En vísperas de la finalización del macrojuicio 18/98, quisiéramos hacer un compendio de lo que han supuesto estos 16 meses de sesiones, recordando, para empezar, que el 18/98 es el sumario matriz de una serie de actuaciones judiciales iniciadas en 1998 con el propósito de obstaculizar la labor que estaba desarrollando una parte de la sociedad vasca.

En realidad podríamos ir más atrás. En 1996, tras una fuerte campaña mediática, se dan los primeros pasos contra la izquierda abertzale, en concreto contra Herri Batasuna. Se juzgó y encarceló a su dirección, un hecho insólito en Europa. El PSOE estaba todavía en el Gobierno, y por tanto, podemos decir que había una decisión de Estado tras el incipiente proceso. Luego llegó el PP, e, indudablemente, dio un impulso sin precedentes a la estrategia represiva. En 1998 existía una situación novedosa y positiva en Euskal Herria, con el acuerdo de Lizarra-Garazi. Justo en ese contexto se inicia la ofensiva político-represiva contra movimientos y organizaciones que estaban, precisamente, en clave de construir país. Se criminalizan ideas, iniciativas y actividades sociales y políticas legítimas.

A partir de ahí se diseña la filosofía del llamado «entorno», relacionando personas, dinámicas y organizaciones con ETA. La finalidad de esta estrategia política es sacar de la legalidad española a un amplio espacio social y político vasco. Llegarán a decir que «todo es ETA», y en ese marco, todo vale.

El impulso de tal estrategia es netamente político. Los macrosumarios surgidos de ella son sumarios ad hoc. Es decir, son procesos generalistas que no definen un delito determinado; su objetivo es castigar a un espacio sociopolítico concreto. Desaparece toda garantía jurídica para las personas procesadas. Hay una instrumentalización política de la legislación con aplicación expansiva de tipos delictivos indeterminados y procedimientos ideologizados, basados en documentos sin valor probatorio. Y estas actuaciones se realizan en un tribunal excepcional, la Audiencia Nacional.

Esa Audiencia, como tribunal heredero del Tribunal de Orden Público franquista, tiene un carácter excepcional porque se fundamenta en una legislación antiterrorista que bajo ese epígrafe, entre otras cosas, da cobertura a declaraciones extraídas bajo malos tratos y tortura. A lo largo de su existencia, ha venido juzgando a miles de mujeres y hombres vascos y se ha convertido en un instrumento del Estado contra la disidencia vasca. A esto hay que añadir las actuaciones de jueces como Garzón que han aceptado jugar un papel al servicio de esta estrategia de Estado. La Audiencia Nacional española ha forzado sus propias normas y las del Estado de Derecho, con el beneplácito del poder ejecutivo.

Qué duda cabe que muchas de las personas y organizaciones afectadas por estos macrosumarios pertenecen al espacio socio-político de la izquierda abertzale. Pero la estrategia va más allá. Las personas procesadas son de ideologías y trayectorias diversas y han venido trabajando en campos diferentes en la construcción de su país. Pero los derechos y las libertades que se vulneran en estos procesos son de todas y todos; toda la ciudadanía está afectada. Se vulneran la libertad de expresión, el derecho de reunión y asociación, la libertad de empresa, la libertad ideológica, el derecho a la disidencia... Los derechos de personas y grupos que defienden que Euskal Herria existe como pueblo con capacidad de decisión están en peligro. Hay verdadero «estado de excepción» encubierto y no declarado.

La vista oral del 18/98 comenzó el 21 de noviembre de 2005 y desde entonces nos obligan a viajar semanal- mente a Madrid haciendo frente a cuantiosos gastos en desplazamientos, alojamiento, manutención... El gasto medio total mensual por estos conceptos, sin incluir los de letrados y procuradores ni las pérdidas salariales, asciende a 20.000 euros. A esta sangría económica hay que sumar el desgaste físico y psíquico personal, la imposibilidad de realizar una actividad laboral regular, la hipoteca en las relaciones familiares y sociales... Hemos padecido una merma de nuestra salud que se ha traducido en algunos cuadros clínicos graves (Iñigo Elkoro, por una afección intestinal grave, y J. R. Aranguren por un infarto, han sido apartados del procedimiento); hemos sufrido accidentes (uno de imputados, otro de familiares y otro de testigos) y hemos visto morir a cinco compañeros, J. Gorostiza, A. Ollokiegi, G. Martinez, M. Aramburu y Jokin Gorostidi, que murió en vísperas de su declaración. Sin lugar a dudas estamos sufriendo una forma de condena antes de la sentencia. M

