Hay cierta tendencia en Gipuzkoa a vanagloriarse por la calidad de nuestros servicios sociales, especialmente en instituciones como Diputación y Kutxa. La verdad es que esta actitud tiene su fundamento histórico, porque son muchas las instituciones que a lo largo de los años han trabajado para mejorar las condiciones de vida de muchos de los colectivos excluidos. Pero lo que ha sido beneficiencia en la historia, muy ligada a la Iglesia y que ha cumplido su papel, en la Gipuzkoa moderna y rica del siglo XXI ha tenido que convertirse en servicios sociales modernos y profesionalizados. Y desde esta perspectiva los servicios sociales en Gipuzkoa, por lo menos los dedicados a la atención a menores, tienen poco de qué vanagloriarse.

El colectivo sobre el que recae la atención a los menores que necesitan protección en Gipuzkoa son los educadores sociales. Hoy los menores que dependen de la Diputación se podrían dividir en dos grandes grupos: autóctonos y extranjeros. Los menores autóctonos son personas que por diversas circunstancias han quedado bajo la tutela de la Diputación. Si son pequeños, se intenta que entren en los programas de acogimiento familiar (no confundir con adopción). Si ya no es posible el acogimiento familiar, se integran en un piso residencial. Estos pisos están bajo la responsabilidad de la Diputación, en concreto del Departamento para la Política Social. Diputación encarga mediante convenio a una asociación o empresa dedicada al trabajo con menores la gestión de este piso. Esta asociación o empresa contrata educadores sociales y demás personal, que son los que realmente trabajan y conviven con los menores 7 días a la semana, 24 horas al día.

Los menores extranjeros que llegan a Gipuzkoa pasan también a estar bajo la tutela de la Diputación, departamento para los Derechos Humanos... Su itinerario comienza por el CAU (Centro de Acogida de Urgencia) y se supone que, después de un período de aclimatación y valoración por parte de los educadores sociales que trabajan y conviven con ellos y de los técnicos de Diputación, pasan a un piso residencial. La realidad hoy es que hay más menores que pisos habilitados para acogerlos y que bastantes de ellos están siendo atendidos en hoteles y pensiones. Trabajar con menores extranjeros en pensiones es muy difícil y pedagógicamente nefasto. No hay manera de establecer unas pautas de convivencia, de hábitos de vida diarios de higiene, de alimentación, de integración en el entorno...

Los educadores sociales somos los profesionales que trabajamos a diario con estos menores y no tan menores. Nuestro trabajo tiene un gran componente vocacional, pero las condiciones laborales son bastante penosas. Nuestro trabajo es equiparable cuando menos al de un maestro, con un grado de responsabilidad y de riesgo superior. Pero si un maestro en un centro privado (en uno público cobran más), según el convenio de 2005, cobra un salario bruto anual de 26.636 euros, un educador social, según el convenio de 2005 de Intervención Social de Bizkaia (el único que existe), cobra 17.500 euros brutos al año. Como se puede observar, la diferencia es bastante escandalosa. Y ya no hablamos del resto de condiciones laborales: calendario, vacaciones, riesgos, etcétera. Pero no queremos que este escrito sea solamente un alegato de las malas condiciones laborales de los educadores sociales. Si lo hacemos público es también para llamar la atención de la sociedad guipuzcoana sobre el hecho de que estas malas condiciones inciden directamente en la mala calidad de la atención a los menores. Y esto sí nos parece un problema grave. Si algo necesitan estos menores es un entorno de estabilidad a su alrededor, y hoy se encuentran con que sus educadores cambian con demasiada frecuencia por las malas condiciones laborales. No todo es negativo, hay centros de acogida de urgencia, pisos residenciales y pisos de emancipación que funcionan francamente bien, pero incluso en el caso de estos últimos hay una lista de espera de 30 personas.

Nos negamos a aceptar que la atención a menores suscite la atención de la prensa sólo cuando surge algún escándalo y se exageran los elementos más morbosos. Somos educadores sociales y estamos dispuestos a comprometernos en la mejora de la calidad del servicio. Pero nos parece imprescindible para lograr estabilizar el sector, mejorar considerablemente las condiciones laborales del mismo. Por eso estamos colaborando con CCOO, por ser el sindicato que está liderando el proceso para la firma del primer convenio de Intervención Social de Gipuzkoa. Consideramos que la firma de este convenio será un instrumento enormemente positivo para todo el sector de Intervención Social.

Gipuzkoa era reconocida por la calidad de sus servicios sociales. La presión de la inmigración y la falta de reflejos para saber anticiparse a los problemas ha hecho que especialmente la calidad de la atención a los menores esté cuando menos cuestionada. Tenemos potencial y calidad humana suficiente para situarnos de nuevo en vanguardia. Los educadores sociales estamos dispuestos, pero para ello la sociedad guipuzcoana deberá aportar más medios para una profesionalización digna del sector. Que así sea.