Sus nombres no entran en el listado oficial de la tragedia del 11 de marzo, pero están muy vivos en la memoria colectiva de este país. Fueron las víctimas de la manipulación desatada, contra el viento de las pruebas y la marea de las evidencias, por el Gobierno del PP. La historia es bien conocida: sobre el mayor atentado de su historia y a apenas tres días de las elecciones, el equipo de Aznar y Acebes impulsó una estrategia dedicada a tratar de implicar en el atentado a ETA a toda costa. El pecado de Angel Berrueta fue negarse a dar por buena aquella gran mentira. Y el de Kontxi Sanchiz, salir a la calle para denunciar aquella ofensiva anti-abertzale.

En ninguno de los dos domicilios el juicio iniciado ayer suscitó demasiado interés, aunque en aquel hecho empezara su tragedia. Tanto en el barrio iruindarra de Donibane como en Hernani lo que esperan realmente es que se depuren responsabilidades por las muertes de Angel y Kontxi, algo que probablemente ya nunca ocurrirá.

En el caso de Berrueta, en el juicio sólo hubo tres acusados: los dos autores materiales del crimen, el policía Valeriano de la Peña, autor del disparo, y su hijo, José Miguel de la Peña, que bajó a la tienda con un machete y atacó también al panadero directamente al corazón. La tercera persona imputada era Pilar Rubio, la mujer del policía que inició el fatal incidente al hostigar a Berrueta para que pusiera un cartel contra ETA en su comercio. Inicialmente fue condenada como «inductora», pero luego tanto la Audiencia de Iruñea como el Tribunal Supremo la exculparían. La familia tiene claro que el fallo está incompleto por ello, pero también por más cosas. Y es que en este caso no hay «autores intelectuales», pese a que en las horas previas fueron muchos los dirigentes políticos que trataron de azuzar a parte e la ciudadanía contra la izquierda abertzale.

Del «a por ellos» a pedir calma

En la hemeroteca destaca, como ejemplo más claro aunque no único, la posición del Gobierno navarro. El 11 de marzo, poco después de las 10.00, su presidente, Miguel Sanz, lanzaba una advertencia: «Los demócratas vamos a por ellos. Y es así porque este gobierno no hace equilibrios para mantener una equidistancia calculada entre los asesinos y los asesinados, sino que coloca a cada uno en su sitio».

El Ejecutivo de UPN no modificó este discurso el viernes, día en que las convicciones de que ETA no tenía relación alguna con la matanza se apuntalaron, entre otras cosas con un desmentido expreso de esta organización. El sábado por la mañana, Rubio fue a buscar a Berrueta conociendo sus simpatías políticas, y su marido y su hijo acabaron con su vida. El mismo Gobierno navarro expresó entonces su condena e hizo «un llamamiento a la serenidad» y «una petición de calma a la ciudadanía en estos momentos de tensión y dolor que atraviesa España». Pero para Angel Berrueta y su familia, aquel llamamiento llegaba ya tarde.

El intento de la acusación popular por llevar a juicio esta situación fue vano. El tribunal no aceptó que comparecieran políticos. Y el fiscal jefe de la Audiencia de Iruñea, Javier Muñoz, dejó sentada la tesis de que la muerte de Berrueta era producto únicamente de una «riña entre vecinos», tratando de eliminar así todas las connotaciones políticas. Quienes parecen tener claro lo contrario son los incontrolados que una y otra vez han atacado y siguen atacando tanto el comercio como la vivienda de los Berrueta.

La carga de Hernani, sin esclarecer

En una concatenación trágica, a la muerte de Angel Berrueta en Iruñea sucedería la de Kontxi Sanchiz en Hernani, en un margen de apenas 24 horas. El domingo, cientos de vecinos de la localidad guipuzcoana habían decidido manifestarse para responder al «a por ellos» lanzado desde instancias oficiales y que se había cobrado la vida de Berrueta. La Ertzaintza les salió al paso con una fuerte carga policial. Sanchiz salió corriendo y buscó refugio en un portal, donde sufrió el infarto que provocó su fallecimiento.

Varios testigos denunciaron que los efectivos de la Ertzaintza se negaron incluso a auxiliarle. Pero el Gobierno de Gasteiz cerró filas. Primero trató de sostener que la carga, a pelotazos, se había producido después de que partiera la ambulancia llamada para atender a la vecina de Hernani. Incluso uno de los ertzainas negó tal cosa en una carta. Después, el propio lehendakari, Juan José Ibarretxe, salió a la palestra para argumentar que la muerte de Sanchiz en ningún caso se podía equiparar a la de Berrueta. En un momento dado, Lakua llegó a cuestionar que hubiera participado en la movilización.

El Juzgado no ha tramitado, que se sepa, la denuncia contra la Ertzaintza por «crear una situación de riesgo» y «denegar auxilio», después de que testigos acusaran a un agente de responder «niri bost axola» («a mí me da igual») cuando se le reclamó ayuda médica para atender a la vecina de Hernani.

Sobra decir que ni la muerte de Berrueta (tenía 61 años) ni la de Sanchiz (58) motivaron convocatorias oficiales, aunque sí una importante oleada de solidaridad popular. Sus casos tampoco salieron a relucir para nada en la Comisión de Investigación sobre el 11-M creada en el Congreso, aunque para muchos fueron las víctimas 192 y 193. Víctimas no del atentado, pero sí de su manipulación. Y del olvido oficial.