Iñaki de Juana ha sido repatriado. La sociedad, a decir de algunos, está conmocionada y confundida, lo que no es de extrañar, porque desde muchos meses atrás la derecha española lleva adelante con diligencia la labor de confundir y empujar a la conmoción a esa parte de la sociedad que ellos definen como «la sociedad».

El mensaje a insertar en periódicos y conciencias es que el caso De Juana supone el absoluto descalabro del Estado de derecho. Y como no son pocos los confusos y conmocionados y propensos a la desmemoria, no estará de mas recordar que para la derecha española el Estado de derecho se ajusta a una muy propia y particular noción que comprende, por ejemplo, el hecho de negarse a condenar, sin consecuencias, el mayor atentado contra la libertad, la democracia y la vida: el golpe de estado del 36. Por ejemplo, ponerle a los miles de muertos que causó una fecha de caducidad que, por supuesto, venció en el momento mismo en que los desaparecieron en las cunetas. Por ejemplo, también, disponer y manejar las leyes para sin cortapisas ilegalizar y encarcelar a cientos de ciudadanos vascos y exigirle a una parte importante de la sociedad vasca que no exista.

Y, por si acaso, ya puestos, recordar también que tanto Instituciones Penitenciarias como el Gobierno disponen de múltiples mecanismos para aligerar y rebajar condenas alegando desde razones humanitarias (acuérdense de Vera, que estaba solito) hasta buen comportamiento, aplicando beneficios, indultos o medidas de gracia, de manera que se adelante y permita la excarcelación de presos. Todos ello en el marco de la legalidad. O eso nos han dicho siempre.

El Gobierno español -UCD, PSOE, PP, PSOE- guarda una amplia tradición en la aplicación de estos mecanismos (junto con los utilizados para evitar que culpables de delitos de suma gravedad sean juzgados). Todo muy legal, sin ningún escándalo. Son los casos de los asesinatos de la Tripe A, BVE, GAL. Condenas por torturas. Gasteiz 3 de Marzo. Iruñea 8 de Julio. Montejurra 76. Asesinato de Josu Muguruza. Tortura y asesinato de Lasa y Zabala. Asesinato de Angel Berrueta.

Pero no es el caso de Iñaki de Juana. Iñaki ha cumplido dos de los tres años de su condena. Por la aplicación, tras una huelga de hambre que le ha llevado al borde de la muerte, del segundo grado, el Gobierno rinde cuentas y poco menos que pide disculpas. Pero debería explicar porque no está en tercer grado y en libertad condicional.

Iñaki de Juana fue condenado por un delito de amenazas. No está cumpliendo ningún otro tipo de condena. La condena anterior la cumplió íntegramente: el estricto y más que estrechado marco de la legalidad vigente la dio por finalizada hace ya dos años. Sin tratos de favor, sin medidas de gracia. Todo lo contrario.

El caso De Juana sólo existe porque la derecha española, en todas sus facciones y versiones, necesitaba burlar la legalidad para dar cabida a la venganza. No le salió mal del todo, pero bien tampoco. Que no se arroguen legitimidad para el espanto, porque no tienen ningún derecho.