Del rico conjunto de elementos que desde finales del siglo XIX hasta hace apenas unos años constituyeron la fábrica de gas, hoy quedan en pie básicamente dos: el edificio de las oficinas (1910) y la central eléctrica (1908), que alberga un gasomotor de época y todo su instrumental. «Son elementos de notable valor histórico, tecnoló- gico y constructivo, incluso a nivel europeo», subraya Joaquín Cárcamo, miembro de la Asociación Vasca de Patrimonio Industrial y Obra Pública, que viene abogando desde hace catorce años por preservar la fábrica.

De hecho, tanto el edificio de la central como el gasomotor son bienes culturales calificados con la categoría de monumento por el Gobierno de Lakua, en virtud de un decreto de 2002.

Esta calificación no está impidiendo, sin embargo, que, en el marco de un proyecto de urbanización de la zona (584 viviendas de protección oficial con sus equipamientos), se haya iniciado ya, por parte del Ayuntamiento, el derribo-desmontaje tanto de las oficinas como de la central y su gasomotor. La idea es incorporar alguno de los elementos singulares del edificio de oficinas al futuro polideportivo del polígono y reconstruir la central unos metros más allá de su actual ubicación, integrada en las instalaciones escolares que en adelante ocuparán la parcela de la fábrica de gas.

Lakua, al principio contrario a admitir el traslado, al final ha accedido. Pero, en opinión de la Asociación de Patrimonio Industrial, cuya argumentación ha respaldado expresamente el Ararteko, Lakua, al acceder al traslado, ha vulnerado el régimen de protección que él mismo otorgó a la central eléctrica y a su gasomotor, que exigía conservar estos elementos in situ, siguiendo, por otra parte, las recomendaciones de las organizaciones y convenios internacionales relacionados con el patrimonio. «Si no se conservan in situ -dice Cárcamo-, el valor y autenticidad de este patrimonio único se verá reducido a la mínima expresión. La palabra traslado no es sino un eufemismo para encubrir la demolición».

Pero la asociación no se da por vencida. «El Gobierno -explica Cárcamo- está facultado tanto para calificar como para descalificar un monumento. Pero, del mismo modo en que no puede calificarlo de cualquier manera, tampoco puede descalificarlo de cualquier manera. Para descalificarlo, tiene que seguir básicamente los mismos trámites que para calificarlo, es decir, tiene que publicar un decreto, abrir un período de alegaciones, redactar un informe motivado de por qué desprotege lo que había protegido... en fin, algo que no ha hecho». Así que la asociación se dispone a pedir al juez la paralización cautelar del derribo-desmontaje en marcha.

Cárcamo rechaza que se le impute a la asociación que eso pueda suponer un retraso en la reubicación del colegio. «Quieren enfrentarnos con los padres -dice-, pero, evidentemente, nosotros estamos convencidos de que la comunicad escolar tiene derecho a que se le dé una solución, algo que, por otra parte, pensamos que cabe hacer en otra ubicación dentro del propio plan. Pero la cuestión es que el Departamento de Cultura comunicó ya en 1995 al Ayuntamiento que ahí había un monumento y, por tanto, el planea- miento debía atenerse a ese hecho. No sólo era lo lógico, sino también lo legal. Sin embargo, a lo largo de estos años, el Ayuntamiento, con Odón Elorza a la cabeza, ha demostrado reiteradamente ignorar el valor de la Fábrica de Gas, y la última prueba ha sido reubicar el colegio sobre su parcela».