La vicepresidenta del Gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, afirmó ayer, en plena tormenta política por la repatriación de Iñaki de Juana Chaos, que el Ejecutivo asume con todas sus consecuencias la decisión adoptada, pese a saber que la misma no es bien entendida por amplios sectores de la opinión pública española. La declaración de la portavoz de Zapatero merece algunas consideraciones. La primera, en la línea de reconocer en lo que vale que el PSOE haya asumido por fin sus responsabilidades. Más difícil resulta de explicar por qué la medida que pudo adoptar y no adoptó en diciembre pasado es defendida hoy como lo que es, una decisión apropiada.

La segunda consideración a hacer se refiere a la cuestión de la opinión pública. Salta a la vista que el Gobierno de Zapatero se ha convertido en prisionero de su propia trampa, al fomentar primero medidas para aplicar la cadena perpetua a los presos vascos y verse después atado de pies y manos para adoptar decisiones como la que nos ocupa, que se ciñen al cumplimiento estricto de la ley. Por lo tanto, el Gobierno español debe preguntarse hasta qué punto alentando políticas de excepción no fomenta las actitudes más virulentas, que a la postre lastran poderosamente su grado de autonomía para ejercer sus funciones.

Claro está que las implicaciones de esta actuación en la política española sólo incumben a los políticos y ciudadanos españoles, pero en tanto que el Estado español tiene un papel que jugar en el cambio de un escenario político en Euskal Herria, un papel basado en el respeto a la decisión de la ciudadanía vasca, debe considerarse como positivo que el Gobierno del PSOE se diga dispuesto a asumir responsabilidades.

En las próximas semanas no faltarán ocasiones para tomar decisiones importantes, en la perspectiva de abandonar caminos sin salida para abrir en su lugar vías de solución. Asumir responsabilidades y no actuar mirando sólo al rédito inmediato puede ayudar mucho a construir, entre todos, nuevos compromisos.