El Estatuto redactado en 1931 en base al anteproyecto de Eusko Ikaskuntza recogía en su primer artículo que «se declara que el País Vasco, integrado por las actuales provincias de Alava, Gipuzkoa, Nabarra y Bizkaia, constituye una entidad natural y jurídica, con personalidad política propia, y se le reconoce como tal el derecho a constituirse y regirse por sí mismo, como Estado autónomo dentro de la totalidad del Estado español». A esto añadía a continuación que «el pueblo vasco es reconocido como soberano en todo lo que no está limitada su soberanía por las atribuciones de que taxativamente hace cesión, en este estatuto, al Gobierno español». El texto fue inicialmente apoyado por mayoría por los ayuntamientos de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa.

Salta a la vista que los dos nudos que todavía hoy siguen sin desatarse en Euskal Herria -territorialidad y soberanía- se situaban ya en el frontispicio de la declaración de aquel Estado vasco. Y también se puede observar que entonces, como hoy, se impuso la estrechez de miras del Estado español, porque el proyecto no fue finalmente aceptado por el Gobierno de Madrid y, con el paso de los años y la traición de los portavoces de algunos ayuntamientos al mandato popular, derivó en 1936 en un Estatuto para tres provincias, sin derecho a decidir y aprobado en plena guerra.

Frente a lo que algunos han querido mantener, cabría recordar que la izquierda navarra comprendió con nitidez la necesidad de que Nafarroa se sumara al resto del país. El presidente del Frente Popular Navarro y los representantes de Izquierda Republicana, Unión Republicana, Acción Nacionalista Vasca, PSOE, PCE, Juventudes de Izquierda Republicana, Juventudes Socialistas, Juventud Comunista y UGT, solicitaron al Gobierno español -como recordaba en un artículo José Mari Esparza- que «facilitara la entrada de Navarra en el Estatuto Vasco, proporcionando una mayor comunidad de fuerzas de izquierda y de afanes de democratización social entre las cuatro provincias».

La alternativa KAS

A la muerte del dictador Francisco Franco se abre una nueva oportunidad de superar el conflicto. La mayoría de la ciudadanía de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa, además de la mayoría de los partidos, defendía el derecho a decidir libremente su futuro y la creación de un único ente autonómico.

También la izquierda abertzale contemplaba la autonomía política como una base democrática para alcanzar después sus aspiraciones de independencia. La primera redacción de la Alternativa KAS, presentada en Iruñea el 30 de agosto de 1976, contemplaba entre otras reivindicaciones para poner fin a la lucha armada «el reconocimiento de la Soberanía Nacional de Euskadi, lo que conlleva el derecho del pueblo vasco a disponer con entera libertad de su destino nacional y la creación de un Estado propio; «el establecimiento inmediato y a título provisional de un Estatuto de Autonomía en Araba, Gipuzkoa, Nafarroa y Bizkaia»; y «la constitución, en el marco de tal Estatuto, de un Gobierno Provisional de Euskadi».

Soberanía y gestión

El 30 de enero de 1978 la Alternativa se adapta al momento y el punto quinto reivindica un Estatuto de Autonomía que reconozca «la soberanía nacional de Euskadi y el derecho de autodeterminación, incluido el derecho a la creación de un estado propio». Propone que «el euskara sea lengua oficial, prioritaria de Euskadi», la sustitución de las «fuerzas represivas» y una serie de derechos económicos.

Pero el Estado español consideró que tenía alternativas más baratas. Como eje de su operación consumó la partición del país. Según afirmó Xabier Arzalluz, fueron los militares españoles los que se opusieron a una autonomía que reuniera a los cuatro herrialdes porque ello daba una entidad territorial importante a la comunidad resultante.

Por un lado, en Nafarroa la Ley D'Hont dio a la derecha la mayoría de representantes que no tenía en votos populares y este herrialde no se unió al resto del país en la etapa preautonómica. En 1982, en vísperas de que el PSOE pudiera acceder a La Moncloa, este partido cambió también su discurso, el PSN se desgajó del PSE y buscó en Nafarroa una comunidad en la que aprovecharse de los beneficios que reporta el poder.

El Estado español concedió a la CAV importantes niveles de gestión -que no de soberanía-, con la esperanza de que también el PNV se concentrara en esa labor. Con un Estatuto restringido y el empleo de la represión y la guerra sucia, esperaba acabar con la izquierda independentista y con las reivindicaciones nacionales de Euskal Herria.

Nueva fase

Pero el Estado calculó mal. Hace diez años el marco autonómico empezó a dar señales de crisis y agotamiento. Desde entonces, en Euskal Herria se buscan fórmulas para superar dicho colapso e instaurar un escenario verdaderamente democrático que supere los obstáculos con los que se viene tropezando desde el año 1931.

Ahora hay abierta una nueva oportunidad. Quienes la han trabajado aseguran que puede ser la definitiva. El debate parece situarse en ese contexto y no en términos menores de mera propaganda. ¿Dejarán perder también este tren?