El fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Nafarroa encargado del caso del ex alcalde por UPN de Eguesibar, Ignacio Galipienzo hizo publicas ayer sus peticiones de penas. En ellas solicitó 18 meses de prisión y otros 10 años de inhabilitación para el que fuera primer edil de la localidad navarra, como presunto autor de un delito de «prevaricación urbanística». Por haber otorgado una licencia de obra para un hotel «a sabiendas» de que estaba destina «de manera exclusiva« para uso escolar. El escrito de la acusación además, imputa a Galipienzo un delito de negociación prohibidas a funcionarios por el que solicita una multa de 15.000 euros y tres años de inhabilitación. Pese a ello, y de confirmarse las peticiones fiscales en la sentencia definitiva, Galipienzo no irá a prisión.

Junto a Galipienzo, primer edil de Eguesbibar por UPN entre 1999 y 2003, también se encuentran procesados José Luis Ruiz Bartolomé, administrador de la sociedad RMA Urbana, y la arquitecta del Consistorio de Eguesibar, Nuria Alas Brun. A Ruiz Bartolomé, la Fiscalía le imputa un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios y pide una multa de 1.800 euros y suspensión de empleo o cargo público, mientras que para Alas Brun solicita una multa de 900 euros e inhabilitación para cargo público de arquitecto durante un tiempo de 10 años debido a un delito de prevaricación.

El escrito de acusación relata que Ignacio Galipienzo procedió en fechas anteriores a octubre de 2002 a localizar personas que iban a adquirir una parcela en la Urbanización de Gorraiz, sin tener trato directo con la vendedora, la entidad mercantil Castillo de Gorraiz, propietaria de la parcela situada en la citada urbanización y denominada S.2.2.

La mencionada parcela fue adquirida primero por un empresario y posteriormente por una mercantil que, a su vez, la vendió el 4 de octubre de 2002 a Apartamentos Gorraiz, pese a que en la primera venta que se hizo de la parcela esta tenía, como se decía expresamente en la escritura, destino a usos escolares. Esta última venta la realizó el propio Galipienzo, según señala el Fiscal a través de la entidad RMA Urbana, quien cobró una comisión por su papel de intermediación en la venta y que ascendió a un total de 26 millones de las antiguas pesetas. Cantidadque se repartieron Galipienzo y Ruiz Bartolomé, con 23 y 3 millones para cada uno. Algo que ex el primer edil de UPN, ejecutó a sabiendas de que debido al destino escolar de la parcela era no era posible realizar una operación en la que los compradores pretendían construir un apartahotel.

Aralar pide más de dos años

La formación que lidera Patxi Zabaleta, a través de su abogado Andrés Percaz, ya dio a conocer hace días sus conclusiones provisionales sobre este caso. En ellas, Aralar que ejerce la acusación particular, reclamó penas de dos años y cuatro meses de cárcel para Galipienzo, para el ex director de Industria del Gobierno de Nafarroa, Emilio Izquierdo, además de a Jose Javier Iribarren, Concepción Flores, Luis Galo, Oscar Pérez Rodriguez, y Jose Luis Ruiz. A todos ellos les acusan de un supuesto delito de «cohecho». En estas conclusiones, la formación destacó que «el objetivo real de la trama no era construir un apartahotel en la parcela destinada a usos escolares, sino edificar y vender viviendas». Una obra de un valor total aproximado de 15 millones de euros. El escrito subrayó además, que durante ese período Galipienzo afrontó gastos de más de 150.000 euros.