Ni desde fuera del ámbito de la enseñanza consigue uno aislarse de esa campaña que habla de indisciplina, desorden, agresiones... en los centros educativos.

Su enfoque me hace pensar que responde a un plan orquestado. Parece que hay un conflicto, en cuanto a cifras, sobredimensionado. Hechos puntuales repetidos hasta la saciedad en los medios, desconectados en su contexto y de la sociedad adulta, y con los que se intenta dar la impresión de vivir en la Enseñanza en una atmósfera de ingobernabilidad y desmadre.

Hechos puntuales sobredimensionados y politizados por una derecha neoconservadora, que desea la vuelta a sus formas más rancias de disciplina, autoritarismo, verdades fijas, uniformidad, silencio y orden. Una derecha, constituida por:

-colectivos de enseñantes que desconsideran la diversidad y que intentan acreditar su valía en viejos títulos académicos y contratos laborales.

-asociaciones familiares que perdieron la comunicación con sus hijos y que intentan recuperar el control sobre los mismos.

-una Iglesia-Institución que olvida encontrarse en una sociedad laica y añoran protagonismos pasados.

-una clase media partidaria de la privatización de la enseñanza y que inicia su éxodo en busca de un estatus y éxito, y arropados por una clase de profesionales, «expertos en mediación, en resolución de conflictos», que patentan con nuevos nombres viejas problemáticas.

Estamos en una sociedad variopinta de culturas, pero la exclusión, «el no ser necesario ni para ser explotado» y la desigualdad crecen, y los sectores «beneficiados» tratan de educar a la ciudadanía en la aceptación de esta sociedad dual, mientras responsabilizan de la fractura social a los «no necesarios», a quienes controla, empezando desde la enseñanza. Los institutos de Secundaria son ya los segundos clientes de empresas privadas de seguridad y televigilancia.

A las campañas de descrédito de los centros públicos de ayer les siguen las de sustitución de las relaciones pedagógicas por relaciones jurídico-penales de hoy, y quizás no tardando mucho a la función educativa le supla la labor policial o de castigo. Toda una autoridad en pedagogía, Enrique Martínez Reguera, decía que los chavales de 13 años van a tener que pagarse un abogado que defienda sus derechos.

Las campañas de «acoso escolar» de los sucesivos gobiernos son un paso más en la culpabilización de los chavales y una forma más de lavarse las manos de responsabilidades por el caos social en que se les tiene metidos.

Para colmo, descubro que el Gobierno tiene elaborado ya un borrador en el que el Ejército, a través de sus Academias Militares, pasa a integrarse en la Universidad, impartiendo títulos de Grado y Postgrado. Dicho en castellano, que los «nasíos pa matá» del Maki Navaja de hoy y, los «¡Muera la Inteligencia» de Millán Astray de ayer, los veremos homologados por la democracia para impartir títulos universitarios e imponer los valores más cutres del machismo, militarismo, homofobia, mando, disciplina, uniformidad, castigo...

Fuera del ámbito escolar aparecen ya artículos dirigidos a padres y madres, invitándoles a supeditar su función educadora a la de vigilantes y denunciantes de sus hijos si es preciso.

En la medida en que la Escuela abandona los objetivos igualitarios y la educación en valores, se convierte en empresa y la enseñanza en una carrera para acceder a unas profesiones cada vez más exigentes. Motivar, ilusionar, seducir... ¿cómo? Contemplaban padre e hijo una carrera de cross. Aita: ¿qué hacen? -Correr, contesta el padre. -¿Para qué? -Para ganar. -¿Y quién gana?, insiste el hijo. -El que primero llega, dice el padre. -¿Y para qué corre el resto?, pregunta el hijo...

La Escuela pierde credibilidad en la medida que aumenta la precariedad, que termina afectando también de forma negativa a la convivencia social fuera del ámbito escolar. Por ello aparecen ya artículos dirigidos a padres y madres, invitando a vigilar a sus hijas e hijos y denunciarlos.

Hoy, al convertir a los chavales o colectivos distintos en grupos de riesgo el sistema busca una rentabilidad a la «inseguridad ciudadana» fomentada por ella misma. Rentabilidad política que toma forma en regímenes cada vez más autoritarios; y rentabilidad social en la que los grupos estigmatizados son víctimas de un inmenso negocio que alimenta a muchísima gente.

Cada vez más cárceles, más equipos de vigilancia, más control, tratamientos; más criminólogos, policías, funcionarios de prisiones, agentes judiciales, guardaespaldas...; amén de otros profesionales, sociólogos, psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales, educadores de calle...; productores de sistemas blindados, sistemas acústicos de alarma, circuitos internos de video, vehículos blindados, compañías de seguros...

Si creemos que el «acoso escolar» y la «violencia» de nuestros chavales y jóvenes de Haika, Jarrai, Segi... es más peligroso que el acoso a que nos somete esta jauría de políticos, jueces y mercaderes, ¿no estaremos sentenciando al suicidio nuestro futuro y el de nuestros jóvenes?