izquierda abertzale estuviera en las instituciones «aunque fuera para amparar la violencia terrorista».
Según Rodolfo Ares, las declaraciones de Joseba Egibar son «volver a las andadas» porque «siempre buscó los votos de los radicales para sacar adelante sus políticas, incluso para elegir a Ibarretxe como lehendakari en varias ocasiones, o para sacar adelante planes que defendía el mismo».
El consejero de Interior sostiene que el presidente del GBB tiene «mucha amistad» con dirigentes de «los radicales abertzales» y, «en muchos casos, coincide con sus planteamientos». GARA
Una veintena de personalidades catalanas vinculadas al mundo jurídico, la promoción de la cultura de la paz y los movimientos sociales hicieron ayer pública una nota en la que muestran su «firme rechazo» a la prohibición. Afirman que «supone una irreversible conculcación flagrante del inalienable derecho de manifestación y una vulneración de las libertades fundamentales». En su escrito recogen que «esta misma semana Brian Currin pedía gestos -aunque fueran insuficientes- por parte del Estado, que estuvieran a la altura de las circunstancias. La prohibición es un paso antagónico e irresponsable en absoluta dirección contraria». GARA
