Kidetza, Federación de Euskadi de Madres y Padres Separados, informó ayer de que «en torno al 12% de los cónyuges no custodios no paga la pensión alimenticia», por lo que estima que es «urgente» poner en marcha «el fondo de garantía social para situaciones de impago».

Al dar a conocer el balance y la explicación de las actuaciones que ha desarrollado a lo largo de 2006, Kidetza explicó que «los divorcios han aumentado un 14%» en el conjunto de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, y que su conflictividad ha experimentado una escalada progresiva.

También indicó que se ha elevado «de forma significativa» la petición de guarda y custodia compartida por parte de los hombres, circunstancia que, precisamente, incide directamente en el número de divorcios contenciosos.

Por todo ello, la federación, que aseguró que la demanda de sus servicios crecieron durante el pasado año, solicitó la modificación de la ley del divorcio y de la ley de violencia de género que rigen en el Estado español. Sobre la primera, Kidetza pidió que «la guarda y custodia compartida se introduzca como norma general», y con relación a la segunda, reclamó que no se penalice «de forma diferente un mismo hecho en función del género de quien lo cometa».

Políticas específicas

Kidetza considera «urgente» una «política de vivienda específica» para el colectivo que atiende y también opina que es «necesario» que se ponga en marcha la medida de «articular legalmente los equipos sicosociales», para que se conviertan en «un servicio adscrito al juzgado, pero con las mismas características que los servicios sociales de Euskadi».

Este colectivo mantiene la opinión de que, implementando este tipo de iniciativas sectoriales, se ofrecería «un servicio de calidad, objetivo, transparente y al servicio de los ciudadanos».