La organización ecologista Greenpeace se apuntó ayer una victoria legal que obligará al Gobierno británico a replantearse su polémico plan para construir nuevas plantas nucleares.

El Tribunal Superior de Londres apoyó los argumentos de esta asociación al dictar que el proceso de consultas emprendido por el Ejecutivo de Tony Blair en enero de 2006, antes de pronunciarse a favor de ese tipo de energía, fue «seriamente defectuoso» e «injusto».

El fallo del tribunal, que puede ser recurrido, significa que el Gobierno laborista de Tony Blair deberá volver a abrir un proceso de consultas, al final del cual tendrá que definir su posición sobre el futuro energético de Gran Bretaña.

Tras concluir el periodo de consultas inicial, el Ejecutivo laborista elaboró un informe denominado «El Desafío Energético», en el que manifestaba su opinión de que unas «nuevas estaciones de energía nuclear harían una contribución significativa» a sus objetivos energé- ticos que, entre otras cosas, incluyen la reducción de las emisiones de carbono.

Al presentar su petición de revisión judicial del proceso, Greenpeace alegó ante el juez que no se había satisfecho la promesa gubernamental de garantizar «una amplia consulta pública».

La organización ecologista argumentó que el texto sometido a consulta carecía de propuestas claras e información relevante en asuntos fundamentales como los costes de construcción de nuevas plantas nucleares o cómo se desecharían los residuos radiactivos.

El tribunal apoyó estas alegaciones y añadió que la información sobre residuos «no sólo era inadecuada, sino también engañosa». El ministro de Comercio e Industria, Alistair Darling, respondió a la acusación diciendo que el proceso de debate y el informe eran sólo una parte de un procedimiento más largo que garantizaría la plena consulta.

Tras el fallo del juez, el Gobierno británico «deberá volver al punto de partida y analizar cómo satisfacer nuestras necesidades energéticas y reducir las emisiones de carbono«, señaló una portavoz de Greenpeace, Emma Gibson.

«Eso no va a ser posible a través de la energía nuclear, sino con una actualización de nuestro sistema energético y aumentando el uso de energías renovables», agregó Gibson.

En 2003, el propio Gobierno reconoció que la opción de la energía nuclear era «poco atractiva» y habría que emprender «una consulta pública lo más amplia posible» antes de poder tomar una decisión sobre la hipotética construcción de nuevas plantas nucleares.

El juez del Tribunal Supremo de Londres dijo ayer que «algo ha ido radicalmente mal» en el manejo del proceso. Según el Gobierno, sus propuestas de desarrollo energético, que debe concretar el mes próximo y que incluyen la construcción de una nueva generación de instalaciones nucleares, reducirán las emisiones de carbono de 19 a 25 millones de toneladas para el año 2020.

La citada decisión judicial ha sido muy bien acogida por Greenpeace. «Para nosotros es una noticia estupenda. Supone una bofetada en la cara de Blair y demuestra que no estaba trabajando de forma honesta y transparente para planificar el modelo energético y satisfacer las necesidades energéticas de Gran Bretaña, sino que estaba trabajando para favorecer los intereses particulares del lobby nuclear». Así lo declaró ayer a GARA el responsable de la campaña antinuclear de Greenpeace en el Estado español, Carlos Bravo.

A la vista de este fallo judicial, Bravo considera demostrado que Blair «había ocultado información y había manipulado los resultados con el fin de promover una tecnología que todo el mundo sabe que es un fracaso económico, que genera graves problemas medioambientales, como por ejemplo los residuos radiactivos, y que desde el punto de vista tecnológico es un auténtico fracaso debido a su peligrosidad».

«Ahora ha quedado todavía más claro que solamente manipulando los datos, ocultando información y evitando una verdadera participación social es como se pueden sacar adelante las energías sucias. Por el contrario, cuando hay información, transparencia y voluntad de que la gente opine, lo que prosperan son las energías limpias», concluyó Carlos Bravo.

¿Qué ha sucedido?

El Tribunal Superior de Londres ha juzgado que el modo en el que el Gobierno ha consultado en torno a sus planes de construir una nueva generación de estaciones nucleares ha sido «imperfecto» e «injusto».

¿Por qué?

Greenpeace, que ha llevado el caso ante los tribunales, argumentó que el Ejecutivo británico había prometido «la más completa consulta pública» sobre la energía nuclear. Greenpeace denuncia que el Gobierno no ha cumplido su deber de ofrecer información clave sobre el plan nuclear propuesto, por ejemplo en lo relativo a su coste y a cómo y dónde se depositarían los residuos nucleares. El ministro de Justicia reconoció los errores cometidos en la campaña informativa y admitió que el ejercicio de consulta había sido «engañoso».

¿Significa esto que el Gobierno británico no puede seguir adelante con su intención de construir nuevas plantas nucleares?

No. Significa que el Ejecutivo tendrá que consultar otra vez sobre sus propuestas.

¿Retrasará la construcción de nuevas plantas?

Sí. Y el tiempo ya está corriendo. Los defensores del proyecto gubernamental ya habían advertido, incluso antes de que se conociera el fallo del tribunal londinense, que cualquier beneficio de la energía nuclear habría sido demasiado pequeño y que llegaría, en cualquier caso, demasiado tarde para provocar un descenso significativo de las emisiones de dióxido de carbono, como para justificar el enorme coste del proyecto.

¿Cuál es el «daño» político?

Alto. La decisión judicial refuerza una idea ya muy asentada, que afirma que el Gobierno había adoptado y cerrado sus planes antes de proceder a consultar con la opinión pública sobre sus planes de construir nuevas plantas nucleares. La sentencia sugiere que el ejercicio de consulta fue «falso». EL Partido Conservador aprovechó la ocasión para decir que el Gobierno se había comportado como un «embustero».

¿Abrirá esta decisión el debate sobre la energía nuclear?

Sí. En un documento oficial de 2003, el Ejecutivo describía la energía nuclear como una «opción poco atractiva». Así que los ministros han cambiado sus ideas desde entonces. La sentencia del tribunal londinense incluso ha abierto un debate sobre si es admisible cambiar de táctica de este modo.

¿Qué ha dicho el Gobierno británico?

El secretario de Industria y del Tesoro, Alistair Darling, dice que acepta el veredicto y que un nuevo proceso de consulta será puesto en marcha. Pero insiste en que la energía nuclear jugará un rol fundamental en la reducción de las emisiones.

¿Qué sucederá si los ciudadanos se oponen al plan?

El Gobierno asegura que tomará nota. «No tiene sentido consultar si luego no escuchas lo que dice la gente», afirma Darling.

¿Qué ha dicho Greenpeace?

Urge al Gobierno a repensar sus planes. «Es obvio que hay vías más eficientes, efectivas, seguras y baratas que la energía nuclear para responder a las demandas de energía y a la reducción de emisiones que provocan el cambio climático. Una revisión legítima de estos planes ofrecería conclusiones muy diferentes a las que parece haber llegado el Gobierno».