Comenzó ayer en la Audiencia Nacional el juicio por los atentados que el 11 de marzo causaron en Madrid la muerte de 191 personas y heridas a 1.824. El mayor problema de este proceso es que, aunque se conoce quién está sentado físicamente en el banquillo de los acusados, es tal el enredo político y mediático que se ha construido en torno a esta causa que no se sabe a quién se va a juzgar en realidad. Además de a los acusados, un sector de la derecha española pretenderá juzgar durante los próximos meses al juez instructor y a la fiscal que han llevado el sumario, a los peritos y hasta a los testigos, porque su objetivo será demostrar que en realidad las explosiones del 11-M son una pieza de una enorme y no suficientemente investigada maquinación -a la que no son ajenos ni sectores de las FSE ni del PSOE en alguna connivencia con ETA- para desalojar del poder al Partido Popular. Para otros, lo que se va a juzgar será precisamente a quienes desde la derecha, por intereses políticos y también comerciales, han buscado durante casi tres años todos los recovecos posibles para negar que los ataques fueron fruto del apoyo del Gobierno de José María Aznar a la ocupación de Irak y de sus errores en la prevención de atentados yihadistas. Y sea cual sea la sentencia final, e independientemente de la suerte que corran los imputados, el fallo no contentará a ninguna de las partes en combate.

La mala fe con la que actuó el Gobierno del PP tras el 11-M le llevó a perder las elecciones generales. La mala fe con la que ha seguido actuando desde ese momento está causando una profunda crisis en prácticamente todos los estamentos del Estado español. Habrá que ver cómo evolucionan los acontecimientos durante el tiempo que dura este juicio -que coincidirá además con la campaña electoral de las elecciones municipales y autonómicas- y cuáles son los términos de la sentencia. Pero no es arriesgado decir que los efectos políticos del terremoto que originaron los atentados yihadistas del 11-M todavía no se han terminado de conocer.