La renovación del Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva 2007 (ANC) entre las patronales CEOE y Cepyme y los sindicatos CCOO y UGT ha desatado en Euskal Herria la crítica de ELA y LAB. Por sexto año consecutivo, empresarios y sindicatos firman ese compromiso que tiene como objetivo principal la moderación salarial, sin tener en cuenta la evolución económica y empresarial del momento, y el intento de situar en Madrid el centro de la discusión de los convenios colectivos, entre otras materias sociolaborales, negando el carácter propio a marcos de relaciones laborales como el vasco. En el extenso texto se analiza la situación económica. Se reconoce que la evolución en 2006 ha sido más positiva de la prevista, pero añade que la inflación ha sido el punto más negativo en el Estado español, lo que podría «agravar» la competitividad de las empresas.

El texto del acuerdo reconoce, como un éxito, que «el moderado incremento de los salarios, que han propiciado los sucesivos acuerdos desde 2002 firmados por los interlocutores sociales, ha sido un factor coadyuvante en la consecución de las importantes tasas de creación de empleo que viene registrando la economía española». Los datos estadísticos muestran esa realidad, ya que el Estado español cuenta con uno de los porcentajes más elevados de los salarios bajos en el conjunto de la Unión Europea. A pesar de ello, CEOE, Cepyme, CCOO y UGT reconocen que la productividad «ha tenido unos registros pobres» a lo largo de los últimos años. La razón, en este caso, se explica, entre otros factores, «por un ciclo de crecimiento cuyo motor son los sectores intensivos en mano de obra, en los que muchos de los puestos de trabajo que se crean son poco productivos, no requieren cualificación y su remuneración es baja».

La OCDE ha confirmado recientemente que en el Estado español los salarios reales sólo han crecido medio punto desde 1994 a 2005, por lo que la pérdida real de poder adquisitivo está agravándose en un momento en el que el crecimiento de la economía es elevado, sobre todo en el Estado español y en Hego Euskal Herria, y porque los beneficios económicos de las empresas están alcanzando cifras históricas que no repercuten en el conjunto de la clase trabajadora.

Inflación, puesta por el gobierno

Desde hace ocho años ambas partes mantienen unos criterios parecidos para situar a las empresas en una posición competitiva a costa de los esfuerzos de los trabajadores. Nunca llega el proceso inverso, que el esfuerzo recaiga en los empresarios y éstos eleven no sólo los salarios, sino las condiciones de trabajo y sociales en los empleos. Entre los criterios existentes para la determinación de los incrementos salariales, CEOE, Cepyme, CCOO y UGT determinan que «la negociación salarial debe tomar como primera referencia el objetivo de previsión de inflación del Gobierno, fijado para el año 2007 en el 2%». Las cuatro organizaciones recomiendan que «no se utilicen otras previsiones de inflación distintas de las oficiales, desaconsejándose, en consecuencia, la identificación de otros parámetros ya sea en un ámbito sectorial específico, ya sea en un ámbito territorial determinado». Sólo se podrían elevar los salarios «hasta los límites derivados del incremento de la productividad», siempre y cuando no pusiera «en peligro» la actividad empresarial. También fija el establecimiento de la cláusula de revisión salarial.

En el acuerdo amplio también se hace referencia a otros aspectos relacionados con el mundo del trabajo. CCOO, UGT, CEOE y Cepyme afirman que «la estabilidad del empleo debe seguir presente en la negociación colectiva, sin perjuicio de mantener un marco de contratación temporal que permita responder a las necesidades coyunturales de producción de bienes y servicios, y de articular instrumentos de flexibilidad, entre ellos, las nuevas formas de organización del trabajo, y tener en cuenta que los mecanismos de adaptación internos son preferibles a los externos y a los ajustes de empleo. En este contexto -según indica el texto del acuerdo- se debe perseguir el adecuado equilibrio entre flexibilidad para las empresas y la seguridad para los trabajadores». Sin embargo, la realidad del mercado laboral demuestra que la temporalidad es muy alta y con una pérdida creciente de derechos de los trabajadores.

Entre otra serie de acuerdos, CCOO, UGT, CEOE y Cepyme abordarán la creación de un observatorio sobre el absentismo laboral y sectorial. «El absentismo injustificado conlleva una pérdida de productividad e incide de manera negativa en los costes laborales, perjudicando con ello la competitividad de las empresas y la posibilidad de mejorar los niveles de empleo y renta de los trabajadores». Para ello, sindicatos y empresarios afirman que en los convenios colectivos se deberían de identificar las causas del absentismo y sus efectos, a la vez que reclaman que se establezcan criterios para su reducción. En este ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo los firmantes comparten «el compromiso de contribuir con mayor eficacia a la prevención de riesgos laborales y la reducción de la siniestralidad laboral».

