El comité de trabajadores del Ayuntamiento de Gasteiz exigió ayer la ejecución de la sentencia del TSJPV que ha dado la razón a las educadoras de las escuelas infantiles en contra de la opinión del Ejecutivo del PP. Esta sentencia declara nulo el decreto de Alcaldía del 27 de julio de 2004 que modificaba las condiciones laborales de las empleadas y el modelo de organización de las escuelas infantiles.

El comité calificó de «demoledor» el fallo judicial, que también declara la radical nulidad del acuerdo de la Junta de Gobierno de 30 de julio de 2004 que modificó la relación de puestos de trabajo y que derivó en la eliminación de un total de 130 puestos.

Según el tribunal, el Consistorio no siguió el procedimiento legal para adoptar estas decisiones que correspondían al pleno. También eludió las vías legales para crear otros 83 puestos con otras condiciones, sin haberlas negociado con el comité.

Los representantes de los trabajadores estimaron que, como consecuencia, quedan anulados todos los actos que con posterioridad a la fecha del decreto se hayan realizado sobre las escuelas infantiles. Además, solicitarán una reunión urgente a todos los grupos políticos.

Alonso dice que no tiene efecto

Por su parte, el alcalde, Alfonso Alonso, anunció que recurrirá la sentencia del TSJPV contra el fallo que anula su decreto «porque entendemos que no tiene razón y que se ajustaba a las competencias que corresponden al alcalde».

Sin embargo, no recurrirá la nulidad del acuerdo de la Junta de Gobierno local, porque en este caso «entendemos que el juez tiene razón» al considerar que esta decisión «podría invadir competencias del pleno». No obstante, Alonso sostuvo que la sentencia «no tiene ningún efecto práctico», ya que el 22 de abril de 2005 el Pleno municipal aprobó el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la red de escuelas municipales infantiles, mediante el que se regirán estos centros durante los próximos años.

Alonso insistió en que el decreto ahora anulado se aprobó por «razones de necesidad y urgencia» ya que las educadoras reclamaban menos horario de trabajo y más salarios, una situación que «no era asumible» por parte del Ayuntamiento, y recalcó que no se arrepiente de haber tomado dicha decisión.

Por otra parte, anunció que paralizará la Oferta Pública de 75 puestos de educadoras de las escuelas infantiles, porque «no hay una seguridad jurídica en la definición del modelo»..