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Una condena que busca minar la esperanza de la sociedad vasca

A la espera de que se confirme la filtración lanzada ayer por la Cadena Ser, una sentencia condenatoria contra Arnaldo Otegi, Rafa Díez, Arkaitz Rodríguez, Sonia Jacinto y Miren Zabaleta constituye la peor noticia que en estos momentos podía salir de la Audiencia Nacional. Una pésima noticia y, sin duda, una razón para preocuparse.

El tribunal presidido por Ángela Murillo tuvo ocasión de escuchar de viva voz el motivo real por el que los ocho imputados en el caso Bateragune se sentaron en el banquillo. No pueden alegar los jueces falta de claridad en la exposición. Por primera vez, un juicio de estas características fue retransmitido en directo y junto a los magistrados fueron miles las personas que oyeron a los militantes de la izquierda abertzale relatar el trabajo desarrollado para conducir a este país a un escenario de paz, donde cualquier expresión de violencia desaparezca definitivamente. Las palabras de Otegi y sus compañeros aún retumban en las paredes del tribunal. Pese a ello, o precisamente por ese motivo, pueden ser condenados. A nadie se le escapa, por tanto, qué es lo que se está sentenciando y el alcance de la decisión judicial. Se trata de un hecho extremadamente grave, en primer lugar por el castigo que supone para los militantes abertzales que han sido condenados y para sus familias, y también en tanto es la respuesta que el Estado español da a la mano tendida por quienes apuestan por un cambio de ciclo en este país.

El mensaje es claro: Madrid mantiene invariable su política represiva; no renuncia a la violencia. Y a través de ella persigue el desistimiento de aquellos que unilateralmente han apostado por la paz y la solución. Golpea, además, a quienes se reconoce como principales impulsores de esa apuesta, y lo hace a pesar del clamor existente en Euskal Herria en favor de su liberación y contra las innumerables peticiones llegadas desde el ámbito internacional para exigir un desenlace positivo. Esa es la apuesta que mantienen los poderes del Estado. «Perded toda esperanza», es el mensaje que quieren transmitir. Pero deben ser conscientes de que ahora la receptora de ese mensaje es toda la sociedad vasca.

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