Dónde estarán los niños de la guerra? ¿Quién velará sus sueños y sus vidas? ¿Quién les dirá dónde está su tierra? (...) ¿Dónde estarán sus recuerdos de infancia? Quizás perdidos en un rincón oscuro (...) ¿Dónde estarán los niños de la guerra, los que extraviaron su historia y su pasado? (...) Miles de niños que desaparecieron con su inocencia curtida de silencio (...) ¿Quién secuestró el sol de sus pupilas? ¿Quién les dirá que son sobrevivientes? ¿Quién curará sus heridas del alma? ¿Quién les dirá sus nombres verdaderos? (...)». El cantautor nicaragüense Luis Enrique Mejía Godoy explica perfectamente la realidad de los niños desaparecidos en su canción «¿Dónde estarán?».

Responsables de la Asociación Pro Búsqueda de El Salvador han realizado estos días una gira por distintos lugares de Europa, entre ellos Euskal Herria, para trasladar a este lado del Atlántico la realidad de los niños desaparecidos en ese pequeño país centroamericano durante los once años del conflicto armado (1980-1991) y recabar apoyo para esta causa. Una gira que ha coincidido con la celebración en París de la conferencia internacional sobre «niños soldado», organizada por Unicef y el Gobierno francés.

El jesuita e ingeniero vasco Jon Cortina fundó esta ONG en 1993 -aunque su constitución formal data de agosto de 1994- para tratar de encontrar a los niños que durante la guerra sufrieron desaparición forzada, delito considerado de lesa humanidad, y promover el encuentro y su reintegración familiar, contribuyendo, así, al restablecimiento de su derecho a la identidad y a la reparación moral y material de las víctimas.

«Estos niños tienen derecho a conocer a sus padres, a conocer sus verdaderos nombres, a saber dónde nacieron, quiénes son, quiénes son sus padres y su familia. Ellos necesitan conocer su identidad», decía Jon Cortina, que sobrevivió en 1986 a la masacre en la UCA (Universidad Centroamericana).

Entre mil y dos mil

La asociación nace en Guarlija, en el departamento de Chalatenango, de la insatisfacción de un grupo de familiares de niños desaparecidos, ante el resultado del proceso de cumplimiento de los Acuerdos de Paz y, más en concreto, de que la Comisión de la Verdad no incorporara de manera específica en su informe «De la locura a la esperanza» la problemática de la niñez desaparecida.

Los actuales responsables de Pro Búsqueda recuerdan que el bilbaino Jon Cortina «empezó con dos madres que se le acercaron y le dijeron que no sabían dónde estaban sus hijos y él tiró del hilo». Hasta la fecha, la asociación ha resuelto 320 casos y tiene pendientes 467 más. Han encontrado a 43 de aquellos niños fallecidos, algunos de ellos «no pudieron sobrevivir a las embestidas de los operativos militares». Sin embargo, apuntan que cada año reciben una media de entre quince y veinte nuevos casos y calculan que los menores desaparecidos durante el conflicto son entre mil y dos mil, cifra que califican de «modesta y prudente». Además, constatan que en muchos casos las operaciones militares acabaron con la vida de familias o comunidades enteras, en las que sólo sobrevivieron niños, cuya desaparición es difícil que alguien la denuncie.

En El Salvador, la desaparición forzada, tipificada por el Comité contra la Tortura de la ONU como una de las peores violaciones de los Derechos Humanos porque «mientras no se resuelve, perdura en el tiempo», ha sido una forma de agresión contra la niñez y una «práctica del Estado» durante los años de conflicto armado, en los que agentes de seguridad, militares y particulares cometieron este tipo de hechos con impunidad y «con el apoyo o aprobación del Estado».

Maneras y motivos

La forma y los motivos por los que esos niños fueron hechos desaparecer varían. Muchos fueron arrancados de brazos de sus familiares por militares que participaban en operativos de contrainsurgencia y otros fueron encontrados entre cadáveres después de una masacre contra poblaciones campesinas o un enfrentamiento armado. Según datos de los archivos de Pro Búsqueda, la Fuerza Armada fue responsable directa del 56% de los casos documentados, mientras que a los miembros del FMLN se les imputan el 8% de los casos.

Tan dispar como la forma en que fueron arrebatados a sus familiares lo fue su destino. La guerrilla obligó a algunas familias a dejar a sus hijos en «casas de seguridad» para que sirvieran de pantalla de las actividades clandestinas, según la ONG, o fueron reclutados para incorporarlos como «correos» o combatientes regulares.

En el caso de los niños que se llevaron los militares, los casos ya resueltos evidencian que algunos vivieron en orfanatos del país; otros fueron dados en adopción «legal» a familias extranjeras con sus identidades parcialmente o totalmente cambiadas; algunos más fueron víctimas de apropiación ilegal o de tráfico infantil y también los hay que vivieron parte de su niñez en una base militar, aunque de estos últimos muy pocos han sido encontrados.

