La sentencia dictada por el Tribunal Constitucional español (TC) contra el Estatut de Catalunya el pasado mes de julio calentó los ánimos de tal forma que hasta CiU adoptó en las semanas siguientes un mensaje soberanista que choca con ese pragmatismo que le ha permitido constituirse como el partido bisagra por excelencia en el ámbito del Estado español cuando PSOE o PP no han contado con mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Incluso el líder del PSC y president de la Generalitat, José Montilla, usó un lenguaje que molestó mucho en Madrid, aunque su intención era advertir de que, precisamente, es el tono apocalíptico que usan la derecha española y muchos de sus compañeros del PSOE el factor que más aleja al «catalanismo» del «proyecto de transformación y construcción de España».

Esos discursos tuvieron mayor eco aún tras la gran manifestación que se llevó a cabo el 10 de julio bajo el lema «Som una nació. Nosaltres decidim». La marcha había sido preparada de antemano por la organización Òmnium Cultural, que resistió el envite del president Montilla para que se cambiara el lema o al menos éste desapareciera de la cabecera.

La mayoría de los medios, catalanes e internacionales, dieron por buena la cifra del millón de participantes, lo que vendría a suponer que una de cada 7,5 personas censadas en Catalunya habría acudido a ese acto. Y eso en un recorrido que, en cuanto a longitud, era menor que el que suele recorrerse en Bilbo cuando las manifestaciones parten de Aita Donostia, transitan por Autonomía y Hurtado de Amezaga y finalizan ante el Ayuntamiento, si bien las avenidas de Barcelona son bastante más anchas que las de la ciudad vasca. Al margen de que realmente se alcanzara esa cifra simbólica o que el dato no hubiera sido contrastado suficientemente, lo cierto es que su impacto político y mediático ha sido muy grande dentro y fuera de Catalunya. Hasta tal extremo que muchos analistas han considerado esa movilización como el punto de partida de una «deriva independentista» ya imparable.

En este contexto tan peculiar llegan las elecciones al Parlament, convocadas para el 28 de noviembre. Un escenario que ha dejado en un segundo plano, al menos desde la óptica de Euskal Herria, cómo se configuró el actual Govern hace cuatro años.

José Montilla fue investido presidente el 24 de noviembre de 2006 pese a que en aquellas elecciones el PSC perdió cinco escaños respecto a la legislatura anterior y quedó a once de los logrados por CiU. Ello se debió a la reedición, con matices, del Pacte del Tinell suscrito por su partido con ERC e ICV en 2003, que permitió a Pasqual Maragall convertirse en el primer dirigente del PSC que alcanzaba el título de president de la Generalitat.

Desde 1980 -cuando se celebraron las primeras elecciones autonómicas- hasta 2006 -cuando tuvieron lugar las últimas-, la coalición integrada por CDC y UDC siempre ha sido el grupo que más escaños ha ocupado en el Parlament, disfrutando de mayorías absolutas en el periodo 1984-95.

No obstante, el declive de la figura del histórico líder de CiU, Jordi Pujol, por un lado, y el ascenso de la del alcalde «olímpico» de Barcelona, Pasqual Maragall, por otro, dieron como fruto en el año 2003 el primer vuelco en las autonómicas: el PSC, si bien obtenía cuatro escaños menos que CiU, superaba por primera vez a la coalición en el total de votos en este tipo de citas electorales. Éste fue uno de los avales que permitieron a Esquerra Republicana apoyar a Maragall, junto con ICV, en detrimento de Artur Mas, el candidato del «nacionalismo moderado».

Cabría preguntarse si hasta entonces desbancar a CiU había sido para los dirigentes del PSC un sueño inalcanzable o un objetivo al alcance de la mano. Antes de responder conviene analizar cómo se habían resuelto las elecciones al Parlamento español, concretamente al Congreso de los Diputados, durante esos 23 años de travesía del desierto. Si volvemos de nuevo la vista hacia Euskal Herria, en principio no nos sorprende que el electorado catalán se pronuncie de forma distinta en los comicios autonómicos a como lo hace en los estatales, pero afinando un poco la mirada nos percatamos de que hay diferencias muy sustanciales.

