La directiva de servicios pactada por los Veinticinco afronta hoy su último trámite
·La comision de mercado interior ha propuesto al pleno que no presente mas enmiendas a la liberalizacion
Después de que los Veinticinco ratificaran sin apenas variación el acuerdo del Parlamento europeo en mayo, la Eurocámara se pronunciará hoy en segunda lectura sobre la polémica directiva de servicios, cuyo objetivo es eliminar trabas a la prestación de servicios por parte de compañías establecidas en otros estados, y que se convirtió en uno de los factores del «no» del Estado francés a la Constitución europea por miedo al «fontanero polaco».
BRUSELAS
Tras más de dos años y medio de tramitación, la Comisión de Mercado Interior de la Eurocámara ha decidido proponer al pleno que no se presenten más enmiendas a la posición común pactada por los Veinticinco el pasado 29 de mayo, que rebajaba sustancialmente el texto inicial y suavizaba sus aspectos más polémicos siguiendo las directrices del Parlamento en primera lectura. No obstante, el pleno todavía puede decidir presentar enmiendas adicionales. El acuerdo de los Veinticinco fue posible después de que se introdujera una disposición que obliga a todos los gobiernos a informar a la Comisión de todos los requisitos y autorizaciones que exija su legislación para la prestación de servicios, y a justificarlos. El Ejecutivo comunitario los transmitirá al resto de países de la UE y, además, elaborará un informe anual con «análisis y orientaciones» sobre esta cuestión. Además, el compromiso establece que el plazo para adaptar la directiva a las legislaciones estatales es de 3 años y no de 2, como estaba inicialmente previsto. Asimismo, se decidió excluir a los notarios de su campo de aplicación. La directiva elimina trabas que ahora encuentran las empresas cuando pretenden instalarse en otro Estado miembro. Así, los países de la UE tendrán la obligación de simplificar sus procedimientos y formalidades, cuando, sometidos a examen, éstos no sean «lo suficientemente simples». También se incluye el establecimiento de ventanillas únicas para simplificar los trámites y para que el prestador pueda resolver todas las gestiones a través de un único punto de contacto, en lugar de tener que ir de una ventanilla a otra. La posibilidad de realizar los procedimientos por vía electrónica es otro de los elementos de la directiva. La norma persigue que el establecimiento en otro Estado miembro sea lo más fácil posible. Si se establece un régimen de autorización, el país que lo haga deberá justificarlo, debe ser por interés general y no debe discriminar entre operadores nacionales o de otros estados miembros. Los criterios deben ser claros, objetivos y no discriminatorios. También se flexibiliza la duración de la autorización, que en principio no debe estar limitada salvo excepciones precisas. El texto precisa los requisitos que estarán prohibidos. Por ejemplo, los países no podrán usar la nacionalidad o residencia para supeditar el ejercicio de un servicio. Una serie de requisitos estarán permitidos, pero el Estado miembro deberá evaluar que son no discriminatorios, necesarios y proporcionales. Entre este tipo de requisitos figura entre otros las restricciones vinculadas a la población o a una distancia mínima. Por ejemplo, las limita- ciones o la apertura de centros comerciales podrán mantenerse siempre que sean no discriminatorias y estén justificadas. La directiva establece el principio de libertad de prestación de servicio, pero permite al país donde se presta el servicio introducir requisitos adicionales (respecto a los del país en que esté establecido el prestador) cuando estén justificadas «por razones de orden público, de seguridad pública, de salud pública o de protección del medio ambiente». Y precisa que no impedirá que los estados miembros apliquen, de conformidad con el derecho comunitario, sus disposiciones sobre empleo, incluidas las resultantes de convenios colectivos. Cualquier restricción habrá de ser no discriminatoria, proporcional y necesaria. El texto también detalla qué pueden y no pueden hacer los países donde se presta el servicio.
Exclusiones que posibilitaron el acuerdo
BRUSELAS Los servicios no económicos de interés general están excluidos, en línea con la primera lectura parlamentaria. La definición de estos servicios compete al Estado miembro. Quedan fuera del ámbito de aplicación los servicios audiovisuales y los servicios cinematográficos. También los servicios sociales y los servicios proporcionados por asociaciones de beneficencia. La posición común confirma la exclusión de los servicios de las empresas de trabajo temporal, los servicios sanitarios, las actividades de juego por dinero, y la fiscalidad. Entre los servicios incluidos se encuentran los de asesoramiento a empresas, gestión, consultoría, certificación, mantenimiento, publicidad, relacionados con la contratación de personal, o los servicios de agentes comerciales. Servicios de asesoramiento jurídico o fiscal, agencias inmobiliarias, construcción, incluidos los servicios de arquitectos, distribución y centros comerciales, la organización de ferias o el alquiler de vehículos y las agencias de viajes, guías turísticos, los servicios recreativos, los centros deportivos y los parques de atracciones son algunos de los ejemplos citados en el texto. Como propugnó el Parlamento, la norma no afecta al derecho laboral ni a los convenios colectivos. Cuestiones como salario mínimo, vacaciones, seguridad en el trabajo, seguridad social están totalmente fuera del ámbito. La empresa prestataria tendrá por tanto que cumplir las disposiciones vigentes en el país de prestación del servicio. La supresión del «principio del país de
origen»
El «principio del país de origen» recogido en el borrador redactado por el ex comisario europeo de Mercado Interior Fritz Bolkestein generó una gran polémica ya que posibilitaba prácticas de dumping social al permitir que las empresas instaladas en otros estados aplicaran las condiciones laborales de su país de origen a los trabajadores. En marzo pasado, los jefes de Estado y de Gobierno respaldaron una serie de cambios entre los que se encontraba la supresión de este capítulo.
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