La Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer del Congreso de los Diputados ha dictado las conclusiones de las sesiones de trabajo sobre la prostitución; nos queremos hacer eco del sentir de varios colectivos que trabajan junto a las trabajadoras del sexo, exigiendo su legalización y regulación para luchar contra las mafias que obligan a prostituirse a mujeres, y garantizar los derechos de las personas que eligen ejercer el oficio más antiguo del mundo.

Las conclusiones de la Comisión dejan desprotegidas a las mujeres que ejercen la prostitución y reafirman la vulneración de derechos a las que hoy están sometidas. Tal y como lo han manifestado reiteradamente las asociaciones que tienen conocimiento directo del tema, la lucha eficaz contra la trata de mujeres con fines del comercio sexual sólo es posible si se diferencia claramente la prostitución voluntaria, que debe ser reconocida legalmente, de la prostitución forzada que debe ser perseguida.

Las conclusiones a las que ha llegado la Comisión están prejuiciadas e ideologizadas y no tienen en cuenta la realidad de las personas trabajadoras del sexo. Se ha derrochado el dinero público y el tiempo de quienes han pasado por la Comisión para justificar unas conclusiones tomadas antes de que la Comisión empezara sus trabajos.

Es asombrosa la tergiversación que se hace de los artículos 9 y 14 de la Constitución para negar la consideración de la prostitución como un trabajo, cuando esos mismos artículos sirven para recomendar justamente lo contrario: la necesidad de que se acabe con la discriminación de este sector de trabajadoras por el hecho de ofrecer servicios de carácter sexual. La ideología discriminatoria que juzga a las mujeres en función de su comportamiento sexual sigue presente en las conclusiones de la Comisión.

Nos preocupa especialmente que un sector del feminismo en nombre de la dignidad de las mujeres en abstracto niegue la de las mujeres que quieren seguir ejerciendo la prostitución, invisibilizándolas y desconsiderando sus derechos como trabajadoras. No está de más recordar que hemos tenido una legislación abolicionista bajo el franquismo y que la Ley promulgada en 1956 para erradicar la prostitución aludía en su preámbulo a la dignidad de las mujeres.

Sería deseable que el sentido común prevalezca y se garanticen los derechos de todas las personas que ejercen la prostitución. En este camino nos parece fundamental el reconocimiento de la prostitución como un trabajo que también es ejercido de manera voluntaria y el reconocimiento de derechos que se derivan de ello. Una vinculación laboral irregular supone indefensión y está sujeta al abuso. La regularización laboral de la prostitución sería una manera, por ejemplo, de que el comercio sexual deje de ser un paraíso para los proxenetas y empiece a ser un trabajo digno. La legislación debería ser lo suficientemente acogedora como para dar cabida a todas las opciones. Debería dar cobertura para que este trabajo se cumpla de forma voluntaria y regulada, dotarla de derechos sociales, económicos y civiles, en las condiciones de otros trabajos y propiciar que esta profesión salga de la economía sumergida. Por ello nos hacemos eco del «manifiesto por los derechos de las prostitutas», que se puede consultar en la web del colectivo hetaira www.hetaira.org.