Representantes de colectivos sociales de Bizkaia, con el apoyo de Bildu, se concentraron ayer frente al Negociado de Control e Inspección del Consistorio bilbaino para denunciar el acoso a las personas perceptoras de prestaciones sociales. Exigieron a la institución que preside Iñaki Azkuna que cumpla la Ley de Procedimiento Administrativo y la Carta de Derechos Sociales «que se está incumpliendo en innumerables casos».

Pusieron rostro a la denuncia, explicando el caso de María Nela, una bilbaina de 36 años de origen boliviano, que se encuentra a la espera de un transplante de corazón y pulmón y que han dejado sin prestación social.

En la investigación del expediente, dos policías municipales acudieron al domicilio de Nela en horario laboral y al no encontrarla, decidieron telefonearla. La mujer se encontraba en el hospital y los agentes no le creyeron. El informe de Acción Social determinó sin aportar ninguna otra prueba que, al no hallarse en su domicilio, «se encontraba trabajando en servicio doméstico sin contrato» suspendiendo cautelarmente la prestación social que percibía.

Nela presentó el 22 de setiembre un recurso ante el Consistorio bilbaino aportando el informe médico correspondiente, para demostrar que se estaba cometiendo un error y que verdaderamente necesita esa prestación social. Pasó el tiempo y el 18 de octubre la Diputación, sin haber dado respuesta al recurso, le extinguió la Renta de Garantía. Además, en la última fase de la investigación, policías municipales acudieron al domicilio de la mujer y, a modo de amenaza, le dijeron que había estado engañando y que le caerían cuatro años de cárcel por fraude.

Con este caso, los colectivos sociales quisieron denunciar lo que mucha gente soporta en torno a las prestaciones sociales. Por un lado, que la Diputación «tarda más de lo debido en responder a los recursos» y que a los afectados no se les da facilidad alguna para interponerlos, de manera que no se garantizan sus derechos administrativos. Por otro, la respuesta del Negociado de Inspección que, en vez de reconocer el error, abre nuevas vías de sospecha.

La edil de Bildu Helena Gartzia, que acudió a la concentración para solidarizarse con María Nela y otros afectados, ha vuelto a pedir la comparecencia del concejal delegado de Acción Social, Eduardo Maiz, «para que no oculte información y explique todas las irregularidades que se han denunciado».