La ministra belga de Justicia confirmaba esta semana que los servicios secretos de su país no tienen ninguna investigación en curso sobre Batasuna y descartaba que su Gobierno tenga algo que ver con la colocación del sofisticado sistema de espionaje localizado en la sede de la izquierda abertzale en Bruselas. Laurette Onkelinx anunciaba al tiempo la apertura de forma inmediata de una investigación al considerar «extremadamente grave» la más que plausible intervención de unos espías extranjeros en territorio de la federación.

De que éste es un caso de extrema gravedad hay pocas dudas. Máxime cuando no estamos ante un hecho aislado ni mucho menos ante una práctica limitada en el tiempo. En la memoria de todos está el caso del espionaje en la sede de HB en Gasteiz en los años 90. En este sentido, bien puede decirse que el hecho de que una opción política quepa en la legalidad española o esté fuera de ella no cambia realmente mucho las cosas.

En todo caso, y dado el aire enrarecido que emana de los estamentos de justicia y el ambiente no menos encrespado de la escena política, llama poderosamente la atención que ni los jueces ni los políticos hagan casus belli del espionaje a la actividad de una organización política. Curiosamente tampoco quienes en los últimos tiempos impregnan páginas de prensa con lo hecho o no hecho por los demás, y en particular por ETA, en el tiempo transcurrido del 22 de marzo al 30 de diciembre de 2006, demuestran mayor afán por esclarecer el escándalo que supone colocar un «chivato» en el vehículo de una persona que ejerce labores de asesoramiento en el grupo negociador de la izquierda abertzale.

Por lo demás, resulta inevitable, porque así lo han querido los agentes que han colocado dispositivos de escucha en Bélgica, internacionalizar la reflexión sobre el espionaje a formaciones políticas. Y de nuevo es Irlanda donde encontramos referencias. En 1999 se destapó un caso similar, igualmente en un vehículo. Los servicios secretos de su Majestad escucharon las conversaciones de Gerry Adams con miembros de la comisión internacional de desarme colocando un dispositivo de escucha en el techo del coche que empleaba en sus desplazamientos oficiales. En 2002 se produjo otro episodio si cabe más grave, al tener como escenario el Palacio de Stormont. Londres suspendió el ejecutivo autónomo tras revelarse en octubre de ese año un supuesto caso de espionaje de la sede legislativa atribuido oficialmente al IRA. Al partido republicano le llevó tres años demostrar que en realidad era Sinn Féin la víctima del espionaje, ya que los británicos habían conseguido tener un «topo» en su equipo parlamentario. En abril de 2006, la «oreja» de Londres en la oficina de Sinn Féin, el veterano militante republicano Denis Donaldson, apareció muerto de varios disparos en una solitaria casa rural.

Ni que decir tiene que la prensa británica dedicó páginas enteras a seguir un caso con inevitables implicaciones en el proceso de paz. No hemos visto, de momento, un interés similar en la prensa cercana. Ni el hallazgo de dispositivos, ahora en Hego Euskal Herria, y no hace tanto en la sede de Batasuna en Baiona, han provocado la reacción que debería despertar, tanto en el plano político como en el ámbito judicial, una actuación que cuestiona la libertad política y, por tanto, lesiona los principios en los que se asienta un sistema democrático. Las democracias se retratan en casos como estos.

Retrata «The Times» y se retrata la Ertzaintza

La imagen de la semana la capturó «The Times». El diario londinense publicó una información que cualquier medio de comunicación debería estar interesado en difundir. Pero ha sido un medio británico el que se ha trabajado una exclusiva que las grandes cabeceras españolas tenían al lado de sus redacciones. La fotografía de Iñaki de Juana ha provocado un fuerte impacto, que el Gobierno y sus medios de comunicación más cercanos han tratado de solapar con una artificial polémica sobre lo que falló para que alguien pudiera captar unas instantáneas que ponen en evidencia el grado de deshumanización a que puede llegar el mismo Estado que a cada paso reclama ejercicios de contrición a la izquierda independentista. Y La filial vasca del partido que gobierna en Moncloa desfilando en Bilbo en la marcha de Gesto por la Paz...

Sin embargo, nada de eso escandaliza al PNV, que por boca de su portavoz, Josune Ariztondo, explicaba su presencia en ese acto porque con ello «se abren espacios a la paz». El PNV tendrá sus motivos para compartir cortejo con el PSOE y con el PP, pero lo que no puede pretender es hacer creer a la sociedad vasca que por codearse tras una pancarta contra ETA con quienes desde parlamentos y tribunales arremeten contra la libertad política favorece un escenario de paz y democracia. Hay fotografías que retratan. La de Iñaki de Juana retrata al Estado, pero también a un tripartito incapaz de pedir su libertad desde el Parlamento de Gasteiz. Como les retrata la imagen de la Ertzaintza empleando la violencia contra una convocatoria ciudadana para denunciar que se usurpa incluso el derecho a protestar por el hurto de libertades.