Muchas han sido las dinámicas generadas para divulgar el significado de estos macrojucios, con el respaldo de un amplio espectro político y social. La gran red de solidaridad económica y social se ha ido plasmando en iniciativas como Kaiera o la campaña de auto-inculpaciones, gracias a las cuales, y a la participación desinteresada de cientos de hombres y mujeres, hemos podido llegar hasta aquí.

Muchas cosas han sucedido también en la sala de vistas. Desde el principio, el descontrol del tribunal sobre el procedimiento era manifiesto, cientos de volúmenes y miles de hojas de sumario, decenas de pruebas, casi sesenta personas en el banquillo. Aún así, siguiendo una consigna de Estado, dio comienzo el juicio. Han sido constantes las trabas al derecho a la defensa. Han desaparecido pruebas, y han aparecido 100.000 documentos cuyo contenido desconocía la defensa. El tribunal ha retirado reiteradamente la palabra a los procesados cuando denunciaban el carácter político del juicio o expli- caban los pormenores de su actividad política; ha habido trabas al uso del euskera; se han oído duros testimonios de torturas...

Con todo, y pese a los tintes circenses que ha tomado el juicio en ciertos momentos, se ha conseguido denunciar el impulso político que lo alimenta desde su instrucción. Innumerables son las ocasiones en que de una u otra manera hemos dejado clara ante el tribunal la motivación tras esta cadena de macrosumarios y la razón última que la mantiene activa. Se ha conseguido generalizar la denuncia contra la Audiencia Nacional. Se ha defendido el derecho a la militancia política, a la ideología y la disidencia, a las dinámicas y actividades políticas y sociales que buscan construir un marco democrático que conduzca a un cambio político en nuestro país.

Hoy, tras la sentencia contra Jarrai-Haika-Segi, 22 jóvenes están dispersados por las cárceles españolas por ejercer su derecho a la libertad ideológica, a la disidencia y al asociacionismo. Una judicatura politizada ha extendido el delito de terrorismo a actividades legítimas dentro de cualquier sociedad. En este escenario político, los distintos agentes políticos y sociales implicados han de actuar con responsabilidad para no desperdiciar la oportunidad de alcanzar un horizonte de paz y democracia para nuestro pueblo. Frente a eso, el mantenimiento de este tipo de sumarios políticos, o la propia existencia de la Audiencia Nacional, no son sino obstáculos que impedirán alcanzar un escenario normalizado a corto plazo. Estos juicios no hacen sino alimentar el conflicto.

Frente a la estrategia de guerra que supone este juicio, hemos de responder con un ejercicio colectivo de autoafirmación y dignidad. Hoy somos nosotros, pero es toda la sociedad vasca la que está siendo juzgada. Por ello, reivindicamos este ejercicio de resistencia que supone seguir, como hasta ahora, con nuestra militancia política, nuestros compromisos sociales, y las dinámicas a favor de nuestro pueblo, contribuyendo a que el proceso en ciernes pueda arribar al puerto de la resolución del conflicto.

Estos próximos días verán las últimas sesiones de este juicio titánico en sus dimensiones y tiránico en sus conclusiones. Tras los informes de la defensa se dará de nuevo voz a las y los encausados para que, en su última palabra, reiteren la motivación que les ha llevado a estar en el banquillo defendiendo, cada quien desde su propio espacio, un futuro mejor para Euskal Herria.

Pero la sociedad vasca puso el sábado colofón a este despropósito jurídico en Bilbao: para que sea éste el último juicio político que se desarrolle en la Audiencia Nacional. Porque no puede haber ningún tribunal que juzgue el ejercicio de los derechos civiles y políticos. Porque el protagonismo es de las más de 15.000 personas que se han auto-inculpado solidariamente por esos derechos. La última palabra está nuevamente en Euskal Herria.