Acualquier observador externo debe resultarle sorprendente que el primer lugar del Estado en que la reforma laboral del Gobierno de Rajoy se tope con una huelga general sea Euskal Herria, es decir, esa parte de su mapa en que la tasa de paro es menor. Tras las últimas subidas se sitúa ya en el 12,84%, que no obstante es apenas la mitad del terrible porcentaje estatal (22,9%). El porcentaje de desempleados vascos supera, con todo, el 10,4% medio de la eurozona, y supera sobre todo el umbral mínimo de dignidad de una sociedad que hace mucho tiempo tiene catalogado el trabajo como un derecho básico e inalienable.

Pero todos sabemos que eso que objetivamente pudiera resultar sorprendente, históricamente es ya habitual. Esta convocatoria sitúa a Euskal Herria a la cabeza de la resistencia, igual que ocurrió con las agresiones anteriores, emprendidas desde 2008 usando la crisis como viento de cola. Y ahora, con más razones, porque lo que se da en llamar reforma laboral supone en realidad una contrarreforma total. No es un conjunto de retoques, sino un cambio de paradigma auténtico que retrotrae los derechos de los trabajadores a cotas del siglo XX usando parámetros ideológicos del XIX, cuando los obreros eran mano de obra barata a desechar en cualquier momento y los patronos gozaban de libertad total para manejar sus esfuerzos, salarios y vidas.

Ocurre, sin embargo, que en Euskal Herria la reforma laboral del PP no solo tiene el déficit de imponerse a distancia y por parte de un partido que bien puede ser hegemónico en el Estado pero resulta secundario aquí. Además, la sociedad vasca tiene una conciencia y una articulación muy diferentes de aquellas épocas a las que le quieren devolver estas medidas. Por eso, dicha reforma se tiene que topar de bruces no solo con la lógica oposición de los sindicatos, sino también de los trabajadores al completo y en toda su diversidad. Y también, por qué no, la de buena parte de eso genéricamente llamado empresariado, que en Euskal Herria tiene una configuración muy diversa y mal representada en los consorcios patronales. Y, obviamente, también de unas instituciones de corte bien diferente a las del Estado; basta reparar en que un parlamento poco sospechoso como el navarro ha sido el primero en oponerse a esta reforma.

Una reforma, tres interpelaciones

Por su gravedad, esta (contra)rreforma interpela a todos estos sectores y no debe dejar indiferente y pasivo a nadie. En primer lugar, evidentemente por su impacto directo, a la clase trabajadora en conjunto: a quienes tienen empleo y a quienes están en la cola del paro, a quienes lo sienten garantizado y a quienes navegan en la precariedad, a quienes trabajan por cuenta ajena y propia, a los del sector público y los del privado, a los jóvenes recién incorporados y a quienes ya han pasado el umbral de la jubilación... esta lucha ni puede ser privativa de un sector concreto ni dejar fuera a nadie.

La reforma es un reto también para quienes están en el otro lado en Euskal Herria, y que no solo son multinacionales y grandes consorcios, sino en su mayor parte pequeñas y medianas empresas o cooperativas. En sus manos está, por ejemplo, ejecutar o no medidas como el despido libre y sin indemnización introducido por el PP para contratos de prácticas de primer año en empresas menores de 50 trabajadores, y tantas otras similares. La reforma Rajoy será brutal, pero no es un trágala.

Y las instituciones vascas también tendrán qué decir, pese a sus innegables límites competenciales y la traba añadida que suponen unas arcas más vacías que nunca. El Ayuntamiento de Donostia acaba de mostrar en su proyecto presupuestario cómo es posible recortar el gasto total en un 10% al tiempo que crecen las partidas sociales para los más necesitados. Una labor, si se quiere, de paliar daños inevitablemente, pero sin perder de vista su aportación política pendiente al objetivo de alcanzar la soberanía para el país y que Euskal Herria deje de estar al albur de decisiones ajenas y retrógradas.

El cambio de paradigma vasco

En la sociedad vasca no es imposible que buena parte de estos tres sectores lleguen a confluir en el camino del cambio social y político. Más aún en un escenario, el impulsado por la decisión histórica de ETA y un contexto internacional propicio, que sin duda va a abrir a Euskal Herria todas las puertas. Frente al cambio de paradigma hacia el pasado que refleja la reforma de Rajoy, en este país es posible un cambio de paradigma hacia el futuro, superando inercias y desencuentros poco comprensibles, como el mantenido por ELA y LAB, los cuales, como se ha comprobado con la convocatoria del 29M, están más unidos en la práctica que en la teoría, o los recelos que aparecen desde posiciones sindicales respecto a las instituciones más proclives al cambio político y social. Cada uno tiene su papel en ese camino y tan erróneo es que los gobiernos incurran en el sindicalismo como que los sindicatos traten de gobernar. Esa entente, ese liderazgo compartido, no solo superaría la reforma de Rajoy; sería una revolución, una revolución vasca.