Los asalariados y los pensionistas del Estado español declararon a Hacienda 19.359 euros de media el pasado año, lo que supone 8.323 euros más (un 75%) que en el caso de los pequeños empresarios y los profesionales liberales, que obtuvieron unos rendimientos medios de 11.036 euros, según la tercera edición del Informe de la Lucha Contra el Fraude Fiscal elaborado por los técnicos de Hacienda (Gestha). Asimismo, los ingresos declarados por los microempresarios se movieron también por debajo del mileurismo, situándose en una media de 10.832 euros.

Para el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, «no es creíble que un empleado o pensionista gane de media más que un pequeño empresario, notario, arquitecto, médico o abogado, por citar algunas profesiones liberales bien remuneradas».

En el informe se analizan las diferencias de las rentas netas declaradas por empresarios y asalariados. Año tras año, los datos recogidos en él reflejan que la distancia entre ambos colectivos ha ido incrementándose y este último ha alcanzado su mayor diferencial, debido a la existencia de un «fraude fiscal estructural y masivo» entre los autónomos, que tributan de media en el IRPF por debajo del mileurismo.

Los datos recogidos por Gestha indican que el «componente» estructural del fraude fiscal tiene mayor peso que la crisis, aunque se informa de que ésta también ha influido porque son 22.785 autónomos los que causaron bajas netas en la Seguridad Social en 2009.

De todas maneras, la organización de los técnicos de Hacienda advierte de que el fraude fiscal de los autónomos no llega al 9% del total en el Estado español, aunque apunta que «la Agencia Tributaria está perdiendo la batalla contra el fraude fiscal» y califica su actuación de «claramente equivocada» ya que se centra en el control de las rentas del trabajo y los pequeños empresarios y profesionales liberales, y no en las grandes fortunas y empresas.

Recetas

Para hacer frente a ello, Gestha propone elaborar diferentes estudios a lo largo del año sobre la economía sumergida centrados en territorios, impuestos y sectores, que servirían para calibrar con mayor precisión cómo se produce el fraude. Con ello, considera que se podrían fijar objetivos prioritarios de reducción del fraude fiscal y aumentar la eficiencia de las subvenciones y del gasto público.

Por comunidades autónomas, las mayores diferencias se localizan en Madrid, Cataluña y Asturias, y las menores en Murcia y Comunidad Valenciana.