Los gobernantes son sumisos al poder económico, según la mayoría sindical
Gasteiz se convirtió ayer en el escenario de la movilización de la mayoría sindical vasca, formada por ELA, LAB, STEE-EILAS, EHNE e Hiru, para denunciar los presupuestos de 2011. A su juicio, los gobiernos son «sumisos al poder económico», como dijo Adolfo Muñoz. Ainhoa Etxaide remarcó que «son antidemocráticos porque están hechos para el 1,6% de la población que controla el 44% de la riqueza».
Juanjo BASTERRA |
La mayoría sindical vasca, formada por ELA, LAB, STEE-EILAS, EHNE e Hiru, celebró un mitin en el frontón Ogeta y alrededor de 2.000 delegados ocuparon en manifestación las calles de Gasteiz hasta el Parlamento autonómico para denunciar que los presupuestos de 2011 siguen las pautas que marca la élite económica y, sin embargo, abandonan las necesidades de la clase trabajadora y quienes padecen exclusión social en este momento en el que la crisis económica está generando tasas elevadas de desempleo y el aumento imparable de la pobreza entre la población vasca.
Adolfo Muñoz, «Txiki», señaló que en el conjunto de la Unión Europea se está padeciendo las reglas «del capitalismo en estado puro» que, a su juicio, no es otra cosa que la puesta en práctica «del saqueo de derechos sociales y salariales». A la vez, el secretario general de ELA denunció que esa nueva vuelta de tuerca contra los más desprotegidos suponen «recortes» que afectan «a la gente que más necesita del apoyo del sector público. Afecta al empleo, a la educación, a la sanidad, a la lucha contra la pobreza, a las inversiones públicas y al cierre de servicios». Por lo que reclamó «el reparto más justo de la riqueza. No hay que perder esa referencia. Luchamos para condicionar una política que priorice la solidaridad», por lo que Txiki Muñoz añadió que «no hay otra alternativa que la movilización».
La secretaria general de LAB, Ainhoa Etxaide, señaló que habrá nuevas movilizaciones si las prácticas en favor de los más poderosos se mantienen y subrayó que las cuentas presentadas son «un fraude a la sociedad y a la clase trabajadora». En este contexto, la líder de LAB indicó que los presupuestos del Ejecutivo de Lakua son «antidemocráticos porque están hechos para el 1,6% de la población, que acumula el 44% de la riqueza que se genera» y denunció que los incentivos fiscales concedidos por las diputaciones en la década de los noventa del pasado siglo «perdonaron» cientos de millones de euros a los empresarios. Txiki Muñoz cuantificó la ayuda no devuelta de las vacaciones fiscales en 750 millones, «más del doble de la ayuda que se destina a apoyar a quienes están en la pobreza, ya que está cuantificado en 340 millones en los presupuestos».
«Falta de vergüenza»
Ante las informaciones aparecidas en varios medios de comunicación sobre la posible retirada de las ayudas sociales a más de 6.262 hogares por el incumplimiento de determinados requisitos para acceder e estas prestaciones, Ainhoa Etxaide recordó que en la CAV hay cerca de 133.000 parados y «muchos de ellos han perdido ya la cobertura por desempleo».
La líder sindical de LAB destacó la necesidad de incrementar la lucha contra el fraude fiscal para poder canalizar los recursos obtenidos a políticas sociales, pero criticó la falta de medidas en este campo. Por ello, censuró que mientras Zabaleta «dice ahí os busquéis la vida» a los desempleados, al mismo tiempo afirma que «ojo con hacer trampas», porque «ahí está ella para combatir el fraude social». Etxaide criticó «la falta de vergüenza» de la consejera por «tratar de sospechosos a los más desprotegidos», cuando «nunca se ha atrevido a alzar la voz contra el fraude fiscal».
El diputado foral de Acción Social de Bizkaia, Juan María Aburto, tachó de «actuación discriminatoria e inoportuna» la decisión del Gobierno de Patxi López de retirar este mes 6.262 ayudas sociales de la Renta de Garantía de Ingresos por «irregularidades», lo que supondrá que deje de pagar 4,3 millones de euros.
Aburto recordó ayer en una comunicación que, como dice la Ley de Garantía de Ingresos, «para recibir la Renta de Garantía de Ingresos es obligación, no requisito, estar inscrito de forma ininterrumpida en un servicio de empleo». La Diputación de Bizkaia confirma que la legislación no especifica «si ha de ser en el Inem, en Lanbide o en una ETT», porque -a juicio de Bizkaia- «este extremo aún está sin aclarar por el Gobierno vasco. Esta obligación ha de cumplirla cualquier persona que solicite una Renta de Garantía de Ingresos, excepto pensionistas, extranjeros sin permiso de residencia que legalmente no pueden inscribirse ni en el Inem, ni en Lanbide y quienes tienen una remuneración no alcance el importe de la renta de ingresos, es decir los perceptores del complemento». Advierte que los perceptores de la renta básica no tendrían que estar inscritos hasta junio. Por eso acusó a Lakua de haberse precipitado en el cruce informático.
El parlamentario de EA, Juanjo Agirrezabala, denunció que el Gobierno de Lakua «condena a la indigencia a más de 6.000 perosnas, a las que pretende retirar las ayudas sociales». Por su parte, el PNV señaló que es «irresponsable dejar a más de 6.200 familias sin renta de garantía de ingresos por un simple cruce informático». El Departamento de Empleo y Asuntos Sociales, que dirige Gemma Zabaleta, dijo que «están siguiendo de forma escrupulosa la legislación aprobada». J. BASTERRA
El Estado español es el país de la OCDE donde más descendió la presión fiscal entre los años 2007 y 2009, según explicó esa organización ayer en París. La presión fiscal bajó del 37,3% hasta el 30,7%, el mayor descenso registrado en este periodo, según el estudio «Revenue Statistics». Este informe remarca que el ratio de los ingresos fiscales respecto al PIB muestra una tendencia a la baja en los países de la OCDE. Esta caída es más pronunciada en Hego Euskal Herria, por lo que la mayoría sindical vasca denunció ayer que «se ha impuesto la misma política fiscal que Irlanda para beneficiar a las rentas altas y perjudicar a los trabajadores». J. B.
