El poder económico de un sector como el de la producción de vino en el Estado español, unido a la cercanía de las elecciones ha hecho que el Gobierno de Madrid haya interrumpido la tramitación de la Ley del Alcohol, cuyo objetivo era la prevención del consumo de alcohol en menores, debido a la oposición a que en ella se incluyera el vino como bebida sobre la que adoptar las mismas medidas preventivas que con otras bebidas.

La ministra de Sanidad, Elena Salgado, lamentó que la salud de los menores se haya utilizado para la confrontación electoral y aseguró que se trata de «interrumpir indefinidamente» la tramitación, con el objetivo de que la salud de los menores y la prevención del consumo de alcohol entre menores quede fuera de los argumentos electorales utilizados por los partidos ante la campaña de las elecciones municipales

Empresas bodegueras y agricultores han liderado este rechazo, con el argumento principal de que se trata de un «alimento» y de su consumo tradicional. No en vano, sólo en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa el viñedo supone el 35% de la aportación económica de todo el sector agrario.

En toda la la Denominación la viticultura representa el 18% del Producto Interior Bruto (PIB). Cada año genera 800 millones de euros de valor añadido en la comarca y las bodegas facturas más de 1.100 millones, según un estudio del profesor de la Universidad de Deustu Mikel Larreina sobre la Economía del Rioja. Y si se tiene en cuenta todo el movimiento económico alrededor del cluster del Rioja, la aportación del vino al PIB ascendería al 21%.

Productores y bodegueros, pidieron la exclusión del vino del texto por las limitaciones en la publicidad y la promoción. La ministra Salgado opinó que sacar el vino de la Ley obligaría a sacar otras bebidas como la cerveza o la sidra. De hecho, desde estos sectores se había empezado a reclamar similar tratamiento antes de la interrupción de la tramitación. Advirtió que ello equivaldría a dejar fuera de esta regulación el 60% de las bebidas alcohólicas que consumen los jóvenes.

Dos borradores

Aunque, el Ministerio de Sanidad reconocía el trato diferenciado con el resto de las bebidas alcohólicas, consideraba imprescindible el mantenimiento de su carácter alcohólico. El anteproyecto de ley presentado en setiembre de 2006 recoge la definición de bebida alcohólica como «toda aquella cuyo contenido o graduación natural o adquirida sea igual o superior al 1,2% de su volumen».

El segundo borrador, presentado en febrero de 2007 suavizaba el texto original y permitía la publicidad de vinos de calidad en las publicaciones de promoción turística de una región si no están orientadas a menores. El nuevo borrador recogía la prohibición de la dispensación y el consumo de alcohol en centros docentes, en los de protección de menores y en aquellos que determinen en su normativa las comunidades autónomas».

Los menores tampoco tendrían acceso sin estar acompañados de un adulto a fiestas y exposiciones donde se promocionen bebidas alcohólicas. Ni en estas ocasiones ni en las visitas a centros de producción, elaboración y distribución de bebidas podrían ofrecerse los productos a menores. Tampoco se admitía insertar publicidad de bebidas alcohólicas inmediatamente antes, durante o después de la emisión de programas radiofónicos dirigidos «específicamente a menores de 18 años». En medios impresos se prohíbe la publicidad de alcohol en los dirigidos específicamente a menores. En el anterior texto quedaba prohibido todo tipo de publicidad en publicaciones impresas en portada, contraportada, secciones de deportes y pasatiempos.

Los productores de vino habían dado ya por cerrado el diálogo con el Ejecutivo y estudiaban movilizaciones. Tras la decisión del Gobierno, la estimaron «razonable» para elaborar la futura normativa «de una forma más sosegada». Su reclamación era que fuera la Ley del Vino la que regulara las limitaciones a la promoción con una reglamentación propia

Desde UAGA, el vocal del sindicato en el Consejo de la DOC Rioja, Eduardo Pérez de Azpillaga, exigía que el vino quedara fuera de la Ley y se regulara por la propia legislación vitivinícola. Además, el sector defiende el derecho a transmitir «la cultura y la tradición del vino» a la juventud. Pérez de Azpillaga recuerda que la mayor parte del presupuesto del Consejo Regulador del Rioja se dedica a la promoción. De hecho, esta cantidad se ha triplicado en cuatro años, llegando en la actualidad a seis millones de euros.

