Observo en el debate abierto en las páginas de este diario sobre «la ciudadanía vasca ante el derecho de decidir» unas aportaciones muy interesantes desde el punto de vista de la soberanía política a la que tiene derecho Euskal Herria como el resto de pueblos del planeta. El derecho de autodeterminación y el derecho de decidir no sólo afecta, sin embargo, a la elección de un status político o de unas estructuras políticas determinadas. Afecta también a la elección de unas estructuras sociales, culturales, socioeconómicas. Porque no todas las estructuras son iguales, ni favorecen por igual a unas clases que a otras. No podemos olvidar que nuestra sociedad actual sigue estando dividida en clases. Porque el capitalismo no ha muerto. Porque sigue tan vivo y salvaje como siempre lo ha sido aunque ahora se vista de «neoliberalismo» y nos parezca que ha adoptado un rostro «más humano» o «menos salvaje». Por ello quisiera aportar otro enfoque del derecho a decidir más rela- cionado con el componente socioeconómico que afecta a toda nuestra sociedad.

En estas últimas semanas, una vez más, estamos asistiendo a ejemplos claros de la falta de respeto a lo que debería ser nuestra soberanía económica, para lo que, lógicamente y por supuesto, deberíamos contar con la soberanía política. Varios, y hay muchos más, son los ejemplos que podríamos resumir con titulares de prensa de las últimas semanas. En el campo del impuesto de sociedades en la CAV, una vez más, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha suspendido cautelarmente, a petición del Gobierno de la Rioja, el tipo impositivo del 32,6% del Impuesto de Sociedades de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. Un tipo impositivo que había sido acordado en diciembre de 2005 por las tres diputaciones forales de los tres territorios históricos vascos citados. ¿Cuántas veces ha ocurrido ya esta intervención judicial en relación con el impuesto de sociedades? Incontables. Pese al tan reclamado Estatuto Vasco y pese al Concierto Económico, no nos dejan decidir nuestros tipos de impuestos. Nuestro derecho a decidir tiene que afectar también a nuestro derecho a planificar nuestros impuestos, los de sociedades y de otros tipos.

En el campo de los recursos pesqueros, ahí seguimos, por ejemplo, con el tema de la anchoa en trance de extinción por la esquilmación de nuestros caladeros y por la utilización de métodos de pesca, como los pelágicos, que depredan nuestras costas y que son rechazados por los pescadores vascos pero les son permitidos a otros como los del Estado Francés. Mientras los vascos, con estudios científicos propios como los utilizados por el Instituto vasco de Investigación Azti-Tecnalia, creemos que hay que mantener la veda de la pesca de la anchoa durante más tiempo, otros, como el Gobierno español y el francés, y la misma Union Europea (UE), actúan hasta ahora en dirección contraria. No somos soberanos y dependemos de los Gobiernos español y francés, así como de la propia UE ante quien nos representan actualmente los ejecutivos de Rodríguez Zapatero y de Chirac. Nuestro derecho a decidir tiene que alcanzar también a nuestro derecho a planificar y gestionar nuestros recursos pesqueros y otro tipo de recursos naturales y económicos.

En el campo laboral, el día 1 de julio empezará a aplicarse en el Estado Español y también en Hego Euskal Herria una nueva reforma laboral que ha sido negociada en Madrid entre el Gobierno español, la patronal española y los sindicatos españoles CCOO y UGT. Ninguna central sindical abertzale ha participado en dicha negociación. El resultado de ese pacto, rechazado por los sindicatos abertzales, se impone, sin más, en Hego Euskal Herria. Algo similar ha ocurrido en Iparralde con el tema de los contratos laborales para jóvenes que tantas movilizaciones ha provocado. No somos soberanos y nuestro marco de relaciones laborales nos viene impuesto desde Madrid o París. Hasta el punto de que, por ejemplo, convenios colectivos como los de Banca, Seguros, Cajas de ahorros y otros sectores se negocian con plataformas estatales siempre distintas e inferiores a las reclamadas por los sindicatos abertzales. En el caso de las cajas de ahorros vascas hay que notar la contradicción de grupos políticos abertzales como PNV y EA, que defienden la soberanía política y asumen sin embargo el marco estatal en el ámbito laboral. Nuestro derecho a decidir tiene que ver también con nuestro derecho a un marco propio de relaciones laborales.

En el campo de las infraestructuras tenemos en Euskal Herria tres grandes puertos comerciales (Baiona, Bilbo y Pasaia) y cinco aeropuertos (Biarritz, Foronda, Hondarribia, Loiu y Noain). Su gestión está dirigida desde los Gobiernos de Madrid y París, aunque haya alguna participación local testimonial en el caso de los puertos. Al margen de otras consideraciones, las grandes infraestructuras a construir, ampliación del puerto de Pasaia o Superpuerto, la red ferroviaria vasca, centrales energéticas, el nuevo gaseoducto Euskadour... están tambien de forma sustancial en manos de los gobiernos español y francés. Nuestro derecho a decidir implica también que podamos ser dueños de nuestro territorio y planificarlo y ordenarlo conforme a nuestra propia voluntad soberana.

Para que podamos ser dueños de nuestro destino, planificadores de nuestras propias políticas económicas, sociales, laborales, así como de nuestros recursos naturales y de nuestras infraestructuras, deberemos ejercer nuestro derecho a decidir. En definitiva ejercer nuestro derecho de autodeterminación que respete todo tipo de derechos y en especial nuestros derechos políticos, económicos y sociales. Que respete la soberanía política y socioeconómica. Desde la apuesta ­¿ utópica?­ de quien suscribe por una Euskal Herria sin clases. Apuesta respetuosa, lógicamente, con otras opciones.-