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«Egunkaria» exige una indemnización al Estado español por su clausura

Además de los graves daños personales que conllevó para los detenidos, la operación dirigida por el juez Juan del Olmo el 20 de febrero de 2003 tuvo como consecuencia el cierre de «Egunkaria». Sus responsables reclaman ahora una indemnización de 17 millones de euros.

GARA | DONOSTIA

Desde que fuera clausurado hace ya ocho años y medio, los responsables de «Egunkaria», que rechazaron en todos los ámbitos las acusaciones de «pertenencia o colaboración» con ETA, advirtieron de que este ataque contra el diario debería ser reparado.

Ahora, una vez que el proceso judicial abierto por esa causa ha quedado resuelto con la absolución de los procesados, los representantes de «Egunkaria» reclaman al Estado español una indemnización por más de 17 millones de euros. Esta cifra fue publicada ayer por «El Mundo», que informaba de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó el lunes un informe respecto a esta petición.

Como confirmó Iñaki Uria a la emisora Onda Vasca, la representación legal de «Egunkaria» ha planteado la demanda por la vía de «la actuación anormal, por desproporcionada, de la Administración de Justicia», ya que entiende que la clausura decretada por Del Olmo «no tenía habilitación constitucional directa y carecía de una norma legal expresa que la autorizara».

En cambio, según el citado rotativo español, el CGPJ considera que esta petición «entra dentro del ámbito propio del error judicial». Por tanto, el informe del CGPJ no comparte la vía elegida por «Egunkaria» y remite a la legislación que contempla la vía específica para obtener indemnizaciones por «errores judiciales», que previamente deben ser declarados por el Tribunal Supremo.

Meses después de imponer la clausura por la fuerza y bloquear todas las cuentas de la empresa editora del diario, Del Olmo nombró a un administrador judicial que informó de que la empresa era inviable a consecuencia de esa intervención.

ANORMAL

La representación legal de «Egunkaria» plantea que en este caso ha quedado constatada «la actuación anormal, por desproporcionada, de la Administración de Justicia».

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