Adolfo Muñoz, «Txiki», responsable de Negociación Colectiva de la ejecutiva de ELA, reconoce que ese modelo de acuerdo entre CCOO, UGT, CEOE y Cepyme «está agotado» y culpa a los sindicatos españoles de dejar «a la patronal que gestione la negociación colectiva como si estuviéramos en crisis». Esta central sindical valora el acuerdo de forma negativa y recuerda que «para quienes deseamos poner coto a la precariedad y luchamos por un reparto más justo de la riqueza, este tipo de acuerdos no debe ser ningún referente a tener en cuenta a la hora de plantear reivindicaciones».

Para el representante sindical, la firma reiterada de ese compromiso con los empresarios supone «una desactivación de la negociación colectiva como elemento para la mejora de las condiciones de los trabajadores, porque el contenido y las referencias que realiza a lo largo de los cincuenta folios son inútiles para hacer frente a los problemas que tenemos en el mundo del trabajo».

Muñoz lamenta que CCOO y UGT no tengan en cuenta la coyuntura económica a la hora de adoptar medidas salariales, de empleo y sociales. «Les es indiferente -dice el miembro de la ejecutiva de ELA- que los beneficios empresariales batan récordes porque, pase lo que pase, las referencias son la mismas que cuando estábamos en recesión económica en los años 1992 y 1993». Esa central sindical considera, por otro lado, que la referencia en la inflación prevista por el Gobierno español no tienen sentido los incrementos salariales moderados «para salarios de 700 euros mensuales . Son una tomadura de pelo». Añadió que «ese acuerdo es inútil para hacer frente a la precariedad».

Negociación centralizada

También critica que la firma del acuerdo «pivota en una negociación colectiva centralizada. La apuesta por los ámbitos sectoriales, bien sea de sectores o de negociación de empresa estatatal, proliferan. Tienen dos características, que a la patronal no le cuesta nada reconocer el monopolio de la negociación colectiva a ese tipo de sindicalismo, porque los empresarios otorgan la facultad de la negociación si aceptan los contenidos que ellos acuerdan». La segunda característica que expresa el representante de ELA «esos ámbitos de negociación estatales son de debilidad sindical. No se convoca una huelga nunca, da lo mismo que sea del sector de banca, de grandes almacenes y empresas de distribución, como Eroski. Los contenidos son todos iguales. Da lo mismo lo que ganen o dejen de ganar».

Adolfo Muñoz concluye que «es una alianza perversa para vaciar de contenido la negociación colectiva».

José Luis Rezabal, miembro de la ejecutiva de LAB, criticade forma rotunda el acuerdo que se repite año tras ano y acusa a CCOO y UGT de «compartir diagnóstico y terapia que la patronal propone para las orientaciones de la negociación colectiva». Insiste en que el acuerdo logrado entre empresarios y sindicatos españoles «renuncia a una política salarial reivindicativa y ambiciosa, que tenga como objetivo un reparto equitativo de la riqueza y sí hay una aceptación por parte de los sindicatos firmantes de que los salarios son los grandes sacrificados en la negociación colectiva en un período, precisamente, de bonanza económica y de grandes beneficios empresariales, sobre los que los propios empresarios se jactan de ello, lo que se ve como una obscenidad social».

Rezabal precisa que LAB no utilizará ese acuerdo como una refencia, sino todo lo contrario. «Vamos a tratar de combatir esa filosofía que subyace en ese pacto, muy propio del sindicalismo de acompañamiento. Para nosotros se debe dar una respuesta real y efectiva a la problemática del mercado de trabajo, todo lo referido a la estabilidad del empleo, que fue objeto de entreguismo en la reforma laboral que esos mismos sindicatos españoles firmaron el junio pasado con los empresarios y el gobierno», según expresó el representante sindical.

Reducción de jornada laboral

LAB también opina que en ese acuerdo entre CEOE, Cepyme, CCOO y UGT «tampoco se hace referencia, ni intención, ni voluntad alguna para reducir la jornada de trabajo y la eliminación de las horas extraordinarias. El acuerdo en sí, como los anteriores, es un cúmulo de buenos propósitos y de literatura estéril sin compromisos exigibles a los empresarios. Nuestro rechazo al acuerdo será rotundo, tanto a la filosofía, como al espíritu y a la letra».

Un acuerdo general de estas características interfiere de forma directa en el ámbito vasco. José Luis Rezabal reconoce que «tiene la voluntad de imponer una concepción centralizadora en clave estatal de la negociación colectiva y de criterios antisociales». Sin embargo, el representante de LAB subraya que en Euskal Herria es más difícil imponer ese tipo de acuerdos.

«Los pactos formados a espaldas de la realidad social y sindical de Euskal Herria no van a tener ningún tipo de proyección práctica en el ámbito vasco», destaca el representante de LAB.