Procesados en el macrosumario 18/98 comparecieron en la capital vizcaina para valorar el juicio celebrado en la Audiencia Nacional española durante los últimos dieciséis meses. Han acabado sus viajes a Madrid pero, tal y como matizaron ayer, «el juicio no ha acabado. Estamos a la espera de la sentencia de un tribunal español y nos sentimos tranquilos porque estamos orgullosos de nuestra militancia, del trabajo realizado y porque Euskal Herria ha dado su veredicto; los ciudadanos de Euskal Herria se han implicado en la defensa de nuestros derechos civiles y políticos».

Mikel Korta y Teresa Toda ejercieron de portavoces de una amplia representación de los procesados por este macrosumario, que comparecieron ataviados con las camisetas que han utilizado durante la vista. En la única alusión directa al propio juicio, Korta recordó que en la Sala «se ha repetido muchas veces la acusación de que nuestro objetivo era subvertir el orden constitucional», algo a lo que se han negado a contestar. Ayer, sin embargo, en función de que «el Gobierno español habla por boca del fiscal», dirigieron, precisamente, su respuesta al Ejecutivo español, «porque tras esa acusación aparece el meollo del conflicto entre Euskal Herria y el Estado español».

«Dicen que nuestro objetivo es subvertir el orden constitucional -expuso Korta- y nosotros decimos que la Constitución española no está aceptada en Euskal Herria, los ciudadanos vascos dieron la espalda a esa Constitución que los españoles pretendieron imponernos. Además -añadió- nuestro objetivo no es atacar o subvertir la Constitución española; si los españoles están de acuerdo con su Constitución eso está muy bien para ellos. Nosotros queremos desarrollar nuestra propia Constitución, que defina nuestro futuro y nuestro objetivo es poder vivir en condiciones de igualdad, respeto, libertad y solidaridad con los otros pueblos que en la actualidad están sometidos al Estado español».

Los procesados manifestaron que «el Reino de España, históricamente y también en la actualidad, ha asumido como una agresión las reivindicaciones en favor de los pueblos» y añadieron que «el Reino de España ha impuesto en toda Euskal Herria, durante años, sus veredictos y eso es negación, imposición y represión», visión histórica ante la cual, entienden, «ha llegado el momento en hacer realidad el veredicto de Euskal Herria. Vayamos a la búsqueda de un marco democrático, en el que se respeten todos los derechos de todos los ciudadanos vascos, en toda Euskal Herria».

Antes de recordar y homenajear a Jokin Gorostidi, Gorka Martínez, Manu Aranburu, Antton Ollokiegi y José Gorostiza, «compañeros que nos han dejado durante este juicio» y enviar un «cálido saludo» al procesado Iker Beristain, que está en prisión, y «a los jóvenes de Jarrai-Haika-Segi, a todos los presos que han pasado por la sala de la Audiencia Nacional y, en general, a todos los vascos presos por luchar en favor de Euskal Herria», los procesados reiteraron que «la respuesta más adecuada que podemos dar a este juicio» es el señalado trabajo en la búsqueda de un marco democrático, para lo cual están dispuestos «a dar el paso, desde la solidaridad, al trabajo conjunto en defensa de los derechos».

La sentencia «de la negación»

Sobre la sentencia, que previsiblemente no se dictaría hasta pasadas las elecciones de mayo, Korta afirmó que «este juicio es netamente político y la sentencia, por lo tanto, será política. Dependerá, por una parte, de los objetivos que el Gobierno del PSOE pretenda hacer públicos mediante la sentencia que emitirá el tribunal, pero dependerá también de la capacidad de condicionarla que la sociedad vasca tenga, no sólo respecto de la pena que nos puedan imponer, sino, sobre todo, por su capacidad de condicionar esa otra sentencia que padecemos; la negación de nuestra propia existencia como pueblo y el cierre de toda vía para que seamos los vascos quienes, en libertad, podamos hacer nuestro propio camino».

En la misma línea, Teresa Toda manifestó que el Gobierno del PSOE «ha perdido una buena ocasión para cambiar esta política y alejarse de la cadena que le ata al PP en el impulso a estos sumarios y en las peticiones fiscales», una distancia que a los procesados se les anotja imprescindible «para conseguir un proceso democrático, puesto que mientras persista la Audiencia Nacional y este tipo de sumarios, no veremos respetados nuestros derechos civiles y políticos», añadió Toda.

Hizo un balance de lo que ha supuesto para los 52 encausados estos dieciséis meses de juicio, comenzando por la «conculcación de derechos que hemos sufrido. En este tiempo no ha sido respetada nuestra palabra, ni nuestra decisión», tras lo que se refirió «a la tortura. El Tribunal que nos ha juzgado ha protegido la tortura y a los torturadores, precisamente, ante las personas que lo han sufrido», manifestó.

Citó, asimismo, Teresa Toda, «la amplia solidaridad que hemos recibido, las 15.000 autoinculpaciones de ciudadanos de Euskal Herria», antes de adentrarse en el elevado coste económico y humano que para los encausados y sus familias ha supuesto el juicio por este macrosumario, junto a la interminable suma de kilómetros recorridos para asisitir a las sesiones y volver a casa y los accidentes que varios han sufrido.

Se refirió, finalmente, a «la persecución policial» a los integrantes del grupo de trabajo el pasado miércoles en Madrid, así como al control de la Guardia Civil que interceptó a los procesados en Arrigorriaga, por la noche. «Así no podemos seguir», concluyó.