El 65% de aquellos niños desaparecidos eran menores de 7 años y procedían de zonas rurales. Muchos de ellos de Chalatenango, una zona en la que en su momento habitaron alemanes y, por lo tanto, había muchos niños «blanquitos y de ojos claros» que fueron «comprados» por parejas estadounidenses o europeas que, en sus países de origen, no podían adoptar y que, entonces, pagaban 15.000 dólares por un niño salvadoreño. Mario Sánchez, gerente general de Pro Búsqueda, señala que se decía a muchos padres adoptivos que eran huérfanos y a los niños, que sus padres biológicos los habían abandonado.

Recuerda que la embajada de Estados Unidos tramitó durante la guerra unos 2.500 visados de adopción, «posiblemente muchos de ellos era niños desaparecidos».

Pero además de las adopciones irregulares, «muchos militares adoptaron niños a cuyas familias ellos mismos mataron», denuncia. En el caso de la matanza del Mozote, en Morazán, hubo niños que quedaron en manos de los soldados y, al crecer, se convirtieron en soldados.

«Quitar el agua al pez»

Uno de los objetivos de aquella guerra contra la insurgencia que practicó el Estado salvadoreño era «quitar el agua al pez», como sus responsables decían, una idea que fomentaba Estados Unidos. Para ello, si no los mataban directamente, como ocurrió en el Mozote, arrebataban violentamente sus hijos a las familias de izquierda para «educarlos en familias militares o para eliminar una generación» de izquierdas. Y había tráfico de niños, un «negocio muy lucrativo para militares, soldados, funcionarios, abogados, empresarios y ciudadanos normales».

Al margen de estas circunstancias y de que muchos de los niños que quedaron en manos de militares se incorporaron muy jóvenes al Ejército, los salvadoreños de entre 10 y 15 años se vieron también afectados por el «reclutamiento forzado de menores para el conflicto», una situación que retrata el director de cine mexicano Luis Mandoki en su película «Voces inocentes». En ella se cuenta la historia de Chava, de 11 años, que vive en Cuscatacingo, una localidad convertida en campo de batalla entre la guerrilla y el Ejército y que está a punto de cumplir 12 años, lo que implicará su reclutamiento forzado por el Ejército para luchar contra el FMLN, por lo que tiene que escapar. «Tengo sed, me duelen los pies, tengo piedras en mis zapatos... de seguro nos van a matar... ¿pero por qué nos van a matar? si no hemos hecho nada...», dice una voz en off al inicio de la película, cuyas primeras imágenes muestran a tres niños capturados por el Ejército.

Mario Sánchez, que asegura que el reclutamiento forzado no fue el hecho fundamental de las desapariciones de menores en El Salvador, no duda al afirmar que los niños fueron «víctimas de la estrategia de tierra arrasada del Estado salvadoreño, víctimas del terror político, del terrorismo de Estado». Denuncia que sólo tres días después de la publicación del informe de la Comisión de la Verdad, el Gobierno promulgó la Ley de Amnistía. «El Estado cometió muchos de los delitos, pero, además, es cómplice y ha ocultado esta problemática», afirma.

Sin embargo, el Estado salvadoreño «ha negado su responsabilidad y ha negado la justicia efectiva» ante una situación que «deja una huella muy profunda en la sociedad», asegura Sánchez, por lo que insiste en que «hay que exigir justicia y reparación». Además, critica «la resistencia terrible y el sabotaje a la hora de admitir estos casos» por parte de la Asamblea Legislativa.

Día Internacinal

No obstante, considera importante que la Cámara declarara el 29 de marzo del Día de la Niñez Desaparecida durante el Conflicto Armado en El Salvador, aunque Pro Búsqueda propuso que la fecha escogida fuera el 2 de junio, día en que en 1982 desaparecieron las hermanas Ernestina y Erlinda Serrano Cruz. Es una decisión «muy importante, porque supone reconocer, de alguna manera, que la desaparición forzada existe y hay un responsable», aunque el Estado, que no ha suscrito la Convención Americana contra la Desaparición Forzada, no asuma su responsabilidad. En cualquier caso, apuntan desde la asociación que esta decisión debería traer como consecuencia el cumplimiento por parte del Estado de sus obligaciones en la determinación de los responsables, la aplicación de la justicia y la reparación de los daños causados.

Pese a todos los obstáculos, la asociación sigue trabajando para lograr el reencuentro de esas familias con sus, entonces niños, desaparecidos, de los que, ya adultos, depende los lazos que se establezcan de cara al futuro con su familia biológica. «Normalmente siguen con su vida, pero enriqueciéndola con la verdad, con su identidad recuperada y en contacto con su familia», asegura Sánchez.

«Sólo nosotros sabemos lo que tú sufriste y todo el dolor que tienes adentro, porque al contar la historia siempre nos va a llevar a lo que nosotros sentimos; no sé cuántas veces lo contemos, pero es un dolor que nunca termina», expresó Andrea Dubón, una joven encontrada, al guionista de «Voces inocentes», Oscar Torres, quien llevó su experiencia personal al cine.