Son muchas las razones que tenemos para parar el Tren de Alta Velocidad. No podemos aceptar un proyecto impuesto en el que la población de Euskal Herria no ha podido expresar su opinión. Es más, en las ocasiones en las que el pueblo se ha pronunciado a través de consultas populares ha manifestado un amplio rechazo. No queremos tolerar tampoco que fuerzas autonomistas, a través de infraestructuras innecesarias, nos sigan imponiendo la unión con los estados español y francés. Y es que este proyecto, además de los intereses crematísticos de las clases pudientes de Euskal Herria, responde a los intereses autonomistas y de los estados español y francés de mantener a Euskal Herria sometida a sus dictados. Zapatero, Ibarretxe, Sanz... hablan todos los días de democracia, pero olvidan que sin respetar la voluntad popular la democracia pierde su contenido y se convierte simplemente en un vocablo. Poco les importa a todos esos mercaderes y a sus amigos de poltrona el grave daño que este proyecto va a ocasionar a nuestra madre tierra, a los montes y valles, a nuestra agricultura... de Euskal Herria.

Tampoco nos resignamos a admitir un proyecto que simboliza el neoliberalismo más salvaje y que va a contribuir a precarizar las condiciones vitales de amplias capas de la población de Euskal Herria. Cada vez son más las voces que coinciden en afirmar que estamos asistiendo a la instauración de un nuevo orden social basado en la precariedad. Los recortes de derechos sociales y laborales que se están agudizando fundamentalmente tras la aprobación del tratado de Maastrich, nos alejan cada vez más de un modelo de «bienestar» y nos acercan a un modelo precario en el que la inseguridad es la tónica dominante. Y es que cada vez es más complicado acceder al disfrute de una vivienda, no tenemos asegurado un trabajo digno, ni unos ingresos bien vía renta de trabajo o pensión o prestación por encima del umbral de la pobreza, ni unos servicios socia- les públicos, ni... Y todo este proceso de precarización está adquiriendo cuerpo legal a través de leyes de suelo, leyes de igualdad, reformas laborales, reformas fiscales, planes directores... Este proceso se está produciendo en un momento en el que en Euskal Herria generamos una cantidad de riqueza cada vez mayor. Nos lo dicen Ibarretxe y Sanz. Y es cierto, creamos la suficiente riqueza como para que toda la población de Euskal Herria pueda vivir de manera digna. Lo que no nos dicen ni Sanz ni Ibarretxe es que cada vez esa riqueza se reparte de una manera más injusta, concen- trándose cada vez en menos manos. Y es que en Euskal Herria casi 900.000 personas viven con ingresos mensuales inferiores a 804 euros (umbral de la pobreza para Euskal Herria), más de 100.000 personas no pueden acceder al disfrute de una vivienda, se cuentan por miles las personas que se ven obligadas a sustituir las tareas de los servicios sociales porque éstos no existen o se privatizan...

El instrumento para corregir esta tendencia serían los presupuestos, pero éstos no están actuando como mecanismo de redistribución de la riqueza. Muy al contrario, en la parte recaudatoria se permite el fraude y las exenciones y desgravaciones fiscales, y en la parte de gastos no se atiende a las necesidades de la población y se destinan grandes cantidades de dinero al sector de la construcción. Es el caso del TAV, al que se van a destinar grandes cantidades de dinero. Si ya de por sí este tren iba a suponer una precarización de las condiciones sociales y laborales de la clase trabajadora ­deslocalizaciones de la producción que agudizan la tendencia local a la subcontratación y a la eventualidad, reconversiones de sectores productivos al sector servicios y a actividades logísticas...­, el hecho de que esta infraestructura se sufrague con dinero público va a implicar un recorte de los derechos sociales.

El oscurantismo de las diferentes administraciones hace difícil conocer el coste total de este macroproyecto. El movimiento popular está barajando la cifra de 6.000 millones de euros (una cantidad que sería suficiente para confeccionar un parque público de vivienda en alquiler social con las viviendas vacías existentes). Lo que sí se sabe ya es que para el año 2007 el Gobierno de Lakua ha anunciado que va a destinar 253 millones de euros a este proyecto. Con esta partida el Gobierno de Lakua podría rehabilitar más de 4.000 viviendas vacías y destinarlas al alquiler, o solucionar el problema de falta de plazas en las guarderías, o el de ausencia de camas y largas listas de espera en los hospitales, o subir hasta 804 las pensiones de una parte importante de nuestros aitonas y amonas, oŠ Está claro, la cuestión está en elegir qué es más importante. El TAV o el derecho a vivienda, a sanidad, a unos ingresos dignos, a unos servicios sociales de calidad. La respuesta de las instituciones es evidente. Prefieren un TAV que llene los bolsillos de unos cuantos aun a costa de precarizar las condiciones vitales de la población.

A esto se añade el gasto energético que supone una infraestructura de este tipo. Y es que a la cantidad de energía invertida en su construcción se le añade la necesaria para su mantenimiento. Esto explica que se impongan centrales térmicas contra la voluntad popular, como la de Boroa, que se empiece a resucitar la necesidad de la energía nuclear... Desde este punto de vista también, el TAV va a precarizar las vidas de la población, ya que le impondría un modelo energético contaminante y peligroso.

Por todas estas razones debemos parar el TAV. Porque es el símbolo del neoliberalismo salvaje que refuerza el proceso de precarización de la población ­recorte de gasto social, despilfarro energético, deslocalizaciones que agudizan la tendencia local a la subcontratación, la temporalidad..., cambio del modelo productivo...­ porque supone una imposición por encima de la voluntad popular, porque impone la hegemonía de los estados español y francés sobre Euskal Herria... Por todas estas razones y muchísimas más, es el momento de que nos organicemos y luchemos para parar este megaproyecto. Es el momento de alzar nuestras reivindicaciones para que la voluntad popular sea respetada. -