La ministra española de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, fue la encargada de defender las medidas del Ejecutivo y señaló que gracias a ellas «se garantizan la sostenibilidad y universalidad de la Sanidad pública», mientras que algunos partidos criticaron que la norma no se haya tramitado como un proyecto de ley al que poder presentar enmiendas.

El Congreso rechazó una petición en este sentido de los grupos parlamentarios, algo que justificó la ministra en que «España atraviesa un momento excepcional y de urgencia». El real decreto, aprobado por el Gobierno el 20 de abril, incluye actuaciones como el «copago» farmacéutico, que por primera vez tendrán que asumir los pensionistas, y medidas para controlar el «turismo sanitario» como la retirada de la tarjeta a los inmigrantes ilegales.

Durante el pleno, que siguierono desde la tribuna representantes de organizaciones de pacientes y sindicatos, ERC exhibió un cartel con la leyenda: «Bankia 10.000 millones, Sanitat cero».

En su discurso, Mato insistió en que con esta reforma el Gobierno español «atiende a varios desafíos» que ponían «en riesgo la Sanidad española, aquejada de una deuda de 16.000 millones de euros». Las medidas que contiene, en su opinión, «garantizan el actual modelo sanitario dando cumplimiento a lo que establece la Constitución y la Ley General de Sanidad sobre el derecho de los ciudadanos a la asistencia sanitaria, pero mejorando los procedimientos de incorporación a esta prestación».

«Nada ha cambiado en cuanto a la extensión del derecho, tan solo se clarifican los procedimientos de acceso para evitar el descontrol» que suponía el que «con solo empadronarse en España cualquiera tuviese acceso a la tarjeta sanitaria», señaló. También resaltó que se «homogeneizará la cartera común básica del Sistema de Salud, para que los ciudadanos tengan los mismos derechos y las mismas prestaciones, independientemente del lugar de residencia».

Desde el PNV, Emilio Olabarria denunció que la reforma es «brutalmente regresiva», criticó que «invade competencias autonómicas» y puso en duda que vaya a reducir la deuda.