El Gobierno de Lakua, la Xunta de Galicia y la Generalitat de Catalunya reclaman al Gobierno español que «asuma el carácter plurilingüe del Estado» y utilice estos idiomas en las instituciones y empresas públicas. Los tres ejecutivos firmaron ayer en Bilbo un protocolo de colaboración en materia de políticas lingüísticas a favor de la normalización, que permitirá crear un marco «estable y permanente» e intercambiar experiencias en este ámbito.

El acuerdo, que tendrá una duración de tres años, fue firmado por el viceconsejero de política lingüística de Lakua, Patxi Baztarrika, la secretaria general de política lingüística de la Xunta, Marisol Gómez, y el secretario de política lingüística de la Generalitat, Miguel Pueyo, en un acto en el que resaltaron lo «histórico» de este hecho, al tratarse de la primera vez que los tres gobiernos firman un acuerdo conjunto de este tipo.

Con este acuerdo se pretende crear un marco de colaboración «estable y permanente», que se desarrollará desde «el máximo respeto a la política de cada gobierno». De esta forma, servirá para intercambiar y contrastar experiencias, así como para impulsar proyectos y actuaciones conjuntas.

Realidades diferentes

Baztarrika resaltó que, «aunque Catalunya, Euskadi y Galicia tienen realidades sociolingüísticas diferentes», todos ellos están «fuertemente comprometidos» con la normalización. También hizo hincapié en «el valor que supone la colaboración entre los tres poderes públicos».

Señaló, asimismo, que «aunque estemos en una sociedad plurilingüe», el Estado español sigue siendo monolingüe «porque estas lenguas oficiales no se utilizan en las administraciones periféricas del Estado», por lo que pidió un «trato más digno para ellas».

Explicó que, a través de este convenio, se impulsará el uso del euskara, catalán y gallego en instituciones legislativas, en Justicia, en las empresas públicas como Renfe y Correos, en los medios de comunicación públicos y en el sistema educativo.

Y resaltó que únicamente piden al Estado «lo que está señalado en la Carta Europea de las lenguas regionales y minoritarias», que fomente la diversidad de los idiomas y crea en los valores positivos de la pluralidad.

«No va en contra de nada»

El representante de Lakua aclaró que «no se debe malinterpretar» esta iniciativa, puesto que el plurilingüismo es una fuente de riqueza. «Este proceso no va en contra de nadie ni de nada, y no es una lucha contra el castellano, ni mucho menos», defendió. También recalcó que con este acuerdo se «tiende la mano» para trabajar conjuntamente con el Estado español.

Sin embargo, el Partido Popular presentó un escrito de oposición al convenio al considerar que no es «oportuno» compartir iniciativas «con aquellos gobiernos que basan su política lingüística en propugnar el frentismo contra el castellano». Los populares denunciaron que mientras el acuerdo propugna la búsqueda del «mayor consenso posible» sobre esta materia, el Ejecutivo de Gasteiz hace «lo contrario» al imponer su «ideario nacionalista».

En el protocolo, los tres Ejecutivos señalan que el 40% de la población del Estado vive en comunidades con una lengua distinta al castellano. En el marco del acuerdo, se creará una comisión de seguimiento formada por los responsables en materia de política lingüística. Además, se promoverá el conocimiento de la historia y del carácter tradicional de estas lenguas en lugares donde no se hablan y la enseñanza del euskara, catalán y gallego en las universidades.