De forma resumida: el PSOE siempre ha sido la primera fuerza en las estatales, pero en los últimos años ha sido tal su hegemonía que en las elecciones de 2008, en las que Rodríguez Zapatero revalidó su mandato al frente del Gobierno español, superó a CiU en ¡más de 900.000 votos! Si no fuera por el enorme desgaste que le ha supuesto el impacto de la crisis económica y su pésima gestión de la misma, el actual inquilino de La Moncloa podría sonreír al ver que, precisamente, es CiU quien le ha puesto en la picota al rechazar de entrada cualquier negociación sobre los presupuestos del Estado para 2011 y que fue Durán i Lleida quien le declaró cadáver político desde el mismísimo estrado del Congreso en el último «Debate sobre el Estado de la Nación».

CiU, por su parte, soñó o tuvo la esperanza de sobrepasar en las estatales al PSOE entre 1986 y 1993, pero desde entonces su electorado ha ido a menos, tanto en esos comicios como en los autonómicos.

Otro dato significativo es que, sin diferenciar los dos tipos de elecciones, el techo electoral del PSOE quedó establecido hace apenas dos años en 1.689.911 votos, mientras que el de CiU se remonta a 1984, cuando logró 1.346.729 votos, cifra que también rozó en 1995 (Los datos aparecen detallados en el gráfico de la página 4).

La paradoja de este análisis combinado entre elecciones autonómicas y estatales es que el respaldo conseguido en Catalunya por la candidatura de Zapatero hace dos años también supera al que tuvo Montilla hace cuatro en casi ¡900.000 votos! Utilizando la ironía, se puede decir que el PSOE ha llegado a doblar en votos tanto a CiU como al PSC. Un dato que no pasó desapercibido en Ferraz, como dejó caer José Bono en el marco de la primera reunión del Comité Federal del PSOE tras la sentencia del TC. El presidente del Congreso de los Diputados no pudo hablar más claro, aunque en lugar de dirigirse directamente a Montilla prefirió hacerlo ante los micrófonos de los periodistas que esperaban fuera de la sala: «A los nacionalistas hay que superarles en votos, no en nacionalismo». Y Montilla quedó muy lejos de ese objetivo en 2006.

Si al reparto de los votos le sumamos el comportamiento de la abstención, es evidente que una gran parte -incluso hasta la mitad- del electorado del PSC-PSOE se ve más motivada para acudir a las urnas cuando se trata de empujar en el camino hacia La Moncloa que cuando se fija la vista en el Palau de la Generalitat.

Estos grandes altibajos llevan a pensar que el sector nacionalista que creó el PSC como una formación puramente catalana a finales de la dictadura franquista no consigue conectar en las citas autonómicas con ese electorado proveniente de la emigración española de mediados del siglo XX que sí se identifica con las siglas y los candidatos del PSOE. Y eso que fue en el ya distante 1978 cuando las dos ramas en que entonces se dividía el Partit Socialista de Catalunya (PSC) -Congrés y Reagrupament- se fusionaron con la poco pujante Federació Socialista Catalana (PSOE) para crear el actual Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE). Éste se define oficialmente como «partido soberano federado al PSOE» con «personalidad jurídica propia, finanzas independientes y que mantiene una total autonomía de acción en el marco de la política catalana» (www.socialistes. cat/psc/El-Partit/Trajectoria).

Esa tesis parece tener su punto débil en la comparación con el PP, ya que los resultados de la derecha españolista reflejan el mismo esquema de picos de sierra en el gráfico adjunto. Pero en este caso sería difícil achacar el desapego de sus electores a las citas autonómicas como el resultado de una supuesta moderación de su discurso unionista a favor de otro con tintes catalanistas.

