El Estado argentino se ha presentado como querellante en seis causas por el robo de bebés nacidos durante el cautiverio de sus padres en la última dictadura militar.

En junio de 2004, el Gobierno argentino creó una Unidad Especial de Investigación con el objetivo de contribuir a la búsqueda de niños desaparecidos durante los llamados «años de plomo».

Hasta el momento se han registrado 200 casos de embarazas desaparecidas, 32 partos comprobados con declaraciones y ocho niños secuestrados con sus padres.