Por permitir estudiar y ejercer su derecho a la docencia, y quince años después de que se produjeran los hechos, dos profesores de la UPV-EHU son juzgados desde ayer. Enrique Antolín y Xabier Aierdi se enfrentan a una petición fiscal de ocho años de inhabilitación por impartir docencia y evaluar a dos ciudadanos vascos, Ángel Lete y Belén González, deportados entonces en Cabo Verde y la República Dominicana. Este juicio es parte de un proceso judicial iniciado en 2005, en él se han revisado más de 500 expedientes de presos vascos e inicialmente se imputó a 36 trabajadores de la Universidad por «prevaricación y falsedad documental». Un despropósito inspirado en la legislación y el derecho penal del enemigo, socializado durante años, también con el concurso de algunos profesores de la UPV y ciertos periodistas que prepararon el caldo de cultivo al hablar de «privilegios» de los presos vascos e incluso de carreras universitarias regaladas sin examinarse.

Antolín y Aierdi han sido arropados por la comunidad universitaria. Más de un millar de profesores firmaron un manifiesto en su defensa, en todo momento han sido acompañados por el rector y su antecesor en el cargo. Llevar a estos dos docentes al banquillo de los acusados es un hecho hiriente para esta sociedad por lo que supone como ataque a derechos básicos y principios fundamentales y, además, por ser un acto específico contra lo vasco. Ningún otro profesor habría sido objeto de esa persecución si no fuera vasco y si no mediara la cruel política contra los presos vascos.

Y lo más grave aquí es que se pretende acostumbrar a este país a la idea de que es una sociedad con garantías permanentemente limitadas, llegando a inventar «delitos especiales» sobre los cuales se aplica la excepcionalidad e, incluso, la retroactividad. Ayer fue contra los profesores de la UPV-EHU, pero ese ensañamiento, un acto de cobardía del Estado reflejo de su instinto primitivo de venganza, es contra toda la sociedad vasca.