La política penitenciaria, tanto del Estado español como del francés, a la que se somete a los ciudadanos vascos no sólo incumple las normativas vigentes, sino que también su aplicación es diferente con los prisioneros sociales. No es un dato nuevo. Tampoco que a los vascos encarcelados se les aleja premeditadamente a miles de kilómetros de Euskal Herria, pese a que la misma legislación ordene lo contrario. No en vano la negativa de los estados a reconocer oficialmente el carácter político por el que están encarcelados y dispersados 605 ciudadanas y ciudadanos vascos deja en evidencia su reconocimiento implícito. Como botón de muestra, GARA ha podido recabar la información sobre cómo el Estado español ha aplicado esas medidas excepcionales a los jóvenes recientemente condenados por el «caso Jarrai-Haika-Segi». Unas medidas que van desde largos traslados hasta los golpes, amenazas y humillaciones en esos trayectos por parte de la Guardia Civil. Este diario ha podido confirmar que varios de estos jóvenes han sufrido golpes y amenazas de los policías, extremo del que dará cuenta hoy mismo Etxerat durante la concentración que realizarán en la plaza de la Virgen Blanca de Gasteiz a partir de las 12.30.

Después de que la Ertzaintza encarcelara a 18 jóvenes condenados por el alto tribunal cuando participaban en un acto en el frontón de La Esperanza de Bilbo, Interior de Lakua informó de que todos se encontraban en la cárcel de Basauri; pero aún continuaban en la comisaría de Erandio, y la mayoría ni siquiera pasó por Basauri. Los guipuzcoanos, por ejemplo, no llegaron a la prisión de Martutene hasta pasadas las tres de la madrugada aunque, como no pudieron llamar a sus allegados, se dio por hecho que estaban en la carcel vizcaina. Pocos días más tarde, los 22 jóvenes encarcelados ya estaban inmersos en unos traslados que en el peor de los casos, como los de Markel Ormazabal o Gartzen Garaio, se prolongaron durante cuatro jornadas.

Sin comunicarse con los familiares

Tanto Ormazabal como Garaio han denunciado haber sido objeto de amenazas y continuos golpes por parte de la Guardia Civil durante los traslados. El donostiarra Ugaitz Elizaran, por su parte, ha necesitado cinco días para que volviera a la normalidad la circulación sanguínea en sus muñecas, por la presión que ejercían las esposas. La eibartarra Garazi Biteri ha sido aislada y sólo puede salir al patio dos horas al día, por reclamar que le acompañe otra presa política.

Ningún familiar ha tenido constancia del lugar en el que se encontraban los jóvenes en cada momento, ya que les han negado incluso la habitual llamada que se realiza durante la estancia en el módulo de ingreso.

Pocos han sido trasladados directamente a las prisiones de destino, ya que la mayoría ha tenido que pasar antes por tres o cuatro cárceles en un breve periodo. La mayoría, además, ha estado en las cárceles madrileñas antes de ser alejados otros cientos de kilómetros más; los veintidós jóvenes han sido dispersados a dieciocho prisiones.

Las graves consecuencias que acarrea la dispersión afectan diariamente a seiscientos presos políticos vascos. Y no sólo a ellos, sino también a sus familiares y amigos, que cada fin de semana recorren miles y miles de kilómetros para poder estar unos pocos minutos con sus allegados encarcelados, arriesgando, un fin de semana sí y otro también, su vida en las carreteras y viendo cómo estos obligados desplazamientos repercuten en la economía familiar.