Aralar, PNV y PSE buscan un acuerdo para solicitar la reducción de las FSE
El Parlamento de Gasteiz debatirá mañana una proposición de Aralar que reclama al Gobierno español que presente un plan para el cierre de los acuartelamientos de la Guardia Civil en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. Casi todos los grupos han presentado enmiendas y los proponentes, junto a PSE y PNV, buscan un acuerdo que permita solicitar a Madrid una reducción de los efectivos de las FSE adecuada al nuevo tiempo y a la delimitación de competencias del Estatuto.
Iñaki IRIONDO | GASTEIZ
Los grupos parlamentarios de Aralar, PNV y PSE están trabajando en la búsqueda de una enmienda transaccional que permita que el Parlamento de Gasteiz solicite al Gobierno español una reducción de efectivos de las FSE, según informaron fuentes de los partidos implicados en la negociación. La cuestión se tratará en el pleno de mañana y podría ser una de las últimas labores parlamentarias que realizara Jesús Loza, que todavía no se ha dado de baja en la Cámara, aunque actúa ya como Comisionado para la Convivencia y la Memoria.
El parlamentario de Aralar Dani Maeztu presentó una proposición no de ley para que el Parlamento autonómico inste «al Gobierno de España a que, tomando en cuenta las competencias que el resto de fuerzas policiales tienen en la CAV, elabore un plan concreto para el cierre de las comandancias y cuarteles de que dispone la Guardia Civil en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV)».
Borrador a tres bandas
La presentación de la propuesta de Aralar conllevó que PP, PSE, UPyD y el PNV la enmendaran a la totalidad. Los tres primeros grupos lo hicieron con textos en los que la Cámara agradece la labor realizada por la Guardia Civil y la Policía española en Euskal Herria.
La enmienda jeltzale, por su parte, propone «iniciar de manera inmediata conversaciones con el Gobierno de España para proceder a la adecuación y repliegue de los efectivos de la Guardia Civil y Policía Nacional hasta ajustar su presencia en la CAPV a los términos estrictos que les corresponden conforme al Estatuto de Autonomía actualmente vigente, según el cual la Ertzaintza es la policía integral de la Comunidad Autónoma de Euskadi».
Pese a la contundencia de la enmienda del PSE a la hora de «agradecer la enorme labor desarrollada por la Guardia Civil» y mostrar «cariño» a los familiares de sus víctimas, el grupo abrió la posibilidad de buscar algún tipo de acuerdo que conllevara una solicitud de adecuación de las FSE al nuevo tiempo y a la distribución competencial que fija el Estatuto. Por eso se aplazó el debate en pleno, que estaba previsto inicialmente para el 23 de febrero.
Según ha sabido este diario, Jesús Loza, por parte del PSE, y Mikel Martínez, del PNV, han estado en contacto con Dani Maeztu, de Aralar, para buscar un acuerdo que recoja la petición de una reducción de efectivos adecuada a las actuales circunstancias. De hecho, se ha trabajado ya con un borrador de texto consensuado. Por tanto, si no existen cambios de última hora, parece factible la aprobación de un texto común.
La extensión del acuerdo al PP se planteó, pero se desestimó, porque no había punto de encuentro. El delegado del Gobierno español, Carlos Urquijo, anunció el lunes en la Cámara que no contemplan la reducción de efectivos de las FSE.
Al «despliegue» de la Ertzaintza debió acompañarle el «repliegue» de Policía y Guardia Civil. Eso provocó un debate terminológico que se resolvió con la palabra «adecuación», que cada parte entendió a su manera, pero que se tradujo en que Madrid hizo lo que quiso.
La drástica reducción de escoltas privados dependientes del Ministerio de Interior -que no comenzó ayer, sino el 1 de marzo, como informó este diario- ha vuelto a traer a los medios de comunicación a la denominada Asociación de Escoltas en Activo del País Vasco y Navarra, que dirige el falangista Santiago Fontenla. Lo llamativo es que la presencia comunicativa que obtiene esta asociación no se corresponde con su representatividad entre los escoltas.
Según ha confesado públicamente el propio Fontenla en medios que se ocupan de las cuestiones del gremio, «representamos a todos los escoltas que quieren sentirse representados por nosotros». Quienes, en realidad, no parecen ser muchos. Él mismo explicó que está de presidente porque «la Asociación de Escoltas del País Vasco la formamos cinco personas. Y de las cinco, solo quedo yo porque las otras cuatro están en el paro y dedicadas a otras cosas. Han tenido que ir a sus lugares de origen y tal».
Tratando de justificar la pluralidad ideológica de los asociados, afirmó después que «en la asociación, ahora mismo, las personas que estamos llevándola, que somos siete personas, los que estamos en el núcleo duro, los que más movemos el tema, tenemos gente del PP, gentes del PSOE, gente que no es de nada y gente de CCOO que viene de la zona minera de Asturias».
Entre estas «gentes del PSOE» se encuentra su responsable en Nafarroa, Koldo García Izaguirre, único concejal del PSN en Uharte y condenado en junio del año pasado por agredir a un menor durante los sanfermines de 2010.
El escolta y concejal Koldo García y un policía agredieron a un menor que entró en un bar con una camiseta en la que se leía «independentzia» después de que la selección española de fútbol ganara el Mundial. El menor acompañaba a su novia que iba al servicio y acabó siendo golpeado por varios hombre. Entre ellos se encontraba, según una testigo, «un señor grande, éste (indicando a Koldo García)». En la sentencia, que lo condenó a 900 euros de multa, consta que el escolta y concejal, «estando fuera de sí» «le golpeó en el tórax, le cogió del cuello y le lanzó al suelo».
Por otra parte, el Ministerio de Interior confirmo ayer que la drástica reducción de escoltas privados que se está produciendo en Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa se extenderá desde el 1 de abril a todo el Estado español. I. IRIONDO
