En los últimos meses varios abogados que habitualmente representan a militantes vascos han sido detenidos, lo que, además de a la propia situación personal de estos letrados, afecta de forma negativa al derecho a la defensa de sus representados y merma sustancialmente las garantías con las que estos deben enfrentarse a la maquinaria judicial y penitenciaria de los estados. La última víctima ha sido Arantza Zulueta, quien ya había sido detenida en abril del año pasado y cuyo arresto responde, a juicio de la Asociación de Abogados de Euskal Herria, Eskubideak, «a la patológica obsesión» del juez Fernando Grande-Marlaska por los abogados vascos.

En rueda de prensa, varios miembros de esta asociación explicaron que la letrada vizcaina ha cumplido todas las medidas cautelares que le fueron impuestas cuando fue excarcelada en diciembre, tras abonar una fianza de 60.000 euros, y que ha estado a disposición del juzgado en todo momento. Los autos que ordenaron su arresto y encarcelamiento hace una semana tampoco varían la imputación inicial en su contra, de modo que, a juicio de Eskubideak, la decisión de Grande-Marlaska contradice los criterios con los que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó su libertad hace medio año. El caso presenta, asimismo, varias irregularidades jurídicas que evidencian una práctica procesal irregular. En conjunto, un despropósito que fue duramente denunciado por los abogados, quienes exigieron la libertad inmediata de su compañera.

En este y otros casos, a la estrategia represiva del Estado se le suman las obsesiones personales y el afán de protagonismo de jueces que han hecho carrera a la sombra del conflicto en Euskal Herria. Basta recordar algunas actuaciones del propio Grande-Marlaska en el último proceso de negociación. Ambos elementos constituyen sin duda un obstáculo para la construcción de un nuevo escenario de paz y democracia en este país y deben ser desterrados cuanto antes.