Satisfacción en las bodegas

El vicepresidente de la Asociación de Bodegueros de la Rioja Alavesa, (ABRA) Juan Ramón Madrid, también consideró la interrupción de la ley «una buena noticia que estaba anunciada, porque que el vino es parte de nuestra cultura y una parte muy importante de la producción agrícola». En su opinión, las medidas que el Ejecutivo central pretendía implantar tenían un carácter «muy restrictivo», ya que, según defendió el vino «tiene dones si, como todo en la vida, se bebe con moderación y conocimiento. Meter el vino en esa campaña me parecía un disparate», concluyó.

El presidente del Consejo Regulador de la DOC Rioja, Víctor Pascual Artacho, afirmó que este organismo «no bajará la guardia» hasta conocer que el anteproyecto de ley se retira de forma definitiva o, al menos, el vino no queda incluido. Precisó que, «si interrupción quiere decir que el texto va a volver a tramitarse dentro de un período corto de tiempo y en los mismos términos -con la incorporación del vino al anteproyecto- no soluciona nada» al sector.

Artacho reiteró su defensa y la del organismo que preside del «consumo moderado del vino» y aseguró que, incluso, el vino puede ser «un vehículo que puede ayudar a los jóvenes a formarse en el consumo responsable y moderado y ser conscientes de que es un producto saludable que está dentro de la dieta mediterránea».

Desde las grandes bodegas españolas tampoco disimulaban su satisfacción. Agrupadas en la Federación Española del Vino y la Asociación Empresarial de Bodegas del Vino señalaron que la decisión del Gobierno está en línea con lo que solicita el sector de hacer compatible la defensa del sector del vino con las medidas de prevención del alcoholismo en menores, consideraron la medida «inteligente» la decisión y llegaron a afirmar que «la protección de los menores se debe compaginar con el respeto a los adultos, para quienes es saludable tomar entre 28 y 17 copas semanales».

También la Confederación de Cooperativas Agrarias de España y las agrupaciones de productores ASAJA, UPA y COAG han manifestado su satisfacción e insistido en que el vino «es un producto totalmente diferenciado» del resto de bebidas y debe tener una reglamentación diferente, aunque esperan que esta decisión «no sea una maniobra electoral que aplace la tramitación de la ley hasta después de las elecciones».

Las presiones sobre el Ejecutivo español habían llegado también desde las administraciones autonómicas que cuentan con producciones de vino, como la CAV o La Rioja.

Lakua, por la exclusión

Así, el consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación de Lakua, Gonzalo Sáenz de Samaniego, afirmó que, «la única y mejor solución para la futura legislación anti alcohol es que las bebidas de fermentación natural como el vino, la sidra o el txakoli queden excluidas», ya que éstas acompañadas por «una formación en consumo responsable» pueden ser «una oportunidad para que los jóvenes no consuman alcohol en edades tempranas». «Por fin ha llegado el sentido común al Ministerio de Sanidad», afirmó el consejero, que criticó «la falta de coordinación» del Gobierno español».

Sin embargo, el presidente de La Rioja, Pedro Sanz (PP) criticó al decisión como un «gesto electoralista y un paño caliente» que no soluciona el problema y «no coincide con las peticiones del sector».

A quien sí ha decepcionado la medida del Gobierno español ha sido a asociaciones de consumidores como FACUA o la CEACU, que han pedido que se reactive el proceso de elaboración de la ley. Han acusado a la oposición política de ponerse del «lado de intereses empresariales pero no de los ciudadanos ni intereses sanitarios, y han denunciado «la falta de madurez, la incomprensión y la irresponsabilidad de los sectores económicos». También asociaciones médicas opinaron que la retirada del anteproyecto de Ley del Alcohol responde a una «cesión» ante los intereses económicos y subrayó el fracaso de los profesionales sanitarios para transmitir el impacto del alcohol en la salud.