Un total de 50 organizaciones juveniles independentistas de 30 estados diferentes han firmado el documento «Ireki aukerak independentziari Euskal Gazteria aurrera!» y se han adherido a la manifestación convocada por el movimiento juvenil vasco para denunciar los últimos ataque sufridos. Precisamente, la Audiencia Nacional española decidió prohibir ese acto apenas horas después de que representantes de algunos organismos firmantes (Yesca, Maulets, Ogra Sinn Fein, Alternative Libertarie y Emgan) comparecieran ayer ante los medios, en Donostia, para hacer pública la declaración de apoyo a Segi.

«Venimos de tradiciones culturales diferentes y desarrollamos nuestra labor social y política en realidades diferentes, pero esta vez hemos decidido hablar con una sola voz para denunciar el último ataque contra el movimiento juvenil independentista en general y contra Segi en particular», explicó el representante de la organización castellana. Como se recoge en el texto, declarando a Jarrai, Haika y Segi «terroristas», se ha convertido en «terrorista» el proyecto político del independentismo juvenil vasco. «A partir de ahora -subrayan-, organizarse y luchar en la disidencia política será un delito, penado entre 6 y 10 años de cárcel. Con esta sentencia, se condena al conflicto a la juventud y a todos los ciudadanos vascos en general».

La delegación internacional también se refirió a la labor de Segi: «Ha creado cientos de proyectos con el mismo objetivo: una manera alternativa para enterden la vida pública sin dependencia». Por ello, entiende que se declara «terrorista» una opción política: «En el nombre de la democracia y bajo la protección del poder, han intentado erradicar toda tentativa de independentismo». Sin embargo, subrayaron que el movimiento independentista juvenil vasco tiene fuertes raíces.

«Esto se puede generalizar»

Además de firmar el documento comentado, estas organizaciones juveniles mostraron su disposición a participar en la manifestación que el movimiento juvenil ha convocado para hoy y que el juez Baltasar Garzón decidió prohibir.

Miembros de Maulets, organización catalana que se ha adherido al documento, calificaron de «injusta» la sentencia y alertaron que ésta podría repercutir también en otras organizaciones que cuestionan al Estado español. «Esto ha empezado en Euskal Herria, pero podrían meter en el mismo saco a todas las personas que cuestionen la democracia española, que al fin al cabo no es democracia ni es nada». Además, consideraron que sólo unidos podrán hacer frente a «este tipo de ataques».