Pero como es impensable que los sectores más catalanistas sean sistemáticamente más activos en las elecciones estatales que en las catalanas, habrá que imputarle al electorado españolista el hecho de que la abstención sea mucho mayor en unas que en otras. Exceptuando las que confirmaron a Aznar como presidente del Gobierno español en 2000, en las últimas dos décadas la abstención se ha mantenido por debajo del 30% en los comicios estatales, mientras que en las convocatorias al Parlament siempre ha sido superior y en las de 2003 llegó al 43,96% del censo.

Entonces, ¿dónde hay que buscar a ese sector soberanista que, según opinan algunos en Euskal Herria, está abriendo la puerta hacia la independencia de Catalunya? Es cierto que en cada gran movilización que se lleva a cabo en Barcelona abundan proclamas independentistas tan llamativas como la de «Adéu Espanya!». Y también lo es que el tema no deja indiferente a casi nadie en Catalunya, sea cual sea su opción electoral. Por ejemplo, poco antes de que el TC decidiera recortar el Estatut, TV-3 logró un rotundo éxito de audiencia con la emisión del reportaje titulado, precisamente, «Adéu, Espanya?» -en este caso, con interrogación-, en el que se comparaba la situación catalana con las de otras naciones en las que las fuerzas soberanistas han abierto procesos soberanistas, como Quebec, Groenlandia o Escocia. Según los datos de Televisió de Catalunya, el programa tuvo una media de 733.000 espectadores.

Pero, volviendo a los fríos datos que arrojan las urnas, no es tan fácil entender por qué buena parte del mundo abertzale cultiva una especie de sana envidia hacia el escenario político catalán -que se debería diferenciar de otros aspectos sociales o culturales, como el lingüístico-.

En los últimos treinta años, ni CiU ni el PSC han dado señales de que realmente quieran traspasar el umbral de la soberanía. Ni sus discursos oficiales, ni sus bases ideológicas, ni sus documentos programáticos hacen pensar en que sus dirigentes estén abiertos a la «deriva independentista». Incluso ha habido etapas en las que ha sido muy complicado distinguir el catalanismo de CiU del que practica el PSC. Y no conviene olvidar que el líder de CDC y actual portavoz de la coalición en Madrid, Josep Antoni Durán i Lleida, ha sido el más significado defensor de que los pactos con el PP o con el PSOE deberían conllevar la entrada de militantes de CiU en el Consejo de Ministros. El propio Durán ha sido «ministrable» en más de una ocasión en las quinielas periodísticas.

Sin salir del escenario parlamentario, ERC es la formación a la que desde Euskal Herria siempre se ha etiquetado como independentista y, en ciertos momentos, se le ha identificado con la izquierda abertzale, salvando las diferencias sustanciales entre ambos proyectos políticos.

ERC ha mantenido esa referencialidad pese a los bandazos ideológicos de sus dirigentes y a un sinfín de luchas internas que a finales de los años 90 parecían haber quedado superadas con un proyecto consolidado que sólo podía ir ganando adeptos hasta convertirse en una alternativa real al tándem CiU-PSC.

Así llegaron los impresionantes resultados de las autonómicas de 2003, doblando el número de votos obtenidos cuatro años antes. Ésa fue otra de las claves para entender por qué Maragall contó con el respaldo de la formación dirigida por Josep-Lluís Carod-Rovira: ERC quiso hacer visible la «alternativa» dejando fuera de la Generalitat a CiU.

Esa apuesta por un tripartito progresista que no perdía la etiqueta de catalanista fue bien recibida por las bases soberanistas: apenas cuatro meses después, ERC alcanzaba su techo electoral (638.902 votos) y lo hacía ¡en unas elecciones al Parlamento español! Y lo conseguía pese -o gracias- a que la campaña había estado marcada por la estrategia de acoso y derribo a la que fue sometida tras hacerse pública la conocida como «reunión de Perpinyà» entre Carod-Rovira y representantes de ETA. El líder de ERC se vio obligado a dimitir como «número 2» del Govern apenas un mes después de haber sido nombrado, pero asumió el desafío de encabezar la lista al Congreso español por Barcelona.

