La Asamblea Nacional Popular china reconoce la propiedad privada
La Asamblea Nacional Popular china aprobó ayer por un amplio margen la ley más discutida de su historia, que reconoce, por primera vez desde la creación de la República Popular, hace 58 años, la propiedad privada y equipara su protección a la de la pública y la colectiva. Además, dio luz verde a una ley para que a partir de 2008, las empresas extranjeras paguen un 25% de impuestos, lo mismo que las chinas.
GARA | PEKIN
Los legisladores chinos aprobaron ayer por 2.799 votos a favor, 52 en contra y 37 abstenciones, y en medio de aplausos, la controvertida Ley de la Propiedad, como colofón a una sesión anual de la Asamblea Nacional Popular (ANP) que ha terminado siendo histórica. La norma entrará en vigor el 1 de octubre.
Han sido necesarios trece años de discusiones y más de sesenta cambios en el contenido original para que el Legislativo chino diera el visto bueno a la primera ley que reconoce la propiedad privada en el país y que pone de manifiesto la brecha entre la China urbana y capitalista y la China rural y comunista.
Esta distancia fue subrayada ayer por el primer ministro, Wen Jiabao, quien definió el desarrollo chino como «inestable, desequilibrado, descoordinado e insostenible» en la comparecencia realizada tras la conclusión del pleno.
«Estoy lleno de preocupaciones por cómo responder a los retos apremiantes a los que nos enfrentamos» para reconducir este desarrollo, entre cuyos efectos figura la brecha entre el campo y la ciudad como uno de los más contestados y más peligrosos para la estabilidad social.
La tierra, del Estado
Entre los 247 artículos recogidos en 40 páginas, la ley establece que «todo tipo de propiedad, desde la estatal a la colectiva, individual o de otro tipo, está protegida por la ley y nadie puede atentar contra ella». Sin embargo, en una concesión a los más izquierdistas del Partido Comunista Chino, que consideran que la norma supone una amenaza para la autoridad del Estado y el principio de un cúmulo de privatizaciones, el texto subraya que la propiedad estatal sigue siendo la «dominante» y descarta la privatización de la tierra en el campo, es decir, la propiedad de la tierra seguirá siendo un recurso inalienable del Estado.
La ley, recibida con entusiasmo por los urbanitas y nuevos empresarios y con más escepticismo en el campo, pretende ante todo responder a las necesidades del sector privado, que aporta ya la mitad de la riqueza del país, y acabar con las frecuentes y protestadas expropiaciones en el ámbito rural.
En el campo chino, la propiedad de la tierra es colectiva y el Estado la cede a los campesinos en régimen de usufructo durante periodos de hasta 70 años, sistema se sigue manteniendo con la nueva reglamentación.
«El Estado da protección especial para las tierras de cultivo restringiendo estrictamente la transformación de tierra para agricultura en tierra para construcción, y manteniendo bajo control la cantidad total usada para la construcción», indica. Así, aunque la tierra podrá ser requisada «por interés público», la nueva norma subraya que «se pagarán indemnizaciones por la tierra, subsidios para el realojo, compensaciones por los enseres y cosechas», aunque «a la vista del desequilibrado desarrollo regional, las indemnizaciones serán formuladas de acuerdo con las circunstancias específicas».
Esta última cláusula, no obstante, ha sido violada constantemente en aras del desarrollo y la urbanización.
La ANP aprobó otra ley menos polémica que sitúa en un 25% los impuestos que deberán pagar tanto las empresas chinas como las extranjeras, y que entrará en vigor en enero de 2008.
Hasta ahora, para atraer la inversión foránea, las compañías extranjeras se veían favorecidas por numerosas ventajas impositivas, que les eximían de pagar impuestos durante dos años, pagar el 5% los tres siguientes y contribuir con un 10% después. Las chinas, mientras, debían ceder a Hacienda cerca del 33%.
El Parlamento chino aprobó también una norma que fija un impuesto unificado que acaba con los beneficios fiscales de los que hasta ahora disfrutaban las empresas extranjeras, que ahora se equiparan a las nacionales y deberán pagar un 25%.
Después de cinco años de mandato, ésta ha sido la última sesión de la actual ANP, ya que sus miembros serán renovados tras el próximo congreso del Partido Comunista de China, que se celebrará en octubre.
La «democracia socialista» fue reivindicada ayer por el primer ministro chino, Wen Jiabao, que señaló que China está dispuesta a «abrir la mente y aprender de los logros de todas las sociedades avanzadas, pero tendremos en cuenta nuestras condiciones nacionales y seguiremos construyendo la democracia a nuestro modo».
La «democracia socialista» pretende que «las personas sean dueñas de su propia casa» y «debemos crear las condiciones para que la gente pueda supervisar mejor y criticar al Gobierno», fomentando el «pensamiento creativo e independiente». Advirtió de que llevará tiempo lograr la culminación del sistema socialista, que está en una etapa primigenia, e incidió en la necesidad de desarrollar las fuerzas productivas, promover la igualdad social y la justicia y mejorar el sistema legal.
Subrayó que la democracia, los derechos humanos, el imperio de la ley, la libertad y la igualdad «son valores comunes que todos los seres humanos buscamos» y recordó que en el mundo existen 2.000 etnias y casi 200 países, con diferentes condiciones sociales, herencia histórica y estado de desarrollo, que pueden optar por diferentes medios para lograr la democracia.
