«Las familias de aquellos que murieron debido a la connivencia merecen algo mejor que palabras de apoyo por parte del actual gobierno irlandés; merecen acción», señaló ayer la eurodiputada de Sinn Féin Mary Lou McDonald en una declaración que bien podría resumir el sentimiento de los presentes en la conferencia que, organizada por Sinn Féin, tuvo lugar en Dublín para analizar estrategias para poner fin a la impunidad y secretismo que rodea a las acciones de violencia de Estado que tuvieron lugar en Irlanda con el beneplácito y apoyo de las elites políticas británicas y ante la inacción de la administración de Dublín.

Margaret Urwin, de la organización Justicia para los Olvidados -que agrupa a las víctimas de las bombas lealistas en Dublín y Monaghan-, acusó a Dublín de haber antepuesto sus intereses políticos y las relaciones con Gran Bretaña a los derechos de sus ciudadanos, no esclareciendo o exigiendo información a Londres sobre las acciones lealistas.

Las víctimas de la violencia de Estado exigen un proceso no tanto de «recobrar la verdad» -porque, como apuntaba Mark Thompson, de la organización Relatives for Justice (Familiares por la Justicia) «la verdad ya la sabemos»- como de arrancar una declaración de responsabilidad por parte de los actores estatales implicados que cierre un capítulo de dolor para muchas familias en el norte y sur de la isla.

La connivencia entre fuerzas de seguridad y lealistas y en la están implicados políticos, funcionarios y agentes de seguridad, es por todos conocida y ahora queda incluso demostrada con la creciente evidencia que ha sido recabada por los distintos informes elaborados por organizaciones independientes, comités parlamentarios irlandeses y por la Defensora del Pueblo Nuala O'Loan.

Todas las investigaciones en los actos de connivencia de violencia de Estado se han encontrado con un obstáculo común: la no-colaboración e incluso obstrucción del Estado británico en la obtención de datos.

Thompson destacó que cuando O'Loan pidió mayor financiación para llevar a cabo la investigación que culminó con este último informe, los funcionarios de la Oficina de Irlanda del Norte (NIO) -la institución británica que gobierna el norte de la isla en nombre del Ejecutivo de Londres- sólo aceptaron incrementar el presupuesto cuando Nuala O'Loan amenazó con hacer pública la actitud que mantenían.

Obstruccionismo

La actitud obstruccionista de Londres es claramente expresada con la introducción en 2005 de una nueva legislación por parte británica sobre el establecimiento de tribunales públicos de investigación. Hasta el pasado año, los términos de referencia para estos tribunales eran establecidos por un miembro de la judicatura británica. Con la nueva ley, será un ministro el que decidirá a que documentos podrán acceder los investigadores. Esta situación fue denunciada por todos los participantes en la conferencia y, especialmente, por John Finucane, el hijo menor del abogado nacionalista Pat Finucane, a quien paramilitares lealistas mataron en 1989 en presencia de su familia.

«Tenía ocho años cuando mataron a mi padre. Ahora tengo 26. No quisiera tener que encontrarme con vosotros dentro de diez años para deciros de nuevo cuánto deseo que se investigue la muerte de mi padre», manifestó John Finucane, que explicó que incluso los políticos unionistas le han expresado la necesidad de esclarecer las instancias de connivencia de policías y paramilitares.

Sin embargo, como Paul O'Connor, del centro de derechos humanos Pat Finucane, señaló, no hay que olvidar que los agentes infiltrados en la comunidad nacionalista y el movimiento republicano también jugaron su papel en la con- nivencia y no deben ser excluidos de posibles investigaciones y acciones judiciales.

Durante la conferencia, Sinn Féin anunció que propondrá una jornada de debate en el parlamento de Dublín, así como un encuentro a máximo nivel entre los gobiernos de Londres y Dublín, para discutir el esclarecimiento de los casos de connivencia, que afectan a cientos de irlandeses que aún esperan justicia.