Con ocho escaños en Madrid y manteniendo su peso específico en la Generalitat, Esquerra se convirtió en uno de los socios preferentes del primer Gobierno Zapatero. En aquellas circunstancias, hace tan sólo seis años daba la impresión de que, por fin, había logrado aglutinar a buena parte del espectro independentista y a sectores más moderados del catalanismo. Aunque en principio esa unidad quedara limitada a las urnas, el horizonte se le despejaba.

Sin embargo, en 2006 perdió algo de fuelle respecto a las anteriores autonómicas y en 2008 el globo electoral se desinfló al perder más de la mitad de los votos obtenidos en 2004. Obviando el tópico de que gobernar supone desgastarse -premisa que no tiene más base estadística que su contraria-, la pérdida de respaldo puede achacarse a la actitud mantenida por ERC, y por el resto de agentes políticos, en torno al Estatut antes de que interviniera el bisturí del TC.

La reforma estatutaria fue impulsada en principio por el tripartito y su aprobación en el Parlament, en setiembre de 2005, reflejó un amplio consenso: 120 votos a favor -los de CiU, PSC, ERC e ICV- y sólo 15 en contra -los del PP-. Pero tras el primer «cepillado» del texto en las Cortes españolas -las referencias al término «nación» quedaron limitadas al preámbulo-, el apretón de manos con Zapatero en la escalinata de La Moncloa, en enero de 2006, fue protagonizado por Mas y Durán. El líder de Convergéncia llegó a calificar el acuerdo de «pacto de Estado» y lanzó un reto a ERC: «Sólo tiene dos opciones: o que diga que `no', y entonces se tienen que convocar elecciones en Catalunya, o que mejore esto». La dirección de Esquerra, que no podía aceptar ese Estatut mutilado, dudó en un primer momento, luego propuso el voto nulo y, finalmente, se vio obligada por las bases a pedir el «no». Maragall expulsó de la Generalitat a los consellers republicanos y anunció elecciones anticipadas para fin de año.

El referéndum sobre el Estatut, en el que también el PP pidió el voto negativo, se llevó a cabo el 18 de junio de 2006 con una participación muy baja -sólo acudió a las urnas el 48,85% del censo- y un resultado previsible -un 73,90% de votos a favor y un 20,76% en contra-.

Antes de finalizar el año llegaban las elecciones autonómicas y, tras ellas, la recomposición del tripartito. Por tanto, ni la tramitación inicial del Estatut ni el resultado del referéndum hacían vislumbrar ninguna «deriva independentista».

No obstante, con el ambiente creado por la intervención del Tribunal Constitucional español contra el también llamado «Estatut de La Moncloa», las elecciones del 28 de noviembre debieran aclarar muchas incógnitas, entre ellas las de si existe una base social lo suficientemente activa como para configurar un bloque soberanista que no esté a merced de coyunturas que, paradójicamente, suelen venir marcadas por las necesidades de PP o PSOE para gobernar en Madrid.

El independentismo que tradicionalmente no se siente representado por ERC no ha planteado una alternativa electoral para las autonómicas y prefiere centrar sus fuerzas en las elecciones locales de la próxima primavera, para intentar crear alianzas desde la base.

La vía contraria es la elegida por Joan Laporta, el ex presidente del Barça. Impulsado por los éxitos deportivos que ha presidido desde el palco del Camp Nou, el pasado 30 de julio presentó Solidaritat Catalana per la Independència (SCI), marca electoral con la que pretende avanzar en el objetivo de «que Catalunya sea un Estado de la Unión Europea».

La iniciativa de Laporta ha perdido muchos enteros antes de echar a andar, ya que en agosto se malograron las conversaciones para hacer listas conjuntas con Reagrupament Independentista, formación de Joan Carretero. Este histórico dirigente de ERC, que formó parte del tripartito de Maragall como conseller de Governació (Interior), dejó el partido en 2009 tras haber sido derrotado por Joan Puigcercós en la carrera por el liderazgo, al considerar que la actual dirección renunciaba a la estrategia soberanista.